El periodista Diego Petersen advierte graves incongruencias tras el aseguramiento militar de una fábrica capaz de procesar e industrializar hidrocarburos a 40 kilómetros de Ciudad Victoria, en un operativo que dejó cero personas detenidas.El reciente aseguramiento de una fábrica ilegal de procesamiento y almacenamiento de combustible en Tamaulipas por parte del Ejército Mexicano ha puesto bajo escrutinio público las estrategias oficiales contra el robo de hidrocarburos. Lejos de tratarse de una toma clandestina rudimentaria o un almacén improvisado, la instalación contaba con 18 tanques horizontales, tres tanques verticales, tractocamiones y pipas con capacidad operativa de escala industrial.Sin embargo, el operativo realizado el pasado martes 21 de mayo —y dado a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el viernes 24— ha generado importantes cuestionamientos. En su más reciente columna de opinión, el periodista Diego Petersen contrapone el discurso oficial con las omisiones e incongruencias informativas que rodean a este histórico hallazgo.Uno de los aspectos más críticos señalados por el columnista reside en la falta de aprehensiones en el lugar y el desfase de tres días en la difusión del informe oficial por parte de las autoridades competentes.“Si el aseguramiento fue el martes 21 ¿por qué la Fiscalía General de la República informó hasta el viernes 24 de este que es, sin duda, el mayor hallazgo en la batalla contra el huachicol? ¿Por qué no hay detenidos?”, cuestiona Petersen.El analista enfatiza la contradicción operativa que impera tras casi una semana del despliegue militar sin ningún sospechoso tras las rejas: “¿De verdad son así de ineficientes, o veladamente seguimos en ‘los abrazos y no balazos?’”, reflexiona al cuestionar la efectividad en las investigaciones de la FGR y las fuerzas armadas.Ubicada a tan solo 40 kilómetros de la capital tamaulipeca, en una zona de alto flujo terrestre y aéreo en la frontera norte del país, resulta poco plausible que una planta de este calibre haya operado sin ser advertida por las dependencias de seguridad locales, estatales o federales.“¿Realmente el alcalde, el gobernador, los jefes de policía y las fuerzas federales, llámese Guardia Nacional o Ejército, no sabían de su existencia?”, cuestiona el periodista respecto a la aparente omisión de sobrevuelos y patrullajes en la región.Asimismo, Petersen hace hincapié en la logística necesaria para construir depósitos de tal magnitud, cuyo proceso requiere trabajos altamente especializados de pailería, soldadura y recubrimientos que realizan principalmente proveedores acreditados de Pemex, o bien trámites de importación marítima desde Texas supervisados por la Marina en las aduanas.Para el analista, la operación de este complejo trasciende el delito común y representa “la privatización, vía el crimen organizado, de procesos que, al menos en teoría, son indispensables para nuestra soberanía energética”.El periodista concluye advertido de la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano rinda cuentas de manera transparente sobre esta red de complicidades, en lugar de omitir la discusión en los espacios oficiales de comunicación gubernamental.Con información de Diego Petersen*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
