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¿Así van a negociar con Trump?

Para Bibiana, por estos cinco años y por todo lo demás

Estos días, el Senado decidió respaldar la iniciativa de que las 103 capitanías de puertos en el país, que eran responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, queden bajo el control de la Marina Armada de México. En los hechos, eso significa que todas las entradas marítimas, no sólo los litorales, quedarán bajo la supervisión de ese cuerpo armado. Es una responsabilidad enorme que implicará para la Marina un despliegue adicional de elementos y una coordinación de inteligencia y operación mucho mayores a los actuales, pero es también un mecanismo idóneo para frenar las operaciones ilícitas que se dan en los puertos del país.

Agosto y septiembre han sido los meses más violentos, con mayor número de asesinatos y ajustes de cuentas en los últimos 21 años, según el Observatorio Nacional Ciudadano. Hay discrepancias de sectores gubernamentales con las cifras presentadas por el Observatorio, pero nadie puede poner en duda que la violencia ha crecido en el país tanto como la percepción de inseguridad, sumado a que estados que habían mejorado su desempeño en ese ámbito, como Chihuahua y Nuevo León, han vuelto a retroceder, mientras que otras entidades siguen sin poder salir del hoyo de la inseguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio ha dicho que se establecerán mandos capacitados en las 50 ciudades más inseguras y seguramente muchos de ellos provendrán del Ejército y la Marina, que ya se responsabilizan de esas tareas en buena parte del país.

No es casualidad que el martes, tanto el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, como el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina Armada, hayan insistido en la necesidad de que exista un marco legal regulatorio para el desempeño de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior, un reclamo que se ha presentado en forma permanente por los distintos titulares de esas armas en los tres últimos sexenios sin que haya una respuesta del Congreso: han pasado ya seis legislaturas y se sigue dejando desprotegidos a los hombres y las mujeres que cumplen un rol decisivo en preservar la seguridad en el país, se los deja expuestos a golpes criminales, políticos y mediáticos porque gobernantes y legisladores no se dignan a darles la protección legal que merecen. Ayer el presidente de la mesa directivas del Senado, Pablo Escudero, reconoció que los legisladores están en deuda con soldados y marinos y que el Senado avanzará en esa legislación. A ver si ahora sí cumplen.

Tampoco hay avances en un tema que es central para poder regresar gradualmente a los militares a sus cuarteles: han pasado casi diez años y tampoco el Congreso aprueba las leyes para el nuevo modelo policial. No se avanza porque hay intereses políticos, económicos y presupuestales que no quieren que haya centralización y homogenización de las policías. Sin un modelo policial que abarque todo el país y que permita formar cuerpos que trabajen en forma coordinada y con mandos únicos, no se podrá contar con la policía suficiente para garantizar la seguridad pública. Se tiene que recurrir entonces a los militares, que cumplen una función que no es la suya y que cada día que pasa se encuentran más rebasados por la demanda de intervenciones que surgen de todos los rincones del país.

El vacío que se deja por no sacar adelante esas dos leyes, la de seguridad nacional y la del modelo policial, no se puede seguir llenando con improvisaciones que impiden cualquier proyecto estratégico en el ámbito de la seguridad.

El tema va aún más allá en su urgencia coyuntural. Las rasgaduras de vestiduras por el triunfo de Donald Trump han estado, en todo el país y en todos los partidos, incluyendo muchos analistas, a la orden día. Hay temas migratorios y comerciales que sin duda deben ser atendidos, pero también de seguridad nacional, pública y fronteriza que se tornan urgentes y que no se resolverán, como algunos proponen, envolviéndose en la bandera. No avanzar en nuestras propias exigencias de seguridad fronteriza, pública y nacional, no sólo va en detrimento de nuestras capacidades como nación, sino también en la de negociación estratégica que la administración Trump demandará de México. No vamos a negociar ni la soberanía ni los principios, como dijo el Presidente Peña, pero no fortalecer nuestra seguridad en todos los ámbitos, es lo que debilita la soberanía y los principios. Si no protegemos legalmente a nuestros soldados y marinos y si no nos dotamos de cuerpos policiales eficientes y homogéneos en todo el país la soberanía se convierte en una entelequia. Con esos y otros instrumentos es como se negocia con Trump o con quien sea.

De gobernantes, partidos y legisladores debemos exigir, en la seguridad y en otros ámbitos, muchas menos declaraciones, más trabajo y acciones concretas.

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