Hasta enero pasado se reportaban nueve mil 332 espacios para albergar a reos en 12 prisiones administradas por la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, pero se actualizó la información y hay más: 13 mil 160 lugares, con corte a julio de este año. Eso representa una reducción en la sobrepoblación en las 12 cárceles en términos generales, pues se cuenta con 13 mil 489 reclusos (hay 329 reos de más, en el promedio estatal).El director José Antonio Pérez Juárez argumenta que esto se debe a que la estadística estaba desactualizada. “Se consideraba únicamente como capacidad de población en Puente Grande lo que se había construido en 1985, donde, por ejemplo, existió un Reclusorio Preventivo con seis dormitorios o módulos inicialmente; a la fecha, ese centro penitenciario tiene 15 dormitorios (con cuatro mil 515 camas)”. Así corrigió la información registrada en enero pasado, en donde se afirmaba que había una sobrepoblación de cuatro mil presos en Jalisco.La Comisaría de Prisión Preventiva tiene el mayor problema de sobrepoblación: cuenta con una capacidad de cuatro mil 515 reos y tiene seis mil 816 (un sobrecupo de dos mil 301 presos).Pérez Juárez explica que se invirtieron 18 millones de pesos para ampliar las áreas de cocina, salud y deporte, entre otras, del Reclusorio Preventivo. Mientras que en el Reclusorio Femenil se destinaron 4.2 millones para la construcción de un dormitorio con 56 espacios, “que permitió abatir la sobrepoblación”.* Con corte a julio pasado. Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Jalisco. Aunque una de las medidas para “despresurizar” las cárceles de Jalisco es la colocación de brazaletes electrónicos a presos que puedan concluir su pena con el beneficio de libertad, el proyecto se encuentra en la congeladora por un tema de “burocratismo”, reconoce el director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez. “A los que manejan los recursos no les ha caído el veinte de que se tienen beneficios. Primero, porque la ley obliga el uso de brazaletes en las medidas cautelares; además, reduce la contaminación criminal de las personas porque no las revuelves en donde algunas veces pudieran conocer a nuevos delincuentes. Y también porque reduces los costos”.Al bajar la población penitenciaria, indica, el trabajo de reinserción se hace más eficaz, al tener menos internos para ser atendidos por los psicólogos, los criminólogos, los médicos, los abogados y los maestros de educación. “Entonces el trabajo tiene una mayor calidad”. El gasto operativo por cada persona que se encuentra recluida en las cárceles estatales es de 382 pesos al día. Y con el uso del brazalete se reduce a 160 pesos diarios. “Consideramos que ni siquiera se requiere de una gran inversión porque, por cada persona que tú externes del reclusorio, vas a tener un ahorro de más de 200 pesos”.A la fecha, los jueces no han solicitado la aplicación de estos aparatos electrónicos. “No entiendo por qué. La Ley Nacional de Ejecución Penal lo prevé… y el procedimiento les da la facilidad a los jueces de decirme que concederán el beneficio de libertad anticipada o durante el proceso, con la supervisión de un brazalete. El número no es lo importante sino que se implemente ya este programa”. Informa que continúan trabajando para poner en marcha este proyecto, que ya se planteó desde principios de la actual administración. Asegura que la Coordinación Estratégica de Seguridad ya se ofreció para analizar el tema. “Espero en unos días poderme sentar con Ricardo Sánchez Berumen (titular de la Coordinación) para aterrizarlo y que pudiéramos inclusive cerrar el año ya con este sistema de geolocalización para aplicarlos y despresurizar también las prisiones del Estado”. Adelanta que hay muchas personas que están preparadas para la etapa primaria de este proceso, el cual debe ser progresivo. “Personas que compurgaron más de 90% de su condena ya deben de incursionar en la vida normal y estar en libertad para que sea mejor su tratamiento”. En septiembre del año pasado, este medio informó que la Dirección de Reinserción Social consideraba que había alrededor de dos mil prisioneros que pudieran utilizar los brazaletes, siempre y cuando cometieron sólo los delitos patrimoniales y que no representen un riesgo para la sociedad.GastoReincidenciasJosé Antonio Pérez Juárez reporta que en la actual administración han quedado en libertad siete mil 632 personas, pero no se han tenido problemas serios de reincidencias criminales, “sólo cuatro hombres han vuelto a cometer un delito distinto”.Hechos violentosAunque se usaran los dos mil 005 espacios disponibles en nueve centros penitenciarios de Jalisco (de un total de 12 a cargo del Estado), no se tendría la capacidad para albergar a los dos mil 301 reos que se tienen como sobrepoblación en la Comisaría de Prisión Preventiva. Con corte a julio pasado, en esta cárcel había seis mil 816 prisioneros, pese a que las áreas de dormitorios están acondicionadas para sólo cuatro mil 515 personas. Por eso se realizó una actualización, que fue informada al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Estado. El director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, informa que hay distintos factores que le impiden “despresurizar” este centro penitenciario. “¿Por qué razón todavía no puedo reubicar a la población penitenciaria en exceso que tengo en el Preventivo? Por la sencilla razón de que los jueces de distrito y los delitos federales imponen sus criterios y sus comodidades al interés de las personas privadas de la libertad… y no me permiten sacarlos del Reclusorio Preventivo mientras esté su proceso (abierto)”.Aunque hasta julio pasado habían dos cárceles con sobrecupo, el funcionario responde que sólo el Reclusorio Preventivo representa un problema “serio” para el sistema penitenciario de Jalisco. Puntualiza que esta cárcel se construyó con seis módulos de dormitorios y actualmente tiene 15. La última obra de ampliación de estos espacios se realizó en la antepasada administración a cargo de Emilio González Márquez. Aclara que en el Preventivo, ubicado en el complejo penitenciario de Puente Grande, no se cuenta con espacios para ampliar las áreas de dormitorios, por lo que las únicas medidas que se pueden realizar en estos momentos para combatir el problema de sobrepoblación es que los jueces autoricen el traslado de los reos a otras cárceles del Estado.Otras medidas que permitirían atacar el problema es que el Gobierno estatal diera luz verde al proyecto del uso de los brazaletes electrónicos para otorgar los beneficios de las liberaciones anticipadas, y que se concluya la construcción del Reclusorio Metropolitano. “La verdad es que son los jueces los que han impedido que pueda redistribuir a la población y que no tuviera nada de problemas en todo el sistema”. Asegura que en las últimas ocho semanas se han trasladado a 200 internos del Preventivo a los otros centros de Puente Grande, como los reclusorios Metropolitano y de Sentenciados. “(Están trabajando con los jueces) creándoles conciencia y haciendo valer lo que la ley nos permite. En el caso del Reclusorio de Sentenciados estamos enviándolos a los lugares cercanos a su población”.GUÍA“No tiene aplicación”La Ley de Amnistía aprobada en abril pasado para liberar a las personas que se encuentran presas de manera injusta, cuando se trate de delitos menores, “no tiene aplicación”, señala Anuar García, presidente de México SOS en su Capítulo Jalisco.En junio pasado se conformó la comisión que se encargará de recibir las solicitudes de los presos, pero a la fecha no se han reportado avances. En la instalación de esta comisión se informó que se contaban con solicitudes de amnistía en México, de las que 56 eran del fuero federal, dos mil 016 del fuero común, en 496 no se identificaba el fuero, mientras en nueve ya habían alcanzado su libertad. “Si no vemos a la gente acogiéndose a la Ley de Amnistía es porque prácticamente ‘nació muerta’”, señala García. Recuerda que es una ley federal y los delitos contemplados en el catálogo de ésta son del fuero común.Para habilitar entre 600 y 700 espacios adicionales en el Reclusorio Metropolitano, se requieren 150 millones de pesos, según un estudio desarrollado en la actual administración estatal.El director de Prevención y Reinserción Social aclara que el tema presupuestal es complicado, pero esta información ya se entregó al gobernador. El Reclusorio Metropolitano se inauguró días antes de que concluyera la antepasada administración de Emilio González Márquez. Durante el evento se informó que tuvo un costo de mil 700 millones de pesos (incluido el equipamiento, gracias a la contratación de un crédito bancario), y tenía la capacidad para albergar a mil 700 presos. Pese a esto, actualmente sólo se tienen 584 espacios para reclusos. “Nunca se concluyó la obra… fue un engaño. La recibí y la denuncié porque no tenía las instalaciones concluidas, sólo tenía cascarones. De hecho, tengo ahorita un dormitorio completo que puede albergar a casi 400 (internos), pero no tiene una red hidrosanitaria, no tiene iluminación, no tiene el equipamiento que debe tener un dormitorio para que sea utilizable”, señala el director de Prevención y Reinserción Social. Acentúa que ahora le toca a la actual administración tratar de superar esa adversidad presupuestaria para concluir esta cárcel de alta seguridad ubicada en el núcleo de Puente Grande. Si se invierte en este centro, dice, tendría capacidad para trasladar a casi mil internos del Reclusorio Preventivo para reducir la sobrepoblación. Asegura que el gobernador tiene la disposición de sacar adelante el tema penitenciario, “porque también ha considerado que la reinserción es parte de la agenda de seguridad pública y que un buen manejo de las prisiones reduce el delito en las calles”.Durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus se han presentado 181 casos confirmados del COVID-19 en el complejo penitenciario de Puente Grande (con corte al 1 de septiembre), pero el director de Prevención y Reinserción Social asegura que los contagios van a la baja. El último cambio en las estadísticas se dio el pasado 17 de agosto. “En el caso de Puente Grande, al día de hoy tenemos cero contagios del COVID-19 en personas privadas de su libertad. Hemos aprendido la lección: nuestras áreas médicas y de trabajo social tienen un excelente manejo de aislamiento, de cuarentena, de investigación… la dotación que se nos hizo de pruebas rápidas nos fortaleció muchísimo, el asesoramiento que tengo de la Secretaría de Salud de Jalisco nos hizo mejorar para controlar y manejar los contagios del COVID-19”.El pasado 30 de septiembre se dieron de alta cinco internos del Reclusorio de Autlán, quienes resultaron contagiados, aunque asintomáticos, “pero actualmente no tengo en todo el Estado un contagio del COVID-19 entre los internos”. Informa que se mantienen los protocolos de seguridad sanitaria en todas las cárceles. “Al interior hemos tenido la responsabilidad de ser muy cuidadosos con las reglas sanitarias. Tenemos unos centros, como en los de Puente Grande, que en el interior y en el exterior hay túneles sanitizantes”. José Antonio Pérez Juárez declara que desde hace nueve semanas se reactivaron las visitas a los centros penitenciarios, las cuales se cancelaron en marzo pasado para prevenir los contagios. Por ejemplo, en el Preventivo entraban mil personas a visitar a los presos, pero actualmente sólo ingresan 200 y se tiene una estancia de dos horas. Se cuenta con casi 18 terrazas de visita. “Se cubre el requisito de sana distancia”. Previo a la pandemia se tenían dos días de visita a la semana, pero actualmente es de sólo un día. “Es nuestra novena semana con visitas y con cero contagios en Jalisco”.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de la administración de las cárceles en el Estado?Participa en Twitter en el debate del día @informador
