A finales de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque de una estrategia federal. La meta: regresar la tranquilidad a los habitantes de cuatro Entidades, detectadas como “focos rojos” en materia de seguridad, principalmente por las ejecuciones registradas. Así, Jalisco fue integrado al programa, de forma sorpresiva, junto con Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, que estaban en la agenda nacional por el aumento en hechos violentos.Tres años después, se exhibe la intervención del Gobierno federal, pues no sólo se incrementaron los homicidios dolosos (45% en ese periodo en los cuatro Estados), sino que las cifras oficiales de aseguramientos o decomisos de drogas y armas que registran el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal van a la baja, según respuestas a través de la Ley de Transparencia.Por ejemplo, desde 2010 y hasta el cierre de 2017, la PGR contabiliza cuatro mil 544 armas de fuego (largas, cortas y no especificadas) aseguradas en Jalisco. Y de ese total, únicamente 46 fueron retiradas de las calles durante los últimos dos años (2016 y 2017). Los aseguramientos cayeron.Esa reducción no está sólo en Jalisco. En otra arista general, de las 17 mil 881 armas de fuego aseguradas en las cuatro Entidades seleccionadas como “focos rojos” entre 2010 y 2017, solamente 568 fueron retiradas el año pasado, lo que significa sólo el 3%. Hubo Estados, como Michoacán, que el año pasado no registraron un solo aseguramiento, según las cifras concedidas por la PGR.Lo que no bajó fue la incidencia de los homicidios dolosos: pasaron de tres mil 953 en 2015 a cinco mil 769 carpetas de investigación en 2017 en las cuatro Entidades, de acuerdo con sus respectivas Procuradurías y Fiscalías. Mientras tanto, el Ejército Mexicano apenas reporta seis mil 410 detenciones desde que arrancó la estrategia.La llamada “guerra contra el narco”, que inició en la administración de Felipe Calderón, disparó los indicadores de inseguridad en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Jalisco también registró un repunte en sus cifras, pero fue hasta que un cártel local cobró relevancia nacional —ya durante el periodo de Enrique Peña— cuando captó la atención del Ejecutivo federal.El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, reconoció en noviembre de 2014 que la evolución de este cártel era causa de un “foco rojo”. Seis meses después de hacer esa declaración, el 1 de mayo de 2015, ese grupo delictivo derribó un helicóptero de las fuerzas armadas, precisamente cuando iniciaba la llamada Operación Jalisco, causando, además, una treintena de bloqueos carreteros en toda la Entidad.Por otro lado, el Ejército Mexicano aseguró dos mil 646 armas entre 2010 y 2014, pero en los últimos tres años apenas fueron 441, cerrando el año pasado con su cifra más baja en la década: sólo 71 armas retiradas.La Operación Jalisco inició formalmente el 1 de mayo de 2015; sin embargo, desde finales de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto reveló su intención de incrementar la seguridad con fuerzas federales en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Las gráficas expuestas a lo largo de esta nota muestran que en algunos años anteriores al operativo federal había más aseguramientos de armas o drogas.Entre 2015 y 2017, los aseguramientos van a la baja.Mientras un cartel local con más fuerza atrae la atención del Gobierno mexicano y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus cifras en inglés), los aseguramientos de laboratorios clandestinos en los que se procesan drogas dentro de Jalisco han reducido en cantidad.Según cifras de la Sedena, desde el 2015 suman sólo 33, que significan menos de uno al mes.La cifra no es menor por sí sola, pero sí lo es cuando se le compara con los 183 narcolaboratorios desmantelados por el Ejército desde el 2010 en Jalisco. Eso significa que, desde que se ordenó la Operación Jalisco a finales de 2014, el Ejército redujo su efectividad a una quinta parte, según las cifras oficiales.Esa tendencia ya se arrastraba desde que inició el sexenio de Enrique Peña, pues desde el 2013 se da cuenta de sólo 60 laboratorios asegurados en la Entidad: una tercera parte de lo registrado desde que inició la década, lo que significa que sólo en los últimos tres años de la administración calderonista, el Ejército acabó con 123 laboratorios: son 3.4 por mes.De acuerdo con el reporte liberado en octubre de 2017, “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas”, de la DEA, los miembros del cártel local ya “exportan miles de kilos de metanfetaminas hacia California desde Guadalajara, a través de puntos de cruce en Tijuana destinados a centros de distribución en Los Ángeles y San José, California”.Desde el año 2016, la Agencia estadounidense considera a esa agrupación como una de las seis con mayor impacto en el narcotráfico hacia ese país, pues “mantiene células de distribución (…) en ciudades de los Estados Unidos, desde las que se informa directamente a los líderes de los grupos en México o indirectamente a través de intermediarios”.Para la dependencia estadounidense, es uno de los grupos con más poder y el de crecimiento más acelerado en ambos países. Hace dos años, la DEA tenía 26 investigaciones abiertas relacionadas con ese grupo delictivo, y para 2017 la cifra creció a 46. Ha detectado que las drogas que envía a la Unión Americana son metanfetaminas, cocaína, heroína y mariguana, y que sus centros de distribución están en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y Atlanta (https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf). Desde el 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “México enfrenta desafíos que demandan que el Estado actúe con fortaleza y determinación”. Es el prólogo del Programa para la seguridad nacional 2014-2018, en donde el Consejo de Seguridad Nacional trazó estrategias conjuntas no sólo para enfrentar a la delincuencia organizada, sino procurar un “México en paz” en conjunto con la sociedad, la academia y la comunidad científica.Desde entonces, “en un ejercicio inédito”, según las palabras del entonces secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Gobierno de la República convocó a expertos académicos y analistas en materia de seguridad nacional para que “definieran los instrumentos de política pública” que lograrían esa meta de un “México en paz”. El Gobierno federal incluso colaboró con los tres niveles de Gobierno para asegurarse de que ocurriera.Así, una de las agendas de arranque para garantizar la seguridad nacional fue “fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas”. Dicho plan pondría en operación al Sistema Nacional de Inteligencia que, año con año, define una agenda nacional de riesgos.Esa agenda aclara que, entre los riesgos y amenazas a la seguridad del Estado, también está una respuesta oportuna ante desastres naturales. Pero sí reconoce que “la actuación del crimen organizado ha tenido un efecto corrosivo sobre la confianza de la sociedad en las instituciones, el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en regiones específicas del país y el desarrollo económico y social”.Se afirma que “a nivel internacional, el fenómeno de la violencia ha impactado negativamente sobre la imagen de México en el exterior”.Revela, a su vez, que en el combate del Estado a los cárteles se ha provocado “un proceso de fragmentación de las estructuras criminales” que incide en un cambio de rutas terrestres y aéreas de tráfico de drogas, un mercado interno para su consumo y la diversificación de actividades delictivas para ampliar sus fuentes de ingreso.El documento precisa que el Presidente de la República es quien tomará la decisión de movilizar a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad, aunque asistido con la labor de inteligencia generada. Además, desde diciembre del año pasado se reguló la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a Policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública.Y aunque el Ejército comenzó a patrullar Guadalajara desde que inició el año, su primera gran intervención operativa ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando intervino las instalaciones de la Policía de Tlaquepaque, en coordinación con la Fiscalía del Estado.El ataque vino de abajo; la aeronave se desplomó al recibir el impacto directo de un lanzagranadas que fue activado por integrantes de cártel local con más fuerza. Dos miembros de la Fuerza Aérea, cuatro del Ejército Mexicano y una oficial de la Policía Federal murieron en el acto. Era el arranque de la Operación Jalisco, una estrategia cuyo objetivo fue desmantelar a esa agrupación delictiva.El embate que recibieron las Fuerzas Armadas durante el despliegue aéreo por los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo, para dar con el líder del cártel, quedó registrado como el primero en su tipo. El poder de fuego de los agresores les permitió derribar una aeronave artillada y, con ello, cobraron la vida de otros cinco oficiales, quienes fallecieron días después.En total, 11 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murieron como resultado de esa intervención: tres capitanes segundos y tres sargentos segundos, un subteniente, un teniente, un cabo y dos soldados. El arranque de la Operación Jalisco superó la cifra de elementos caídos registrados hasta ese momento en el sexenio: ocho.De esa forma, de ocho decesos registrados en municipios como Tecalitlán, Cihuatlán, Guachinango, San Martín Hidalgo y Puerto Vallarta, la cifra se elevó a 19. Son cuatro veces más que las cinco bajas registradas por la Sedena durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón en Tequila, San Sebastián del Oeste, Zapopan y Ciudad Guzmán, todas entre el 26 de enero y el 2 de noviembre de 2010.Porcentualmente, Jalisco es el Estado que más incrementó en la cifra de oficiales caídos entre un sexenio y otro, pues aunque Tamaulipas es, por mucho, la Entidad con más ataques mortales contra oficiales del Ejército, este sexenio han fallecido 25 elementos menos que en el periodo federal anterior.En los dos sexenios, Tamaulipas registra 129 fallecimientos de soldados desde que inició la “campaña permanente contra el narcotráfico” (1 de diciembre de 2006). Sinaloa es la segunda Entidad más violenta, con 66 oficiales caídos, y Michoacán la tercera, con 58.Sin embargo, en todas ellas el periodo más álgido se vivió en el sexenio anterior. En Jalisco, que además es el séptimo Estado en la estadística, la situación ocurre a la inversa.A escala nacional, la “aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico” ha dejado un saldo de 534 oficiales de la Sedena fallecidos.* Cifras durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.De acuerdo con cifras de la Policía Federal, en la administración en curso han sido abatidos 309 agresores en los Estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En esos enfrentamientos, 10 civiles han fallecido en el fuego cruzado y se reporta la muerte de 45 oficiales de esa dependencia, que “ha hecho uso legítimo de la fuerza con el propósito de repeler la agresión”.Aunque el debate por legalizar la producción de mariguana para su uso recreativo continúa activo, el aseguramiento de este enervante es uno de los mayores logros que registra el Ejército Mexicano en las cuatro Entidades elegidas por el Gobierno federal a finales de 2014, en el arranque de su operativo especial para reducir los indicadores de inseguridad.Según cifras concedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre el año 2015 y el arranque de 2018 se han asegurado 336 mil 391 kilogramos de mariguana en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco. Y el 87% de esa cifra está concentrada sólo en las últimas dos Entidades.En contraste, durante el mismo periodo sólo han sido asegurados tres kilos de heroína, 391 de goma de opio, 465 de cocaína y mil 710 de metanfetaminas en las cuatro Entidades.Pero mientras hay cifras de éxito en ciertos Estados, en otros no lo es tanto. Por ejemplo, el operativo en Jalisco sólo ha permitido asegurar 4.7 kilos de cocaína y 440 gramos de goma de opio en el mismo periodo. Aquí, las drogas aseguradas en mayor cantidad son las metanfetaminas: siete de cada 10 kilos retirados de las calles en esas cuatro Entidades corresponden a Jalisco.En Jalisco se concentraron en combatir la circulación de metanfetaminas. Los aseguramientos de esta droga en otras Entidades se fueron en picada. Guerrero, por ejemplo, registraba dos mil 910 kilos asegurados desde el 2013, pero la cifra redujo a sólo 500 gramos desde el 2015 y hasta la fecha.A principios de este año, el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, sugirió la legalización de la mariguana para fines recreativos, prioritariamente en los principales destinos turísticos del país. Su fin, comentó a título personal, es combatir al crimen organizado con drogas legalmente distribuidas, y así reducir la inseguridad.Días después, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se sumó al debate público y se pronunció en favor de legalizar la mariguana, pero en todo México. Su argumento: no es el consumo sino el tráfico de esa droga lo que genera la violencia.“Debemos abandonar posturas moralistas y reduccionistas para entender cuál es nuestra realidad; una realidad que nos está explotando en la cara y que es urgente resolver”, dijo al inaugurar la XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.
