Ahora que soplan vientos de cambio con la llegada de Enrique Alfaro y Pablo Lemus a los gobiernos de Guadalajara y Zapopan respectivamente, los dos municipios más importantes del Estado, y cuando las expectativas de lo que van a hacer están por las nubes, es un buen momento para recordar que lo más doliente en el ejercicio del poder en México es y ha sido la falta de la aplicación del Estado de derecho.Ser un buen gobernante no tiene gran ciencia: se trata de aplicar y ver que se apliquen todas las leyes y reglamentos existentes tanto a nivel federal como estatal y municipal. Insistir en lo que escribió el economista alemán Rudi Dornbusch (1942-2002), en el sentido de que en un país desarrollado las leyes son flexibles pero su cumplimento es inflexible; mientras que en un país subdesarrollado las leyes son inflexibles pero de cumplimiento flexible. Y México es el país de la flexibilidad y la omisión.Aquí, el deporte favorito de los diputados es proponer, discutir y promulgar leyes, pero muy poco se ocupan de ver que se cumplan. Ellos se miden por el número de leyes que propusieron y se promulgaron, pero no por aquellas que realmente se cumplieron. Y en cascada les siguen las leyes secundarias y los reglamentos. Todos, leyes y reglamentos, son muy correctos e inflexibles, pero difícilmente se observan, por lo que campea la impunidad y ser delincuente es casi un premio.Un buen punto para comenzar a gobernar diferente en Guadalajara y Zapopan y mandar un mensaje de renovación sería ver que se apliquen los reglamentos que están más a la mano, los más visibles, y que son perfectamente observables con un poco de voluntad.Podrían arrancar por ejemplo con el tema del comercio informal, tanto los que ya están instalados en calles y banquetas, así como los ambulantes que deambulan bajo la tolerancia de la autoridad. Y la justificación para aplicar los reglamentos para erradicarlos es muy sencilla: hay comerciantes establecidos que pagan impuestos, permisos, derechos, además de renta, luz, etcétera, y tienen prácticamente a las puertas de sus propios comercios a quienes se instalan en puestos temporales sin ninguno de estos gastos, y cuando más pagando cuotas de dudosa legitimidad a la autoridad.Argumentan los informales que tienen derecho a llevar comida a sus familias, pero igual podrían argumentar tanto los vendedores establecidos (que siguen las reglas) como los peores malandros que operan los grandes negocios ilícitos.Ver que los nuevos alcaldes aplican esos reglamentos significaría ver que de ahí para arriba todo es posible, y que eventualmente se castigarán delitos tan lacerantes como la corrupción.Si por el contrario, los vemos seguir tolerando y permitiendo la informalidad, sabremos que nada ha cambiado, y que lo que llaman “tolerancia” es quizás en realidad la incapacidad de aplicar el Estado de derecho, y que esa pifia forma parte entonces de la naturaleza misma de los políticos mexicanos.
