El federalismo es de esas palabras que de tanto enunciarse se quedaron huecas. Un concepto que está en la boca de todos, pero se vació de contenido. Una excusa o justificación para proteger ese sistema de impunidad mutua que llevan décadas jurándose presidentes y gobernadores. Un caparazón de intereses, lealtades y complicidades que borran los auténticos propósitos de un sistema federal: la subsidiariedad, la solidaridad, la coordinación, la autonomía y la protección de la pluralidad. No es una sorpresa que, en México, la defensa del federalismo no convoque a nadie.El tiempo de los gobernadores que tuvo su apogeo con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República supuso la condena generalizada de los abusos del poder y la impunidad del feuderalismo a la mexicana. Desde la Presidencia de Ernesto Zedillo, la descentralización financiera empoderó a los gobernadores. Los hizo súbditos del centro a cambio de grandes cantidades de dinero, impunidad garantizada y lealtad política. Los Borge, Duarte, Yarrington, no se hicieron solos. El sistema les garantizó la protección política. Un sistema federal que atiborraba a los estados de dinero, pero sin ninguna responsabilidad, ni siquiera cobrar impuestos. De un modelo así, la consecuencia natural era la aparición de gobernadores sátrapas que abusaron de su poder hasta niveles inimaginables.Ahora, Andrés Manuel López Obrador llega al poder con el declive de la época de los otrora todopoderosos. Quitando al Bronco, un candidato marginal en la elección presidencial, ningún gobernador peleó seriamente por la candidatura presidencial al interior de su partido. La escalera que trazó el peñanietismo se rompió y la figura del gobernador quedó manchada. Una transformación del sistema político mexicano es el inmatizable declive de los gobernadores como el animal que esculpió los enclaves autoritarios de la transición a la democracia.Ante la situación crítica de los gobernadores, López Obrador parece haber tomado la ruta del control político. El viejo régimen siempre fue centralista. El Presidente de la República fungía como el Sol al que nadie podía contradecir. Todo giraba en torno a él. Peña Nieto quiso recomponer los viejos hilos del presidencialismo centralista y lo logró por un par de años. El ejecutivo federal centralizó mucho a través de sus reformas, pero dejó espacios de acción política a los gobernadores. Peña Nieto no quería que le sucediera como a Calderón, que tuvo un órdago permanente con los gobernadores. Aun así, los delegados, figuras anómalas que sobrevivieron al devenir democrático, servían y sirven, también, como piezas del control federal.López Obrador entiende la debilidad de la figura del gobernador y su apuesta por los coordinadores estatales como interlocutores entre los estados y la Federación es una señal inequívoca. La figura de los coordinadores estatales es sumamente problemática, coquetea con el autoritarismo y lastima la democracia. ¿En qué país federal sería admisible que un presidente pusiera a operadores estatales afiliados a su partido político, con influencia en los presupuestos federales, para condicionar los fondos que van hacia las entidades federativas? ¿No supone un paso hacia atrás en materia de la urgente democratización de las relaciones entre el Presidente y los gobernadores? ¿Es constitucional que figuras no electas por los ciudadanos, tomen decisiones sobre recursos públicos?López Obrador ha sido ambiguo en sus mensajes acerca de la descentralización, la dispersión y el control. Por un lado, el presidente electo apuesta por la dispersión de las secretarías en todo el país, con el objetivo de generar mayor bienestar e inversiones en los estados. Entiende el presidente que el Gobierno federal no es simplemente la administración de los capitalinos, sino que el pacto federal supone acercar la toma de decisiones a los estados. No hay precedente descentralizador más grande que aquella que quiere encabezar, en los próximos seis años, López Obrador y su gabinete. Sin embargo, al mismo tiempo, López Obrador articula una red de coordinadores políticos que estarán más preocupados en construir administraciones paralelas que en contrapesar el poder de los gobernadores en los estados.Más de alguno opina que los coordinadores estatales aparecen para evitar el bandidaje que caracteriza a muchos mandatarios estatales. Que son una especie de auditores. Fiscales ad hoc. Lo inexplicable es que alguien piense que la oposición a los gobernadores corruptos debe ser una estructura, de corte partidista, al margen de la regulación. Sorprende que ése sea el antídoto para controlar las ambiciones desmedidas de los gobernadores. Parece una excusa más que un argumento a tomar con seriedad.Los contrapesos a los gobernadores estatales se llaman combate a la impunidad y rendición de cuentas.Javier Duarte no hubiera podido saquear a Veracruz si no fuera por la conjunción de medios de comunicación cooptados, una sociedad civil desmovilizada, una oposición convenienciera, tribunales sometidos al Ejecutivo y, por supuesto, un Presidente de la República que mira hacia otro lado. La única forma de combatir los atropellos de los gobernadores es a través de la aplicación sin miramientos de la ley; una cruzada nacional de combate a la impunidad desde las instituciones y la sociedad civil. Los coordinadores reproducen el mismo esquema de talante político que busca reservar a la discrecionalidad y la complicidad, las negociaciones que tendrían que ser públicas y democráticas.López Obrador ha saturado a la opinión pública con anuncios bien recibidos por la ciudadanía en su mayoría -ahí tenemos la encuesta de Reforma (25/07/18)- y otros que exigen detalles para valorar sus consecuencias en la práctica. De la misma forma, el contexto que tiene es muy positivo: dólar a la baja, buenas perspectivas en la relación con Estados Unidos y un capital político que no deja crecer. Puede ser muy rentable pelearse con los gobernadores. Empero, la disputa tiene que ceñirse a la construcción de un sistema federal auténtico y democrático, en donde sea la ley aquella que dirima los límites y no la voluntad política o las complicidades. Bien decía López Obrador, al citar a Ignacio Ramírez: nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Es tiempo de que López Obrador le haga honor a sus propias frases.
