Tras 112 días de incertidumbre política y una investigación federal por presuntos nexos con el narcotráfico, Rubén Rocha Moya retomó ayer la gubernatura de Sinaloa. Su regreso marca el fin de una crisis institucional y plantea nuevas interrogantes sobre el futuro político y la seguridad en el estado.El 1 de mayo de 2026, la política en Sinaloa sufrió un sismo sin precedentes. Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de sus funciones ejecutivas.La drástica decisión no fue fortuita. Días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había emitido severos señalamientos que lo vinculaban presuntamente con la facción criminal de “Los Chapitos”, una de las alas más poderosas del Cártel de Sinaloa.Para evitar que su investidura entorpeciera las indagatorias, el mandatario estatal decidió renunciar temporalmente al fuero constitucional. Durante este tenso periodo, el gobierno estatal quedó bajo la responsabilidad de Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el rol de gobernadora interina.A lo largo de estos casi cuatro meses, Rocha Moya compareció como un ciudadano común ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). Su objetivo era claro: desestimar las acusaciones que él mismo calificó públicamente como "patrañas urdidas por personeros de la ultraderecha" con fines injerencistas.El viernes 21 de agosto de 2026, el panorama dio un giro definitivo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador emanado de las filas de Morena anunció su reincorporación oficial al Palacio de Gobierno ubicado en Culiacán.La clave principal de su regreso radica en la resolución emitida por la FGR. Tras agotar exhaustivamente las líneas de investigación durante los 112 días de licencia, las autoridades mexicanas determinaron que no existen elementos de prueba que acrediten la participación de Rocha Moya en ninguna conducta penal.Aunado a esto, el gobierno estadounidense no presentó la documentación probatoria necesaria para sustentar una solicitud formal de extradición. Este fue un punto crucial que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum había advertido semanas atrás, defendiendo la soberanía del sistema de justicia mexicano.Con la "frente limpia y en alto", el mandatario se reunió de inmediato con su gabinete legal ampliado en el Salón de Gobernadores. Allí, se puso al corriente de los asuntos tratados durante su ausencia y retomó los temas urgentes de la administración pública.El regreso de Rubén Rocha Moya no solo cierra un complejo capítulo de tensión diplomática y mediática, sino que reafirma su compromiso de concluir su mandato constitucional, el cual finaliza el 31 de octubre de 2027.Sin embargo, el reto político y social que tiene por delante es mayúsculo. El gobernador deberá reconstruir la confianza ciudadana, reactivar la economía local y mantener la estabilidad en un estado históricamente golpeado por el estigma del crimen organizado.La política sinaloense ha sobrevivido a uno de sus episodios más convulsos de la década. Ahora, con el respaldo legal de las instituciones federales, Rocha Moya busca demostrar que su proyecto de transformación sigue firme, dejando atrás las sombras internacionales que amenazaron con derrocar su administración.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
