Itinerario

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAR/2011).- La conformación de fuerzas de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales y de claro compromiso ciudadano, en suma con la cada vez más creciente expresión plural en las redes sociales de internet, han impulsado -con la demanda incisiva contra la negligencia oficiosa que toda iniciativa gubernamental conlleva- la instauración de formas alternativas de participación ciudadana tanto en la conformación de políticas públicas como en la distribución presupuestaria; este signo de cambio basado en el hartazgo de gobiernos que no escuchan, está identificado en el gremio de los artistas y hacedores de la cultura, quienes al ser proactivos por definición, son también los más susceptibles y a la vez conscientes de una crisis.

Los síntomas han sido variados y las quejas se han caracterizado por mostrarse acompañadas de propuestas, de planteamientos en busca de un diálogo que sume y no divida, mejore y no obstruya. Sin embargo, para las autoridades, con más desatino las estatales, estas iniciativas ciudadanas no son más que la oposición que se resiste a valorar la trascendencia de unas políticas culturales, encaprichadas en entender la intervención gubernamental en materia de cultura, como un programa de restauración de edificios de culto, empeño que ha llevado a funcionarios a maquillar la información vertida en las unidades de transparencia, presentando remodelaciones de casas de cultura cuando en realidad se trata en la práctica, de espacios usados para el culto religioso.

Más allá de la diferencia en percepciones y discrepancias en la forma en cómo se administra la cultura, Jalisco -para fortuna legislativa- cuenta con una ley en la materia que bien puede en el más elemental de los casos, fungir como orientación para quienes argumentan hacer lo que la ley les obliga hacer. Una somera revisión a esa ley que llega a su décimo aniversario, daría pauta de lo que aquí se señala.

Gobernar, también -consideramos muchos- es escuchar. Y los artistas han señalado, han expresado la recepción que tienen de las políticas culturales con las que son atendidos y han propuesto ajustes y modificaciones. ¿Por qué no atenderlos?, ¿por qué ignorar olímpicamente las demandas ciudadanas?, ¿por qué olvidar los acuerdos y los compromisos asumidos al inicio de administración?
Existe una comunidad cultural particularmente enfocada al desarrollo profesional de la cinematografía que se muestra engañada y defraudada. Un sector que hace posible la danza clásica y neoclásica pendiendo de un hilo para la continuidad de una compañía que no acaba de consolidarse por la falta de seriedad en la asignación de sus finanzas. Una Compañía Estatal de Teatro que año con año le es cambiada no sólo la carpeta presupuestaria sino la convocatoria y sistema de operación. Una comunidad indígena, hacedora de artesanía que es ignorada en su demanda de inclusión y respeto equitativo en la exhibición y venta de sus productos culturales y vulnerada en sus creencias. Una impecable desatención a la cultura popular y a las investigaciones sobre el arte jaliscienses.

Ante esta realidad, a la que remito para su certeza, a los resultados expuestos por las propias autoridades y a la distribución presupuestaria 2011, en la que se refrenda por razones de veto (otra vez) el gasto de 2010, pareciera que la respuesta primaria tendría que venir de quien encarna la representación popular, es decir del Congreso del Estado en quien representa la Comisión de Cultura. Pero, ¿se conoce ahí esta realidad?, ¿se interesan ahí por lo que viven los artistas?, ¿se conoce hasta el día de hoy una iniciativa legislativa que revierta esta realidad?