Ayer, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Ensenada, Baja California, a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de la entidad, bajo cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, derivado de una investigación federal sobre evasión de impuestos aduanales en la importación de combustibles.Tras su captura, el político de 74 años fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana para ser puesto a disposición de un juez de control. Las autoridades lo señalan como pieza clave en una red de huachicol fiscal operada a través de la empresa Ingemar, la cual introducía gasolina desde Estados Unidos declarándola falsamente como aceite quemado o residuos para evitar el pago de aranceles.De acuerdo con registros públicos, la compañía Ingemar se constituyó formalmente en 2018 con el propósito de manejar logística aduanal. Fue hasta el año 2021 cuando el exmandatario estatal se integró oficialmente como accionista de la firma, momento en el que, según las indagatorias de la FGR, comenzaron a registrarse anomalías en los volúmenes de importación reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).El caso tomó relevancia nacional en julio de 2025, cuando fuerzas federales aseguraron 129 ferrotanques en el estado de Coahuila. Este convoy transportaba más de 15 millones de litros de combustible irregular que había cruzado la frontera norte sin la documentación arancelaria correspondiente, encendiendo las alertas de la Secretaría de Energía y las autoridades aduaneras. Días después del aseguramiento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó en conferencia de prensa que la empresa Ingemar estaba directamente relacionada con el cargamento. Los reportes oficiales detallaron que la compañía gestionó la importación de al menos 9 millones de litros de ese lote, declarando que los contenedores viajaban casi vacíos o con desperdicios.Ante los primeros señalamientos mediáticos y judiciales, el exfuncionario panista ofreció diversas entrevistas para defender la legalidad de sus operaciones. Argumentó que su participación se limitaba a la logística y el papeleo aduanal, sosteniendo que todos los permisos estaban en regla y que los tanques efectivamente contenían un 8 por ciento de residuos, tal como indicaban sus pedimentos de importación.La versión de la defensa fue desestimada semanas después mediante peritajes técnicos realizados por la FGR y el SAT. Los análisis químicos y volumétricos demostraron que los contenedores ingresaban al territorio nacional completamente llenos de gasolina regular, configurando el delito de contrabando documentado y consolidando la carpeta de investigación en contra de los socios de la empresa.Con las pruebas recabadas durante más de un año de rastreo financiero, un juez federal liberó la orden de aprehensión a principios de julio de 2026. Este mandato judicial culminó con el operativo en Ensenada, cerrando la fase de investigación inicial y abriendo el proceso penal contra quien en 1989 se convirtiera en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.
