El sorpresivo giro político en Sinaloa obliga a mirar al Congreso local este domingo. Tras el regreso, Rubén Rocha Moya solicitó otra licencia indefinida, forzando la búsqueda urgente de un gobernador interino, sin candidatos claros ni señales de que Yeraldine Bonilla Valverde retome dicho puesto.Ante esta situación, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura fue convocada a una sesión extraordinaria dominical para analizar la petición del mandatario. El grupo legislativo, presidido por el morenista Manuel Jesús Guerrero Verdugo, deberá someter a votación la solicitud de una segunda licencia temporal indefinida mayor a treinta días. Una vez aprobado este punto, los nueve legisladores de la comisión permanente escucharán las propuestas para elegir al nuevo gobernante interino. Este órgano cuenta con representación plural, incluyendo a tres diputados de Morena y representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Verde Ecologista y Partido Sinaloense.El mandatario estatal había retomado sus funciones la mañana del viernes 21 de agosto, tras ausentarse durante 112 días. En ese primer periodo de licencia, iniciado el 1 de mayo, renunció a su fuero constitucional por convicción propia para enfrentar un proceso judicial sin obstáculos legales.En sus primeros actos oficiales, el político celebró una reunión en Palacio de Gobierno con los miembros de su gabinete. En este encuentro, fue informado sobre los asuntos atendidos en su ausencia y reincorporó a su antigua función de secretaria general de Gobierno a Bonilla Valverde.Además de las reuniones oficiales, el titular del Ejecutivo enfrentó reclamos sociales inmediatos a su regreso al despacho. Un grupo de activistas de búsqueda lo abordó para exigir mayor apoyo institucional en sus labores de localización de fosas clandestinas y en la identificación de cuerpos encontrados.La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado aclarando que la reincorporación del funcionario respondía a una decisión personal. La dependencia subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las indagatorias en su contra, dejando claro que su regreso no detendría el proceso judicial.Durante sus 112 días de ausencia, el político acudió ante las autoridades federales para rendir declaraciones sobre las acusaciones en su contra. El caso judicial busca esclarecer presuntos nexos con grupos delictivos, una situación que ha mantenido la atención pública sobre la administración estatal.El origen de este conflicto judicial se remonta a abril, derivado de señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bajo la administración de Donald Trump, el sistema estadounidense acusó al funcionario y a otras nueve personas de participar en una asociación delictuosa.Las autoridades norteamericanas vincularon a los acusados con "Los Chapitos", una célula criminal del Cártel de Sinaloa. Este grupo, liderado por los descendientes de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha sido catalogado por el gobierno estadounidense como organización terrorista, elevando la gravedad del panorama político actual.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF
