Premio de Estado

Los reconocimientos y premios que ofrecen las autoridades, del nivel que sean y del color que sean, siempre representan ante la sociedad una navaja de doble filo: Por un lado, el premiado recibe un aval moral desde la institucionalidad por la calidad de su aportación a la comunidad; y por otra parte, el hecho de que el reconocimiento sea de carácter oficial vuelve al distinguido, cuando menos, un premiado cuestionable por la presumible cercanía que –motivada por el premio- ahora mantiene con el poder. Otra realidad del mismo mundo se vive cuando la conformación del jurado es integrado por miembros que, o bien son conocedores del tema sobre el que dictaminarán, o bien son ignorantes de lo que decidirán. Cuando se trata del primer caso, el resultado se mide en la aceptación que la sociedad manifiesta respecto de los veredictos, propiciada por una amplia identificación pública del premiado y su aportación, así como por el respeto que sus pares le ofrecen. Cuando se trata de un jurado integrado por personas que no sólo desconocen lo que deben calificar, sino que aparte sus decisiones no responden a lo que deberían responder conforme a la convocatoria y a una ley que respalda la premiación, estamos ante un conflicto de intereses, que sólo daña el buen desempeño que debieran demostrar los servidores públicos y desasea un buen propósito como es el destacar el valor de los jaliscienses. El Premio Jalisco, creado en 1951 por el gobierno de Jesús González Gallo, es una de las más longevas tradiciones que en política pública de carácter cultural guarda el Estado. Alrededor de su nombre se fueron creando grandes nombres. Fue hasta hace un lustro que extendió como áreas de premiación a las letras, artes y ciencias, por los ámbitos literario, cultural, científico, humanístico, laboral, cívico y deportivo; modificación a la ley que otorga premios y condecoraciones que acabó con la tradición e identidad del original Premio Jalisco en la forma. Y en el fondo: El Consejo Consultivo del Premio Jalisco, integrado en su totalidad por funcionarios o por representantes de representantes de estos, son quienes toman las decisiones finales sobre a quien se premia con “el Jalisco”, bajo absoluto desapego a un criterio basado en el conocimiento y en la valoración de las trayectorias que evalúan. Y sí, con lealtad a las indicaciones que reciben de sus superiores. Hasta ahí, todo pareciera dentro de una cierta normalidad que es definida en la atmósfera de decisiones políticas y no culturales como debiera ser según la naturaleza del galardón. El problema viene cuando la gran mayoría de los distinguidos con el premio, como puede comprobarse en los archivos, ni tienen la trayectoria requerida, ni gozan del reconocimiento de la sociedad, ni son ejemplos competentes en el área donde se les reconoce, ni cumplen siquiera con las especificaciones de una convocatoria. Las excepciones en algunas ediciones hacen concreta la regla marcada con énfasis los últimos 15 años. El Premio Jalisco se ha devaluado en manos de gobiernos que toman la cultura como herramienta presupuestal para premiar lealtades. Y su mayor lealtad parece encontrarse en las representaciones religiosas, con lo que no sólo confunden la magnesia con la amnesia, sino que han convertido un Premio del Estado en un Premio de Estado.