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Lunes, 10 de Diciembre 2018

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Crónica de un fracaso

La Fiscalía General del Estado es la prueba más contundente del fracaso de la estrategia de seguridad del actual Gobierno

Por: Enrique Toussaint

Crónica de un fracaso

Crónica de un fracaso

Corría el año 2013. Aristóteles Sandoval se alistaba para rendir protesta como gobernador de Jalisco. El signo de los tiempos era centralizar y controlar. En paralelo a las decisiones tomadas a nivel federal, el gobernador priista apostaba por la fusión de secretarías. Nació la SEPAF, que se encargaría de todo el proceso de planeación, ejecución y pago. Nació la SEMADET, no sólo encargada del medio ambiente, sino también de la planeación territorial o SIOP, toda la obra en una sola secretaría. Y, no podría ser de otra manera, nació la Fiscalía General del Estado. En una única institución, Sandoval unió la procuración de justicia, el trabajo policiaco y la reinserción social. Seis años después, los datos no mienten, la apuesta fue un fracaso.

Los números son indebatibles. No hay un solo indicador que muestre mejoría en un lustro: homicidios, extorsiones, narcomenudeo. El ministerio público quedó atrapado en la ineficiencia y la corrupción. Más retrocesos que avances. De acuerdo a Jurimetría, una organización especializada en estudios sobre justicia, en su Índice de Desempeño de las Procuradurías de Justicia coloca a la Fiscalía hasta el fondo, sólo por encima de siete estados. Es decir, una de las peores del país. El índice de impunidad es altísimo: sólo puede ser resuelto uno de cada 200 delitos que se comete. La justificación para unir al Ministerio Público y la Secretaría se Seguridad fue “garantizar” la coordinación y evitar las discrepancias que marcaron la acción de la justicia en el sexenio de Emilio González Márquez. El resultado es que la concentración de funciones tampoco nos llevó a eficiencia y sí al uso discrecional de las atribuciones policiacas.

Y es que la Fiscalía nació torcida. Recordemos: el Congreso del Estado, institución que representa la soberanía popular, decidió aprobar un traje a la medida para que Luis Carlos Nájera se convirtiera en el primer fiscal. La confusión del proyecto era tal, que los legisladores tuvieron que aprobar dos reformas constitucionales sucesivas, estrechando todos los términos posibles, para garantizar que Aristóteles Sandoval pudiera comenzar su gestión con el fiscal nombrado. No hubo debate de fondo. Se limitó la deliberación pública y el resultado fue la constitución de armatoste sin controles y con bajísima rendición de cuentas. ¿Era posible creer que la simple concentración de funciones bajo una misma institución eliminaría los vicios de cada una de ella? ¿Los agentes del ministerio público ya no serían corruptos? ¿Los policías ya no torturarían o caerían en casos de corrupción? ¿Las prisiones se convertirían en oasis de la reinserción social?  A “toro pasado” parece fácil presagiar el fracaso, pero hubieron muchas voces que alertaron de su riesgo desde aquél momento.

El paso de Luis Carlos Nájera por la Fiscalía supuso un divorcio total entre lo que demandaban los ciudadanos y las respuestas de la autoridad. Durante sus dos años y meses al frente de la Fiscalía, nunca vimos a un encargado de la seguridad comprometido con la protección de los derechos humanos ni sensible a las catástrofes que deja una prolongada estrategia fallida de combate al crimen organizado. Al grado que Nájera ni siquiera reconocía que los desaparecidos fueran un problema público. Los miles de desaparecidos eran novias que se escapaban, amigos que se iban de reventón o jaliscienses metidos en el crimen organizado. La Fiscalía vio sus primeras luces con un liderazgo elusivo y negacionista.

Luego llegó el tiempo de Eduardo Almaguer. El gobernador apostó por la confianza y no por el perfil. La politización de la agenda de seguridad fue innegable. Tras el 2015, y la llegada de la “ola naranja” a la ciudad, el proyecto político se impuso a la sensatez. Cómo si fuera posible construir una candidatura desde las áreas más desprestigiadas de la administración pública, Almaguer no dudó en utilizar su cargo para posicionarse rumbo a la gubernatura. Los resultados fueron muy nocivos para Jalisco: indicadores que se fueron a las nubes; operativos que eran más show que justicia; declaraciones que complicaban la coordinación. La renuncia de Almaguer abrió la posibilidad para que Aristóteles se decidiera por un técnico. Tampoco lo hizo.

Y, por último, la errática gestión de Raúl Sánchez. Un policía, formado en la propia institución, que nunca supo responder ante la coyuntura. Todos los casos devinieron en crisis institucionales, tocando la cúspide en la desaparición de los estudiantes del Centro de Audiovisuales (CAAV) y el último acontecimiento: el escándalo nacional e internacional por el traslado de cientos de cadáveres por la ciudad. La alegoría más clara del fracaso de una administración, con un camión refrigerado sin saber donde dejar a cientos de cadáveres sin reconocimiento. La Fiscalía demostró su ineficiencia, ocultando información, tratando de poner toda la carga del fiasco sobre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y luego debiendo rectificar para asumir las responsabilidad propias.

El fracaso tiene múltiples padres, pero el principal es la Fiscalía, por una sencilla razón: luego de eternos debates quedó claro que la custodia de los cuerpos era competencia del ministerio público. Los convenios así lo mandatan. La actuación errática y poco competente de la Fiscalía supone una bofetada a las víctimas y un golpe letal a la imagen de Guadalajara en el mundo. Pueden hacer la propaganda que quieran: desde que somos el Valle del Silicón versión latinoamericana, pasando por el estado de la creatividad o aquello de que Jalisco es México. Empero, nada demuestra con mayor vehemencia el fracaso de una administración que la imagen de un tráiler deambulando por la ciudad sin saber dónde depositar los cuerpos de un estado con más de 3 mil desaparecidos y más de mil homicidios por año.

Aristóteles Sandoval siempre nos podrá decir que nuestros vecinos están peor o que todo iba, relativamente bien, hasta la elección de 2015 que modificó los equilibrios políticos. O que no tenía de donde echar mano y que los empresarios le pidieron que se quedara Nájera, y que después sólo podía echar mano de un hombre de confianza ante los retos que enfrentaba Jalisco en materia de combate a la inseguridad. El lector puede ponderar cada uno de los argumentos, pero lo que es un hecho innegable es que la Fiscalía, como proyecto institucional, nació y murió en menos de seis años. La Fiscalía se ve al espejo y sólo ve fracasos, tanto en violencia como en corrupción y combate a la impunidad. Llevamos muchos años con gobiernos que se equivocan en la estrategia para combatir al crimen, no estaría mal que Alfaro se mirara en este espejo.

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