El cerco judicial contra Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y su cuñado Alejandro Mario Álvarez Puga se estrecha por delitos de lavado de dinero. Mientras México y la Fiscalía General de la República (FGR) exigen cuentas por desvíos millonarios, Estados Unidos mantiene bajo custodia o vigilancia a la pareja, marcando un punto crítico en este escándalo de corrupción.La situación de la exconductora de televisión dio un giro inesperado el pasado 30 de octubre. Autoridades migratorias estadounidenses la detuvieron en Florida por irregularidades en su estatus, reavivando el proceso legal que dejó pendiente tras su presunta huida del territorio mexicano en septiembre de 2025.Ernestina Godoy, titular de la fiscalía mexicana, confirmó en un mensaje público el estatus legal de la acusada. La dependencia colaboró con las agencias vecinas mediante el intercambio de información y espera la resolución de deportación* para ejecutar tres órdenes de aprehensión vigentes a su llegada.Los cargos incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Jueces federales mexicanos emitieron estos mandamientos tras detectar anomalías financieras en sus cuentas bancarias personales, donde habría recibido fondos ilícitos mediante un esquema de triangulación de recursos públicos.Las investigaciones de la autoridad señalan un fraude articulado mediante contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos. Estos fondos, provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, debían garantizar la seguridad de los Centros Penitenciarios Federales del país.Sin embargo, el dinero terminó en cuentas de empresas fantasma. La acusada también declaró ingresos menores a los obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, conductas calificadas como graves.El caso salpica de forma directa a su círculo familiar más cercano. Su cuñado terminó arrestado el jueves 9 de julio de 2026 por la Policía Federal Ministerial, tras ser interceptado en Boulevard Kukulcán, dentro de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.Agentes federales trasladaron al sospechoso de inmediato para ponerlo a disposición de un juez en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Las autoridades lo vinculan con las compañías "factureras" fraudulentas que recibieron los millones de pesos del presupuesto gubernamental.El esposo de la expresentadora enfrenta su propio proceso en territorio estadounidense. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también lo arrestó, pero en septiembre de 2025, en Florida, debido a una estancia migratoria irregular, sumando un nuevo capítulo al largo historial de persecución penal.Hoy goza de libertad provisional bajo fianza, porta un dispositivo de geolocalización y tiene estrictas restricciones de movimiento. Su próxima audiencia migratoria está programada para este mes de noviembre de 2026, fecha que definirá su permanencia en el país vecino o su posible expulsión.El gobierno estadounidense negó en mayo de 2026 la solicitud de extradición del empresario presentada por las autoridades mexicanas. Los jueces extranjeros consideraron que los cargos imputados de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero carecen de carácter violento, frenando su entrega directa.El futuro de la pareja depende ahora de las resoluciones migratorias en el país vecino. De concretarse las deportaciones, la fiscalía mexicana asegura que los tribunales nacionales determinarán su responsabilidad conforme a derecho, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.* Se trata de un proceso interno en Estados Unidos que debe resolver por sí mismo y en el que ningún país puede intervenir o tener injerencia. Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF
