El pleno del Senado aprobó por unanimidad en lo general la reforma presidencial que elimina las llamadas "pensiones doradas" en organismos paraestatales como CFE, Luz y Fuerza, así como Pemex, entre otras, pero que no incluye terminar con esos privilegios a los exfuncionarios de las secretarías de Estado, ni tampoco a militares. La reforma aprobada con 116 votos a favor será retroactiva por lo que los pensionados que reciben remuneraciones millonarias de más de 100 mil pesos y hasta un millón en algunos casos, una que sea avalada en la Cámara de Diputados, ganarán alrededor de 70 mil pesos, que es el tope fijado a partir de la mitad del salario de la Presidenta de la República. En el marco de la sesión vespertina en el Senado, se incluyó dicho tope a las jubilaciones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo. En tribuna, el senador por Morena, Javier Corral Jurado, reconoció que esta reforma tendrá efecto retroactivo y precisó que la Constitución no es una Ley, sino una norma fundamental. Por tanto, agregó, las reformas constitucionales pueden operar sobre normas constituidas en el pasado, por lo que con estos cambios no elimina el derecho a la pensión y que, en cambio, limita la existencia de pensiones altas en ciertos segmentos de la llamada "burocracia dorada". Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN, manifestó preocupación en el tema constitucional sobre la reforma, pues podría incidir en el tema de derechos humanos, específicamente sobre seguridad social, derechos adquiridos y sobre los principios de progresividad y no regresividad. Reconoció que existen pensiones excesivas, y que estas deben cesar, no obstante, las propuestas de modificación a la Constitución deberían tener alcance a todas las instancias públicas, como a las Fuerzas Armadas, instituciones educativas y otras entidades del sector público. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que esa bancada respalda la reforma, no obstante, cuestionó que se excluyan a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial, así como considerar tope la percepción de la persona titular del Ejecutivo Federal, siendo esta fluctuante y al considerarla, pudiera generarse incertidumbre jurídica. El dictamen turnado a San Lázaro modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual de la presidenta, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales. La iniciativa presidencial fue respaldada por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias que reconocieron que existen excesos y privilegios de personas que tienen pensiones en Luz y Fuerza, CFE y Pemex con percepciones de entre 200 mil y un millón de pesos. La implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias provenientes de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex y Nacional Financiera. Según datos oficiales, entre tres mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial. EE
