Inicia procesos contra 138 casas de empeño

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emplazó a 138 casas de empeño a procedimiento administrativo, tras la visita a 404 establecimientos, dentro del Programa Especial de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño.

Como resultado de esos procedimientos, Profeco podrá imponer sanciones económicas que oscilan de 367 pesos a 2.1 millones de pesos por comportamiento comercial, y de mil 096 pesos hasta 767 mil 200 pesos por incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007.

En sus visitas, realizadas del 20 de abril al 25 de mayo, verificó aspectos de información sobre condiciones del empeño, tasas de interés que se cobran a los pignorantes, así como registro y uso de contratos de adhesión para la prestación del servicio.

El Sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada, elaborado por la Profeco entre diciembre de 2008 y enero de 2009, indica que 65.7% de los recurrentes solicita préstamos en montepíos de Instituciones de Asistencia Privada (IAP).

El resto, explicó Profeco en un comunicado, solicita los servicios prendarios de las casas de empeño, además de que 88.8% de los usuarios empeña alhajas de oro.

El porcentaje promedio del préstamo fue de mil 529 pesos; 48.2% de los usuarios de las casas de empeño opinaron que el dinero que le entregaron en préstamo fue poco, y 37.6% de las personas gastó ese dinero en la compra de alimentos.

Profeco explicó que en materia de metrología, corrobora la debida calibración de 340 balanzas que se emplean para determinar el peso de las alhajas objeto de la transacción, y sólo inmovilizó una por operar con diferencia en perjuicio de los consumidores.

Entre las principales irregularidades detectadas mencionó que se carecía de contrato de adhesión registrado ante Profeco, en las transacciones comerciales utilizaban un contrato diferente al registrado.

Además, por no indicar plazos, términos y condiciones del empeño, ni el Costo Anual Total (CAT) de los intereses, y que los establecimientos no informaban de los gastos de almacenaje en caso de no recoger la prenda desempeñada, entre otras anomalías.