Baten récord las deportaciones en la Unión Americana

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/SEP/2011).- La cifra de deportados de Estados Unidos batirá récords en 2011, pero su composición habrá cambiado para hacer énfasis en los delincuentes, explicó la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien con estos datos defendió el controvertido programa “Comunidades Seguras”.

Alrededor de 50% de los extranjeros deportados por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante 2010 fueron personas condenadas por delitos penales, un logro que según afirmó Napolitano, se debe, entre otras medidas, a dicho programa.

“Por primera vez en décadas, 50% de los extranjeros retirados por el ICE habían sido condenados por un delito penal, y en 2011, una vez más, se registrará un número récord de delincuentes convictos deportados de nuestro país”, dijo la funcianaria estadounidense durante un discurso en la Universidad Americana en Washington.

El programa “Comunidades Seguras” fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a delincuentes peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúan violando las leyes de inmigración.

“Como alguien que se crió en Nuevo México y pasó la mayor parte de su vida adulta en Arizona; que ha caminado, volado y montado a caballo por la frontera y que ha trabajado con las comunidades fronterizas desde Brownsville a San Diego, puedo decir que las medidas de seguridad fronteriza constituyen el enfoque más innovador y eficaz que nuestro país ha desplegado”, subrayó Napolitano.

Explicó que el programa “Comunidades Seguras” permite que las labores de control migratorio atiendan las historias de vida individuales de los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.


PARA SABER
Comparten huellas digitales

Bajo el programa “Comunidades Seguras”, las Policías locales y estatales de deben compartir las huellas digitales de todo detenido con el FBI y con el Departamento de Seguridad Nacional, que mantiene expedientes sobre infracciones migratorias.

Alabama
Reportan primer detenido por ley antiinmigrante 

BIRMINGHAM, ESTADOS UNIDOS.- Un ciudadano hondureño fue identificado como el primer inmigrante indocumentado detenido por la Policía con base en la polémica ley antiinmigrante HB 56 de Alabama, que se teme congestione las cárceles de la Entidad. 

José Matute, de 26 años, fue detenido a manos de agentes del sheriff del condado de Baldwin, en el suroeste de Alabama, por sospechas de estadía irregular en los Estados Unidos. 

Y es que, una jueza federal se negó ayer a bloquear la nueva ley de inmigración de Alabama, esto a pesar de los esfuerzos del Gobierno federal y otros grupos que apelan la decisión de permitir que algunos puntos clave de la normativa entren en vigencia.

La jueza de distrito Sharon Lovelace Blackburn respaldó la semana pasada la ley que autoriza a la policía detener a quienes estén bajo sospecha de haber entrado al país de forma ilegal si no pueden presentar la documentación requerida al momento de ser interrogados por cualquier motivo.

La magistrada también ratificó una provisión que permite al Estado requerirle a las escuelas públicas que determinen la residencia legal de los niños.

Blackburn dijo que “Alabama tiene interés en hacer cumplir leyes redactadas de forma correcta por su legislatura” y que no deberían ser calificadas de inconstitucionales.

En ese tenor, al menos dos mil niños abandonaron la escuela en ese Estado por temor a ser deportados, según indicaron líderes de organizaciones civiles que se oponen a esa medida. 

“Cada día más niños son sacados de las escuelas” por sus atemorizados padres inmigrantes, dijo en una teleconferencia el abogado Sam Brooke, del Centro de Leyes sobre la Pobreza en el Sur (SPLC). 

Por su parte, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó la decisión emitida ayer por la Corte Federal del Distrito de Alabama, que denegó la supensión de varios apartados de la ley HB 56 de dicho Estado.

La Cancilleía mexicana informó que el Gobierno de Barack Obama y diversas organizaciones de la sociedad civil estadounidense,  presentaron el recurso para impedir la entrada en vigor de algunos apartados de la ley, pero éste no prosperó.