La Estrategia Nacional contra la Extorsión ha comenzado a generar resultados con la detención de cientos de personas presuntamente involucradas en este delito, uno de los que más afecta a comerciantes, productores, transportistas y empresarios en distintas regiones del país.Durante la conferencia matutina del 11 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 6 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026, fueron detenidas mil 847 personas por extorsión en 24 estados de la república.Entre las acciones más recientes destaca un operativo realizado en Michoacán, donde fueron detenidas 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores. De acuerdo con las autoridades, las víctimas pertenecían principalmente a los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.García Harfuch explicó que los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios de Michoacán, y que estarían vinculados con células delictivas relacionadas con el Cártel Nueva Generación (CNG) y Los Caballeros Templarios, grupos con presencia en distintas zonas de la entidad.Las investigaciones se intensificaron luego de que se registraran amenazas contra inspectores y trabajadores relacionados con la producción, operación y exportación de aguacate hacia Estados Unidos. Durante los cateos realizados como parte del operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego largas y cortas, vehículos equipados con inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos.Las acciones contra este delito también se han registrado en Jalisco. A principios de agosto, cinco hombres fueron detenidos en flagrancia durante un operativo de la Fiscalía del Estado y posteriormente vinculados a proceso por su presunta participación en un esquema de extorsión contra representantes de mutualidades en Guadalajara.De acuerdo con las investigaciones, los acusados presuntamente obligaban a los representantes de estas organizaciones a entregar cuotas mensuales de 35 mil pesos para permitirles continuar con sus operaciones.La Estrategia Nacional contra la Extorsión busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno federal y las entidades federativas, homologar las disposiciones legales y mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar este delito.El plan federal se sustenta en cinco ejes principales: persecución de oficio de la extorsión; armonización de los marcos jurídicos estatales; fortalecimiento del número 089 para recibir denuncias anónimas; consolidación de unidades especializadas en las fiscalías y policías; y creación de un manual nacional que permita estandarizar los procedimientos de denuncia e investigación.Con estas acciones, el Gobierno federal pretende reducir la impunidad y facilitar que las víctimas denuncien, particularmente en regiones donde el cobro de piso y otras modalidades de extorsión se han convertido en una amenaza constante para las actividades económicas.LA VOZ DEL EXPERTOGerardo Varela, académico de la Universidad de GuadalajaraPara Gerardo Varela, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aún existen pendientes importantes en el combate a la extorsión, pese a la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio de 2025 y a las reformas federales que establecieron, entre otras medidas, la investigación de oficio de este delito.El especialista reconoció avances, pero alertó sobre una elevada cifra negra provocada por la falta de denuncia de las víctimas. “Muy poca gente denuncia”, señaló, explicando que la población percibe que las autoridades no castigan a los responsables.Ante ello, Varela insistió en transparentar e ir más allá de contabilizar detenciones y operativos: “Ojalá se pudiera impactar de una mejor manera. Lo primero que pudiéramos tratar para mejorar sería tener una mayor certeza acerca de qué está sucediendo, medir mejor los resultados y no solo los operativos”, planteó.Para evaluar el impacto real, propuso un observatorio especializado que registre extorsiones denunciadas, recursos recuperados, cuentas congeladas y el curso de las investigaciones. Asimismo, urgió a una mayor coordinación entre autoridades federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bancos, telefonías y plataformas digitales: “Cuando alguien denuncie, que se tomen en cuenta estas cuentas y se haga un rastreo de cómo está la transferencia para llegar a las personas que están extorsionando”, propuso.Colombia es considerada por Gerardo Varela como una de las naciones que han desarrollado un modelo destacado para combatir los delitos de secuestro y extorsión.Varela destacó el funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), unidades especializadas en la prevención, investigación y atención de ambos delitos.Estos grupos integran a personal de distintas instituciones estatales. “Tienen un perfil de muchos tipos de fuerzas del Estado, como policías, militares, investigación y, obviamente, un sistema de justicia, de su fiscalía”, explicó.El académico señaló que los GAULA cuentan con más de dos mil 300 integrantes y mantienen una operación permanente enfocada en casos específicos de secuestro y extorsión.Si bien distintos países cuentan con unidades especializadas para combatir estos delitos, su efectividad depende de factores como la coordinación institucional, la capacidad de investigación y los niveles de impunidad.“Todos los países tienen unidades contra el secuestro y extorsión, pero, dependiendo del país, no son tan socorridas”, señaló.El modelo colombiano, consideró, destaca por la integración de diferentes instituciones en equipos especializados, lo que permite concentrar capacidades de inteligencia, investigación y respuesta operativa en delitos que requieren atención inmediata.TELÓN DE FONDOLas cárceles del país representan uno de los principales frentes en el combate a la extorsión telefónica. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las autoridades plantean impedir que personas privadas de la libertad utilicen celulares para amenazar a la población y exigir dinero.Sin embargo, pese a que las llamadas originadas desde los centros penitenciarios son un componente de la estrategia, no se han dado a conocer acciones recientes de gran alcance; los datos más recientes señalan que 12 penales concentraban 56% de las líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsiones.Entre las medidas implementadas están el bloqueo de antenas en los alrededores de los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, y la restricción total de servicios 3G y 4G en las inmediaciones del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México.La estrategia contempla, además, desinstalar o modificar antenas, restringir servicios móviles, realizar operativos tácticos y utilizar inteligencia financiera, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para rastrear, bloquear y congelar cuentas vinculadas con estos delitos.Gerardo Varela, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró indispensable impedir el acceso de celulares a los internos.“Muchas de este tipo de extorsiones vienen de ahí. Aunque ya existen dispositivos que pueden bloquear la señal, debe haber una respuesta real para que no haya teléfonos dentro del sistema penitenciario de nuestro país”, señaló.El especialista advirtió que bloquear señales no basta si los dispositivos continúan ingresando y circulando, por lo que pidió fortalecer controles de acceso, revisiones y supervisión permanente.El reto, concluyó, es impedir que las cárceles sigan funcionando como plataformas delictivas y garantizar resultados verificables.
