Honda y la competitividad

El pasado fin de semana se dio a conocer la noticia de que Jalisco perdió la oportunidad de que aquí se instalara una nueva planta de la empresa Honda. Con ello, se fueron a Celaya, Guanajuato, 800 millones de dólares de inversión inicial y tres mil 200 nuevos empleos directos. Lo anterior es consecuencia directa de que nuestro Estado se localice desde el año 2006 en el lugar número 14 en materia de competitividad a nivel nacional. El que esta empresa no se haya quedado en Jalisco y haya preferido el vecino Estado de Guanajuato para instalarse, se le ha atribuido a que no teníamos un terreno disponible en las dimensiones que lo requerían; a que nuestra mano de obra no está calificada, y a que no tenemos las vías férreas que la empresa necesita para sacar su producción. Sea lo que se quiera, esas tres causas son indicadores de al menos dos de los 10 factores que determinan el grado de competitividad, en este caso de un Estado. Por lo anterior es que es de celebrarse el anuncio realizado cuatro días después por el CCIJ para  la creación del Centro de Innovación y Desarrollo Industrial de Jalisco que, con una inversión de más de 90 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado y el sector privado, concentrará cerebros para innovar productos y tecnología; y, en consecuencia mejorar nuestra competitividad. De los 10 factores para la competitividad que identifica el IMCO quisiera mencionar tan sólo los tres siguientes: Sistema de derecho confiable y objetivo; Sociedad incluyente, preparada y sana (donde entra lo de la mano de obra calificada), y sectores precursores de clase mundial (donde entra la disponibilidad de vías férreas). Cabe preguntarse si las razones que da el Gobierno del Estado para que la empresa Honda no se instalara aquí fueron precisamente ésas, y si en realidad Jalisco está más atrasado que Guanajuato en mano de obra y medios de comunicación. Conviene preguntarse si la ausencia o debilidad de un Estado de derecho confiable y objetivo no pudo haber sido también uno de los motivos más determinantes para que esa empresa no se instalara aquí. ¿Qué puede pensar un inversionista extranjero de un Estado en donde el que vigila a los gobernantes es cómplice de ellos y un corrupto contumaz? ¿Cómo ir a invertir a un lugar donde un diputado ya no se acuerda de los millones de pesos que indebidamente se le depositaron en sus cuentas? Pudieron haber razonado: si ahí se viola ley de manera impune y natural, nuestra inversión corre riesgos.