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Viernes, 18 de Octubre 2019
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Economía

En riesgo, 14 cajas de ahorro en el Estado

El Estado ocupa el tercer lugar nacional con el mayor número de cajas en focos rojos, sólo por debajo de Oaxaca y Michoacán

El Informador

En Jalisco hay 14 cajas de ahorro en insolvencia o potencial quiebra, o bien no permitieron ser evaluadas, por lo que no pueden operar ni captar recursos. Éstas cuentan con 65 sucursales en Jalisco y otros Estados, que brindan servicio a 62 mil 796 personas.

Según el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas (Focoop), con corte al primer trimestre del año, el Estado ocupa el tercer lugar nacional con el mayor número de cajas en focos rojos, sólo por debajo de Oaxaca (31) y Michoacán (17). En México hay 163 en esta situación, confirma la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Las firmas en riesgo en Jalisco son: Caja Popular Sagrado Corazón, Caja Solidaria Hostotipaquillo, Caja Solidaria Talpa, Caja Solidaria Tapalpa, Caja Solidaria Tomatlán, Cooperativa Caja Popular Jesús Maestro, Cooperativa de Ahorro y Préstamo Santa Elena, Cooperativa de Colima Caja Popular, Cooperativa de Consumo Caja Popular San Miguel de Mezquitán, Cooperativa de Consumo Caja Popular Santa Rosa de Lima, Cooperativa de Consumo Caja Popular Villa Guerrero, Cooperativa La Palma, Popbox y Regioahorro.

Hasta 2016, las cajas de ahorro habían desfalcado a más de siete mil jaliscienses.

Entidades de ahorro y crédito acumularon 5 mil 093 reclamos en el primer trimestre de este año. NOTIMEX/Archivo

Realizan 57 quejas diarias contra las cajas de ahorro

En el primer trimestre de este año, las Sociedades de Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), mejor conocidas como cajas de ahorro, y las Sociedades Financieras Populares (Sofipo), acumularon cinco mil 93 reclamos; es decir, un promedio de 57 diarios.

De acuerdo con datos del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la que tiene el mayor número de quejas es la Financiera Monte Piedad, con un total de dos mil 696. Sin embargo, no tiene sanciones o multas.

Le sigue Libertad Servicios Financieros, con 316 reclamaciones y ocho sanciones o multas por 775 mil 581 pesos. Esta sociedad ha sido señalada en los últimos días por presuntas operaciones ilícitas, tras la detención de Juan Collado, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente del consejo de administración.

Este último fue detenido el mes pasado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque se declara inocente. Se le acusa, por ejemplo, de haber cometido fraude en la compra de un terreno, realizada a través de Caja Libertad.

Días después de su detención, Collado tramitó un amparo para evitar el aseguramiento del edificio sede de la empresa en Querétaro.

De las 39 Sofipo señaladas en el reporte de la Condusef, la empresa con la mayor sanción económica es Solución Asea, con 1.7 millones de pesos (por 12 multas).

Por otra parte, de enero a marzo, las cajas de ahorro han registrado mil 569 reclamaciones que derivaron en 103 multas por 12.9 millones de pesos.

Caja Inmaculada no tiene reclamaciones, pero acumula la mayor multa por dos millones 473 mil pesos (no se especifican los motivos), seguida por Caja Real del Potosí, con un millón 10 mil pesos, y Progreso de Vicente Guerrero, con 956 mil pesos.

CLAVES

¿Qué es Caja Libertad?

Cambio. La Caja Popular Libertad tiene 58 años de operación. Hasta 1994 operó como una caja de ahorro, pero a partir de 2008 se convirtió en una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) bajo el nombre de Libertad Servicios Financieros.

Acusaciones. Hasta julio pasado, el abogado Juan Collado, quien fue detenido el 9 de ese mes por la presunta operación de empresas “fantasma” y los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, se desempeñaba como presidente del consejo de administración de la firma. Además, es socio mayoritario de la empresa.

Irregularidades. Hace cinco años, tras acusaciones sobre anomalías que involucraban a Martín Díaz, quien entonces presidía la empresa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inspeccionó a la Caja Libertad. Sin embargo, no se encontraron operaciones sospechosas por lavado de dinero.

Sospechas. En 2013, un año antes de esa investigación, se señaló a Caja Libertad por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Banamex por 400 millones de dólares.

Cobertura. Caja Libertad tiene 193 sucursales y supera los dos millones de clientes en 23 Estados del país.

Operación. Luego de la detención de Collado, el director de Caja Libertad, Hugo Morales García, aseguró que las operaciones de la firma continuaban desarrollándose de manera normal.

EL DATO

Revisión

Para evitar sorpresas, la Condusef recomienda a los usuarios revisar a detalle los contratos, con el objetivo de evitar prácticas abusivas que pongan en riesgo su patrimonio.

De 2015 al 30 de junio pasado, se revisaron dos mil 494 contratos de las cajas populares, en los que se detectaron 472 cláusulas abusivas, de las cuales, 472 ya fueron eliminadas.
Tan sólo en junio de este año se detectaron 10. “Derivado de la reforma financiera, la Condusef puede sancionar a las instituciones financieras por tener este tipo de cláusulas en sus contratos y obligarlas a suprimirlas. El usuario tiene el derecho de denunciarlas”, menciona la dependencia federal.

Reclamaciones

Entre enero de 2015 y junio de 2019 se han realizado un millón 835 mil 117 reclamaciones y mil 752 multas contra todas las instituciones financieras que operan a nivel nacional

¿Cuál es el comportamiento general?

  • Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo son instituciones vinculadas al sector social de la economía, que realizan operaciones de ahorro y préstamo con sus socios sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.
  • Cuentan con un fondo de protección, que tiene como finalidad la prevención para evitar problemas financieros, así como la cobertura de los depósitos de los socios hasta por un importe equivalente a 25 mil Udis, que actualmente representan 156 mil pesos.
  • Por su parte, las Sociedades Financieras Populares son entidades de microfinanzas, que tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento para aquellas personas que, por su situación, se han visto excluidas de los sistemas tradicionales de crédito. Pueden recibir depósitos, préstamos y créditos de bancos, fideicomisos públicos y organismos internacionales. Los ahorros de los clientes quedan garantizados hasta por un monto equivalente a 25 mil Udis, que representan alrededor de 156 mil pesos.

Fuente: CNBV y Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

TESTIMONIO

Aún no se recuperan del fraude

Hace 20 años, la Cooperativa Caja Popular Puerto Vallarta desfalcó a cerca de 116 mil socios. Desde entonces, la familia de Yolanda, que vive en el municipio de Atotonilco El Alto, no se ha podido reponer.

Su mamá ahora tiene 90 años, pero en ese entonces se encontraba activa con una tienda de ropa que le permitía tener un guardado con las ganancias. Además, había vendido un terreno con el que acrecentó su cuenta de ahorros.

“Llegó un momento en el que superó los 100 mil pesos”, recuerda Yolanda. Precisa que sólo tuvieron un problema de salud, por el que sacaron 20 mil pesos. Y cuando quiso retirar nuevamente una parte de sus ahorros para una operación de la columna, le dijeron que habían quebrado y sólo le darían 35% del capital que tenían (entre 30 mil y 35 mil pesos).

“En ese entonces hablamos a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor)… no sabíamos de la Condusef ni nada”.

En ese entonces no hubo quién les diera respuesta, ni el gerente de la caja de ahorro, que era conocido. “Cada que lo veíamos pasaba y se volteaba. A mucha gente así le pasó… hubo mucha gente que se quedó sin nada. Si tenías menos de 20 mil pesos perdiste todo tu dinero”.

La pérdida de ese ahorro generó problemas económicos en la familia de Yolanda, “por los gastos tan pesados que teníamos. Con esa complicación de dinero nos dio para abajo. De ahí para acá hemos tenido muchos problemas, mi papá se enfermó… mi mamá también… no hemos podido salir adelante... no nos hemos recuperado”.

“Nunca me regresaron el dinero”

Hace más de 10 años, Adrián y su mamá tenían ahorros en la caja popular Cristo Rey. A pesar de que él era un adolescente cuando ésta operaba, logró ahorrar alrededor de cinco mil pesos. Su mamá alcanzó un ahorro de alrededor de 20 mil pesos. Pero ambos perdieron el dinero tras el cierre de esta entidad financiera. “Andaban desapareciendo por bancarrota. Nunca me regresaron el dinero”.

Desde entonces, no ha vuelto a depositar sus recursos en alguna caja popular, pues le resultan inseguras tras la experiencia que tuvieron con esta firma. Adrián cuenta que, a pesar de no tener la cultura del ahorro, han seguido guardando un poco de recursos en otras instituciones bancarias con esquemas similares.

Tiene alrededor de cuatro años haciendo uso de esta última para hacer frente a cualquier eventualidad, como gastos escolares, familiares, médicos y de trabajo. Actualmente se desempeña como técnico-dental.

Manifestación en 2016, por el cierre de la Caja Popular San Miguel de Mezquitán. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

El seguro de protección es clave

María Guadalupe Torres Pulido (académica de la Universidad Panamericana).

Tras puntualizar que hay tres escenarios de peligro a los que se enfrentan los socios de las entidades de ahorro y crédito, la académica de la Universidad Panamericana considera que éstos se encuentran en desventaja a la hora de que una caja popular cierra, por lo que es necesario proteger la totalidad de los recursos que se depositan.

“Debemos cambiar el seguro de protección, es la clave, porque debe quedar protegido totalmente el socio de la caja popular que mete su dinero y que está depositado; o sea, se entiende que hay un riesgo porque ese dinero que deposita sabe que va a ser prestado a otro miembro de la cooperativa, pero yo creo que si estamos funcionando en estos términos, sí debe haber una forma de proteger al que está ahorrando”.

Explica que el primer problema al que se enfrentan los ciudadanos con las entidades financieras que operan en este sector, es que en algunas zonas del país, donde hay mucho narcotráfico, estos esquemas han sido utilizados como lavado de dinero.

“Pero también tienen operaciones reales; es decir, sí dan un servicio al público y luego desaparecen de la noche a la mañana, cuando ya han sido detectadas. Obviamente es una actividad vulnerable, deberían cumplir con todas las regulaciones”.

Aunque se tienen leyes para mantenerlas funcionando de manera óptima, precisa que hay algunas que se mantienen como básicas para que ni siquiera entre la regulación.

“En estos casos, ni el pago del seguro es efectivo. Se mantienen en un perfil muy bajo para estar exactamente en la línea en donde no se les obliga nada, y en esa misma línea donde pueden aparecer y desaparecer se llevan operaciones de personas que realmente sí invirtieron, pero mientras tanto, también lo utilizaron para hacer actividades ilícitas”.

El otro escenario, plantea, es que se presentan administraciones fraudulentas, “es decir, no tiene lavado de dinero, no hay un delito así, pero la administración lo que hace es quedarse con el dinero de los ahorradores, prestan créditos o los créditos los dan sin mucha investigación de las personas. No hay un seguimiento adecuado”.

Esto provoca una mala administración, que posteriormente lleva a la quiebra de la caja porque captan el dinero prometiendo intereses muy altos, “y obviamente llega un momento en el que no los van a poder cumplir”.

“Se hace de la vista gorda” 

Francisco Cortina (abogado independiente).

El experto en materia financiera opina que la legislación actual para regular a las cajas populares es adecuada. “No necesita cambios. El problema que se está dando en estos momentos, y así lo hizo saber la Condusef, es que hay muchas cajas de ahorro que no están autorizadas, que no están sujetas a la ley y no están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores”.

Acentúa que las cajas populares que tienen permiso están bien controladas; sin embargo, “la autoridad se hace de la vista gorda con esas cajas que no están autorizadas. Se prestan para hacer actividades ilícitas. Como cualquier otra actividad en este país, si no le pones un alto y si no la tienes controlada, les das un sesgo diferente y las puedes usar hasta para lavado de dinero”.

Recuerda que el estatus de estas últimas representa un riesgo para los ahorradores porque al no estar supervisadas pueden irse a la quiebra. “Como no están reguladas, todos los cooperativistas que tienen sus recursos en esas cajas populares traen el alto riesgo de perder sus ahorros”.

Lo recomendable, dice, es que cualquier persona que pretenda contratar los servicios de una caja popular consulte ante la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuáles son las cajas que están autorizadas. Y verificar si están siendo supervisadas y constituidas conforme a la ley.

“Es necesario obligar a las cajas populares que no operan conforme a derecho a que se den de alta, que las autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las regularice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que las personas tengan la certeza de que sus ahorros se encuentran protegidos”.

Por ello reitera que las cajas populares irregulares pueden combatirse, siempre y cuando sean vigiladas, “en México, como en muchas otras cosas, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley”.

El abogado independiente añade que las Socaps son un buen instrumento para que las personas con escasos recursos tengan acceso al  servicio bancario, pues ofrecen tasas muy competitivas en el mercado y con plazos interesantes.

“Las cajas populares son buenas, en una economía como la mexicana en la que la gran población no tiene acceso a la banca. Es bueno que las cajas estén ahí porque es una manera de acceder al crédito que no puede realizar en una banca, pero se debe confirmar que no tienen irregularidades”.

GUÍA

¿Principal actividad de las cajas de ahorro?

Realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios.

Los servicios que ofrecen principalmente son:

  • Cuentas de ahorro, depósito e inversiones.
  • Créditos personales, automotriz, hipotecarios, con fines productivos, microseguros.
  • Pago de servicios (luz y teléfono, por ejemplo), compra y venta de divisas, distribución y pago de programas gubernamentales, recepción y envío de dinero y comisionistas.

¿Cuáles son las leyes aplicables para las Socap?

  • Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
  • Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
  • Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

¿Qué autoridades las regulan?

Son dos las autoridades financieras las que regulan las Socap. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autoriza y supervisa a las que cuenten con activos iguales o mayores a 2.5 millones de Udis, esto es, poco más de 13 millones de pesos. Además, las revisa en cuanto a su regulación, su situación contable y financiera. También en materia de lavado de dinero y  les solicita información financiera cada tres meses para evaluar su nivel de operación.

La otra autoridad es la Condusef.

¿Dónde se puede presentar una queja?

Si la reclamación se refiere a problemas o incumplimientos con algún producto o servicio contratado, se debe dirigir a la Condusef. Hablar a su centro de atención 01800-9998080, o bien a través de alguna de sus 36 delegaciones en el interior de la República.

Si la queja se refiere a denunciar irregularidades o malos manejos en la administración de la sociedad, se puede presentar un escrito dirigido a la Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Recomendaciones

  • Antes de ahorrar en una caja de ahorro, verifique que se encuentre en el Padrón de Entidades Supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su página www.cnbv.gob.mx.
  • Revisar el registro que lleva el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores en su página www.focoop.com.mx en las categorías de “autorizada”, “en proceso de autorización” o “nivel básico”. Y el Sistema de Registro de Prestadores Financieros “Sipres”.
  • Considere que ahorrar en una entidad autorizada por la CNBV reduce el nivel de riesgo, pues estas entidades están obligadas a contar con un fondo de protección por ahorrador de hasta 25 mil Udis (aproximadamente 156 mil pesos).
  • Tome en cuenta que algunas de las sociedades que operan al margen de la ley pueden llegar a ofrecer tasas de interés de más de 10% anual, lo cual está fuera del mercado, situación de alto riesgo que en muchas ocasiones deriva en fraudes.
  • Acuda a la Condusef en caso de que la caja de ahorro no le informe o niegue datos.
Hasta 2016, las cajas de ahorro irregulares habían afectado a más de siete mil jaliscienses. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Tapan boquete

Debido a los fraudes cometidos por casas populares en Jalisco, el Gobierno del Estado ha destinado recursos públicos para devolverles una parte del patrimonio que invirtieron y perdieron.

Entre los años 2008 y 2016, la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) destinó 350.1 millones de pesos para regresar recursos a los siete mil 463 jaliscienses que fueron afectados, aunque no todos tuvieron el privilegio de recuperar sus ahorros.

En ese entonces, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) evadió una entrevista. Respondió que ignoraba el total de afectados a los que no se les ha podido resarcir el daño.

Según los registros de la Sepaf, los ahorradores que perdieron parte o todo su patrimonio cayeron en fraudes de las compañías Aviso de Guadalajara, Caja Popular Mascota y Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos.

En el histórico de 2008 a 2010, el Fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo entregó 330.6 millones de pesos para los seis mil 531 defraudados por la caja popular Aviso de Guadalajara. Pero los afectados nunca recuperaron el monto total de sus ahorros, pues en la última ocasión que el Estado desembolsó una partida para los defraudados sólo alcanzó para recuperar 70% del desfalco.

Tanto la Sepaf como la Secretaría General de Gobierno desconocían las multas, sanciones o, en su caso, clausuras que se aplicaron contra las instituciones defraudadoras.

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