Acusan fallas en Ley del libro

GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2014).- Como inoperante y con vacíos califica Jorge Pérez, gerente de Procesos Editoriales de la editorial tapatía Arlequín, a la “Ley de fomento para la lectura y el libro”. Esto se debe, argumenta, a la competencia desleal de algunas librerías.

“Desde la entrada en vigor de la ley, Arlequín respetó el precio único, pero las librerías se lo brincan y no respetan, incluso ofertan los títulos con precios más bajos aún sin contar con el material y eso desanima a los compradores”. Sobre el papel de la ley y los beneficios que traería consigo, Pérez abundó que ésta “no ha apoyado a las pequeñas editoriales, debido a que en muchos casos es inoperante en la realidad del mercado editorial”.

Tampoco hay un beneficio para las pequeñas librerías, dice César Vargas Cruz, propietario de la librería Ítaca, que ante el poco margen de maniobra que dejan las grandes cadenas, y para mantenerse en el negocio, optó por ofrecer otros servicios a los clientes e instituciones que compran libros: “La ley paró la guerra de descuentos entre las grandes, pero no detuvo la competencia desleal entre ellas y con las pequeñas librerías”.

Pero la clave sigue siendo la dinámica de distribución y determinación de precio de los libros pues, como refirió Guillermo Quijas —director de Editorial Almadía— (a principios del mes en una conferencia que impartió en Guadalajara), es el “tema más complejo” en este proceso.

Para él la Ley del Libro “no sirve para nada”.  pues, ante las fallas en su reglamentación —especialmente al carecer de sanciones— “cada quien hace lo que quiere con el precio único”, algo lamentable pues, aseguró, de cumplirse con esta disposición “se regularía el mercado y, creo, el precio promedio bajaría”.

Añadió que asimismo, se modificaría “la forma de calcular el precio” de los libros, ya que “sería menos el descuento que se les da a las librerías”; esto es fundamental en la dinámica actual de mercado pues, como apuntó Carlos López de Alba, director de la editorial tapatía Pollo Blanco, hay quienes “han llegado a pedir hasta el 60%” por colocar los libros en los establecimientos.

Queda, en este contexto, la posibilidad de continuar la labor editorial independiente bajo “nuevos esquemas” de cooperación y difusión para los libros (punto en que coinciden Quijas y López de Alba), pero en cuanto a la Ley del Libro –juzgada cada vez con mayor insistencia como “letra muerta”–  falta mucho camino por recorrer.

El camino trazado

Como muchos proyectos legislativos, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro —también conocida como “ley del precio único”—, nació con un buen propósito: promover el hábito de la lectura mediante la creación de bibliotecas escolares, salas de lecturas y en general que el público tuviera más acceso a los libros.

Otra de las metas era fijar un precio único de compra tasado por el editor, es decir que un volumen valiera lo mismo en una librería pequeña que en las grandes cadenas nacionales y trasnacionales, la medida en teoría beneficiaría a toda la cadena de producción editorial hasta llegar al cliente final. Las editoriales apostarían por autores y temas de calidad, las librerías por ofrecer un mejor servicio para el comprador, pero sólo en teoría, en la práctica hay muchas deficiencias.

Aunque publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de julio de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, esta ley hubo de sufrir un proceso para su aprobación que incluyó tres años de gestiones, la oposición de parte del sector de libreros y un veto inicial que le impuso Vicente Fox

El 23 de abril de 2010 se publicó el reglamento de la ley. En él se especificaron las responsabilidades para las instancias de gobierno involucradas con la promoción lectora y se establecían los mecanismos de registro para el “precio único” —que determinaría el editor— del libro, además de crear el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura que, en el seno del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), se encarga de dicho registro (se puede consultar el Sistema de Registro del Precio Único de Venta al Público de los Libros en:  http://spl.conaculta.gob.mx/espanol/inicio.php).

Apenas hace un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su dictamen para determinar que la ley “es constitucional”, ante un amparo que interpuso el grupo de Librerías Porrúa y que fue descartado; en apariencia, eso significaría que los obstáculos legales están saldados, pero eso no ha bastado.

La determinación de un precio

Para la mayor parte de los productos que integran cualquier mercado el precio se fija a través de la dinámica entre oferta y demanda, pero en el caso de los libros es diferente, es un producto heterogéneo, es decir, cada título es distinto y, por otra parte, existen compradores con capacidad de influir en su precio: los distribuidores, que determinan el costo al consumidor.

Cuando se decide publicar un libro, un editor debe de considerar los costos de producción (dentro de los cuales se contempla un porcentaje sobre ventas para el autor) y estimar un precio que genere ingresos y brinde alguna utilidad; así, cuando decide vender a través de los distribuidores convencionales (cadenas libreras o tiendas departamentales), éstas tienen como política ofrecer amplios descuentos sobre el precio de lista del libro, lo cual no merma las utilidades de las librerías, sino las del editor, que se ve obligado a establecer un sobreprecio para compensar costos (que incluirán ahora ese “descuento” con que se venderá) y encarecer de ese modo el precio promedio de lista de las publicaciones.

Las condiciones de mercado para las editoriales independientes son cada vez más complicadas, pues a esto se agrega la dificultad de venta con distribuidores menores, que no pueden seguir la política de descuentos de los mayores (según la Caniem hay mil 198 puntos de venta, 30% se encuentran en el Distrito Federal y Jalisco es el segundo con más librerías, con 6.8 por ciento).

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana señaló que urge que se aplique la ley y se respete el precio único, su presidente José Ignacio Echeverría, indica que el no cumplimiento provoca que las ventas no aumenten y que la industria siga estancada.

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Para tomar en cuenta

En sus indicadores del 2012 la Caniem muestra que las ventas en los últimos tres años han tenido un ligero incremento, pero es el Gobierno el principal comprador.

Como sector en ciernes de la industria, el libro digital en México registró un aumento considerable en su producción (cerca de 60%), pero en cuanto a su valor de facturación respecto del total de las ventas de libros es apenas de 2%, por lo que aún no es determinante; con todo, marca una tendencia que habrá que atender en el futuro.