Ofrece gobierno de Panamá no explotar reserva mundial de cobre

PANAMÁ, PANAMÁ (14/FEB/2011).- El gobierno de Panamá ofreció hoy evitar la explotación de Cerro Colorado, la segunda reserva mundial de cobre, occidente del país, en un intento de frenar las masivas protestas indígenas convocadas el martes próximo. 

En un comunicado, el gobierno comunicó 'nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas'. 

En un segundo comunicado, el presidencial Palacio de Las Garzas añadió a su compromiso de evitar la explotación: 'salvo que las autoridades comarcales lo pidan'. 

El ofrecimiento coincidió con el anunció de una masiva protesta convocada para el martes en San Félix, 380 kilómetros al oeste de la capital, y en otros puntos del país, para exigir al presidente Ricardo Martinelli derogar una nueva ley minera. 

Por Cerro Colorado, en la comarca Ngöbe-Buglé, ha manifestado interés el gobierno de Corea del Sur. 

El cacique general de la etnia Ngöbe-Buglé Rogelio Moreno dijo que desde el sábado, los indígenas empezaron a salir desde las montañas en lugares apartados que requieren de hasta tres días de camino para llegar a San Félix, epicentro de la manifestaciones. 

Las protestas también se desarrollarán en otros puntos de Panamá, respaldadas por grupos indígenas locales, además de docentes, y sindicatos de trabajadores, entre ellos el poderoso Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (Suntracs). 

El rechazo a la industria minera se acrecentó luego que el viernes por la noche, el presidente Martinelli promulgó la reforma al código minero de 1963 que permite la inversión de gobiernos extranjeros. 

El gobierno presenta como beneficios de la ley, el aumento del pago de regalías de 2.0 a 5.0 por ciento, de lo cual un 40 por ciento será destinado a las comunidades indígenas. 

A los nativos también molestó que el gobierno haya promulgado la ley, mientras el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, buscaba entablar un diálogo en las comunidades indígenas para poner fin a las protestas. 

La ley permitirá la inversión de Estados o gobiernos extranjeros en la industria a través de sociedades anónimas con la condición de renunciar a eventuales reclamos diplomáticos. 

El presidente Martinelli acusó sin dar nombres a empresas extranjeras de estar detrás de las protestas para mantener su monopolio en la producción de minerales como el cobre, pero los opositores al proyecto rechazaron ese señalamiento.