Agitación política envuelve a la capital nicaragüense

MANAGUA, NICARAGUA.- Un grupo de hombres armados atacó con balazos y morteros caseros el edificio del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nicaragua, en el tercer día de agitación política en la capital.

El dirigente del PLC y ex presidente del país, Arnoldo Alemán, (1998-2002) indicó que el ataque fue perpetrado con armas de fuego desde un autobús en marcha.

Acusó a simpatizantes del Gobierno y al presidente Daniel Ortega por la agresión ocurrida poco antes del inicio de una rueda de prensa en la sede del partido político.

Alemán criticó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por “darle la espalda a Nicaragua” en un momento de crisis interna.

Acusó a Insulza de adoptar “una posición cómoda y blandengue” al expresar “preocupación” por los actos de violencia callejera ocurridos los pasados martes y miércoles en la capital nicaragüense.

El Gobierno conminó al secretario general de la OEA a no intervenir en asuntos internos y aseguró que puede garantizar la institucionalidad y el orden público.

La cancillería nicaragüense calificó los disturbios ocurridos los últimos dos días en esta capital como “simples expresiones legítimas de los pueblos, ante hechos que no corresponden a los intereses populares”.

Asimismo, pidió a Insulza “que se abstenga de brindar declaraciones con ribetes ‘injerencistas´ basadas únicamente en reportes mediáticos parciales de medios de comunicación enemigos del pueblo y el Gobierno” de Nicaragua.

La cancillería hizo alusión a las protestas callejeras de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra legisladores de oposición que rechazan un decreto del presidente Daniel Ortega.

Los días de protestas dejaron un saldo de tres diputados y un periodista heridos, así como daños a cuatro vehículos.

Les prorrogan el mandato

La crisis política inició en enero, cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió un decreto en el que ordena a los magistrados a mantenerse en el cargo pese a que, según la ley, se les venció su periodo, a pesar de que la competencia para ello corresponde al Parlamento.

Ese decreto, rechazado por la oposición y criticado por juristas prorrogó el mandato de 25 funcionarios de alto nivel, incluidos dos magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia.

La violencia desatada en Managua es interpretada por algunos analistas como una forma de presión por parte del presidente para obligar a la oposición a negociar al borde del caos el nombramiento de los magistrados del Supremo y otros funcionarios del Estado.