“Charrismo” sindical intocado

En las tres últimas décadas quienes están al mando del poder político mexicano han modificado el sistema de partidos para tratar de dar credibilidad al juego electoral; se crearon instancias autónomas para proteger derechos humanos y el derecho a la información; se abrió la circulación de la información y se creó una instancia autónoma para la fiscalización del dinero público. Al mismo tiempo, en el mismo lapso la economía mexicana se reestructuró de tal modo que se convirtió en una de las más abiertas del mundo. Es decir, en 30 años se reestructuró el sistema político (lo que no quiere decir que sea más democrático) y se reestructuró el capitalismo mexicano. Pero los intereses de los sindicatos corporativos, conocidos como “charrismo” sindical, no se han tocado ni con la hoja de una iniciativa de reforma. Siguen intocables, tal como quedó demostrado ahora que la alianza legislativa priista-panista sacó adelante la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a partir de la Iniciativa Preferente que envió Felipe Calderón Hinojosa el primero de septiembre. La iniciativa panista, enviada por Calderón, contemplaba aspectos que se supone incentivaban la democracia en la elección de dirigentes sindicales y obligaban a las dirigencias a rendir cuentas sobre el manejo del patrimonio y las cuotas de los agremiados. Pero tales preceptos contenidos en la iniciativa no pasaron. Apenas se conoció la iniciativa de Calderón, dirigentes de las federaciones sindicales “charras” como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como otras instancias sindicales oficialistas, se manifestaron en contra. ¿Por qué los otros poderes del país no tocan los intereses de los dirigentes sindicales charros? Porque más allá de la evidente corrupción con que se manejan las finanzas sindicales y las aportaciones que les dan patrones o el propio Gobierno federal (por ejemplo al SNTE, Pemex, IMSS o burócratas), el sindicalismo “charro” presta enormes servicios al modelo de acumulación de capital y al sistema político-electoral mexicano. Por eso se tolera e incluso, propicia que exista evidente enriquecimiento inexplicable (es decir, riqueza que no se podría comprobar únicamente con el sueldo que perciben por el trabajo que desempeñan) de la mayoría de los dirigentes sindicales charros. La llamada transición a la democracia no toca a estas dirigencias sindicales. Y no lo harán nuevamente porque ahora las agrupaciones y dirigentes volverán a ser instrumentos de control para aplacar la inconformidad con la reforma aprobada y para obligar a aceptar las nuevas disposiciones de flexibilización que contiene la reforma laboral. De modo que los intereses de los “charros” sindicales no serán tocados por los poderes públicos ni por empresarios, porque son funcionales para contener salarios, aplicar formas de trabajo explotadoras y porque a la vez sirven como maquinarias de votos para los partidos políticos. Los intereses de los “charros” serán tocados cuando los trabajadores de base lo decidan. Aunque no se vea por ahora en el horizonte, en el subsuelo ya se escuchan voces en contra de esos intereses.