Congreso argentino expropia empresa investigada por corrupción

BUENOS AIRES, ARGENTINA (22/AGO/2012).- La Cámara de Diputados de Argentina  votará este miércoles una ley para la expropiación de una empresa impresora de  billetes, en la mira de la justicia por un escándalo de corrupción que salpica  al vicepresidente Amado Boudou.

Se estima que la norma será aprobada con la mayoría del bloque del  gobernante peronismo y sus aliados, luego de que el Senado, también dominado  por el oficialismo, diera la semana pasada el primer paso hacia la sanción de  la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía  Sudamericana de Valores (ex Ciccone).

La empresa gráfica está bajo la lupa de la justicia en una causa en la que  Boudou es investigado por el juez Ariel Lijo por supuesto tráfico de  influencias para favorecer a esa firma que, según las denuncias, estaría  conducida por allegados del vicepresidente argentino.

La oposición considera que la iniciativa de expropiarla busca proteger del  escándalo a Boudou, exministro de Economía.

El proyecto es impulsado por el gobierno en un contexto de "serias sospechas de estar frente a un monumental acto de corrupción", dijo Ricardo Gil  Lavedra, jefe del bloque de diputados del radicalismo, el principal partido de  la oposición, en el marco de una reunión legislativa previa al plenario.

La empresa fue intervenida semanas atrás por el Poder Ejecutivo y está  ahora a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de  la Casa de la Moneda, Katya Daura.

El proyecto del Poder Ejecutivo, que también declara de utilidad pública la  emisión de papel moneda, se basa en la necesidad de "mantener la soberanía  monetaria" y de "concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de  moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad".

La oposición había reclamado además que se difundieran los nombres de los  dueños de la compañía, hasta ahora desconocidos, y que éstos comparezcan en las  reuniones previas de las comisiones de diputados que debatieron la expropiación.

"Se pretende que el Congreso asuma roles que no le corresponde. Saber quién  es el dueño o quiénes son los acreedores no es materia del Parlamento", afirmó  el diputado oficialista Jorge Yoma, quien sostuvo que "sí es potestad del  Congreso declarar de utilidad pública un bien".  

Durante la reunión en comisión, la diputada del PRO (derecha), Laura  Alonso, desató el martes un escándalo con sus colegas del oficialismo al  señalar que "el esbirro, el mafioso se sienta en la presidencia del Senado", en alusión a Boudou, quien como vicepresidente de la Nación ejerce ese cargo.

En abril pasado, Boudou rechazó las acusaciones en su contra y las atribuyó a un "ataque de las mafias" luego de que la justicia llevara a cabo un  allanamiento en una propiedad suya que está alquilada en el lujoso barrio capitalino de Puerto Madero.