El contrabando de combustibles y las irregularidades en su comercialización provocaron que durante 2025 se dejaran de pagar alrededor de 61 mil millones de pesos (mdp) en impuestos. Sin embargo, las medidas de vigilancia permitieron incrementar la recaudación en aproximadamente 48 mil millones durante los primeros nueve meses de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que el aumento corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque aclaró que no representa necesariamente la recuperación de los recursos evadidos.La Secretaría de Energía también reportó que los volúmenes de combustible declarados en las importaciones aumentaron 10.54% entre enero y septiembre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, lo que aporta otro indicador sobre los resultados de las medidas de fiscalización.La Secretaría de Energía identificó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles entre las compras y ventas declaradas por empresas durante 2025.Su titular, Luz Elena González, detalló que el 72% de las inconsistencias se concentró en comercializadoras, con seis mil 352 millones de litros, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos.Para combatir estas irregularidades, el Gobierno federal estableció un centro de monitoreo que cruza información del SAT, Aduanas y autoridades energéticas, además de intercambiar datos con Estados Unidos.Como resultado de las acciones de fiscalización, también se detectaron mil 952 millones de litros que pretendían ingresar ilegalmente al país, asociados con 13 mil 664 millones de pesos en impuestos.Las investigaciones han derivado en detenciones, cancelación de permisos, inspecciones y denuncias penales.Sheinbaum adelantó que se analizan reformas legales para reducir la intervención de comercializadoras y fortalecer el control sobre la importación, distribución y venta de combustibles.Agencias La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José de Iturbide, Guanajuato, no estuvo relacionado con huachicol, pues las instalaciones contaban con los permisos correspondientes.Durante su conferencia matutina, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó irregularidades en el transporte de combustible hacia el establecimiento, situación que, aseguró, fue resuelta por la empresa.“Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, afirmó.En septiembre, la FGR anunció el aseguramiento del combustible por presuntas irregularidades. Sin embargo, Grupo Simsa sostuvo que la operación de su terminal de almacenamiento era completamente legal y verificable. CT
