El abogado Arturo Germán Rangel, defensor de Ernesto N., explicó los argumentos y documentos que permitieron modificar la medida cautelar del exgobernador de Baja California, quien dejará el penal del Altiplano para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada.Ernesto N. fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. En la audiencia inicial, celebrada el 23 de julio, se le impuso prisión preventiva. La situación cambió este 25 de septiembre, luego de una audiencia realizada en los juzgados del penal del Altiplano, que comenzó alrededor de las 11:00 horas. Antes de las 14:00 horas, Rangel confirmó que el juez autorizó sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria.De acuerdo con el abogado, Ernesto N. cumplirá la medida en un domicilio de Ensenada del que es copropietario y que recibió como parte de una herencia familiar. La defensa estima que podría encontrarse nuevamente en Baja California el lunes 28 de septiembre.Rangel explicó que la resolución no debía interpretarse como un triunfo de la defensa, sino como el resultado de acreditar los requisitos establecidos por la ley.“No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, dijo el abogado.Durante la audiencia inicial, la defensa había planteado la edad de Ernesto N., de 74 años, como uno de los argumentos para solicitar la prisión domiciliaria. Sin embargo, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que la edad, por sí sola, no justificaba modificar la medida cautelar.Posteriormente, el pasado 22 de septiembre, se dio a conocer una suspensión definitiva relacionada con la resolución que había rechazado la apelación presentada por la defensa.Para esta nueva audiencia, los abogados incorporaron elementos que no habían sido presentados inicialmente.Entre los nuevos documentos se incluyeron dictámenes médicos y forenses relacionados con el deterioro de salud que, según la defensa, ha presentado Ernesto N. desde el inicio de sus padecimientos.También se presentaron testimonios de familiares y vecinos, además de documentación para acreditar el arraigo del exgobernador en Ensenada.Rangel explicó que el inmueble donde Ernesto N. cumplirá la medida tiene más de 14 años de ser habitado por él y que es copropietario del mismo debido a una herencia de sus padres.De acuerdo con el abogado, estos elementos fueron considerados para establecer que no existía un riesgo de sustracción.“Todo eso no se había presentado con anterioridad y la Fiscalía, repito, fue sensible, lo valoró, lo ponderó y consideró que era procedente la solicitud de la defensa”, dijo Rangel.La defensa también argumentó un deterioro físico durante los aproximadamente dos meses que Ernesto N. permaneció recluido.“Estamos contentos porque venía él en una situación de venir bajando de peso. Se venía deteriorando su salud”, expresó el abogado.Rangel aseguró que su representado perdió alrededor de seis kilos durante su estancia en el penal, situación que atribuyó a las condiciones de alimentación y descanso.El abogado explicó que el juez estableció un plazo aproximado de 48 horas para comenzar el procedimiento de excarcelación.Debido a los tiempos requeridos para el traslado bajo custodia de la Guardia Nacional, la defensa estima que Ernesto N. podría llegar a su domicilio en Ensenada el lunes 28 de septiembre.Una de las condiciones establecidas consiste en que el exgobernador no mantenga comunicación con personas involucradas en la causa.“Porque por la propia dinámica de que ahorita estamos en la investigación complementaria, no está cerrada y hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplir”.Además, permanecerá con la prohibición de salir del país, una medida que, según Rangel, fue propuesta por la propia defensa y no por la Fiscalía General de la República.Respecto a las cuentas bancarias de Ernesto N., el abogado señaló que permanecen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque precisó que la medida corresponde a una sola institución bancaria.Durante la audiencia se planteó una garantía económica adicional; sin embargo, de acuerdo con Rangel, el juez no la estableció debido a que su representado no tiene posibilidad de cubrirla mientras sus recursos permanezcan congelados.Ante esta situación, la defensa buscará una alternativa jurídica que permita a Ernesto N. disponer de alguna de sus cuentas para cubrir sus gastos mientras continúa el proceso.Rangel también se refirió a la participación de Ernesto N. en Ingemar, empresa señalada por la FGR dentro de la investigación por presunto contrabando de hidrocarburos.El abogado sostuvo que su representado no es accionista mayoritario y ubicó su participación económica entre 39 y 40% del capital.Además, negó que Ernesto N. tenga funciones operativas o de dirección dentro de la compañía.“No, no, no, él, él no tiene ni oficina en la empresa”.La defensa también deberá enfrentar la restricción para que Ernesto N. ejerza funciones de dirección en Ingemar mientras continúa la investigación complementaria.Rangel consideró que esta medida es correcta mientras se desarrolla la investigación y aseguró que corresponderá a la defensa presentar los datos y medios de prueba para demostrar que su representado no participó en los hechos investigados.El proceso penal continuará abierto mientras la Fiscalía General de la República desarrolla la investigación complementaria.La jueza Alejandra Ramírez de la Vega estableció un plazo de seis meses para esta etapa.“Es lo que sigue. Está abierta y la juez original dictaminó seis meses. Ahora nos vamos a abocar a eso”, concluyó Rangel.De esta manera, el cambio de medida cautelar no significa que el proceso penal contra Ernesto N. haya concluido. El exgobernador continuará sujeto a las condiciones impuestas por el juez mientras avanza la investigación.La causa penal 253/2026 forma parte de una investigación de la FGR contra una presunta red relacionada con el llamado huachicol fiscal.De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, fueron identificadas 25 personas como presuntos integrantes de la estructura y se libraron órdenes de aprehensión en su contra.Con la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, el pasado 12 de agosto, sumaron nueve personas detenidas dentro de la investigación.La lista incluye a Ernesto N., Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Merino Valdés Cuervo y Guadalupe Hernández Hinojosa.Ernesto N., Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez fueron vinculados a proceso por la jueza Ramírez de la Vega.Con la resolución de este 25 de septiembre, Ernesto N. dejará el penal del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada.Por su parte, Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez permanecen recluidos en el Altiplano. De la Peña Ramos y De la Peña Rosales enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Bárcenas Guillén y Hernández Hinojosa permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.Según la FGR, la investigación apunta a una estructura que habría ingresado combustible procedente de refinerías de Texas a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.La Fiscalía sostiene que en algunos casos los cargamentos habrían sido declarados con cantidades menores a las realmente transportadas. También investiga operaciones en las que presuntamente se registró un producto diferente al hidrocarburo para reducir las obligaciones fiscales.La fiscal general Ernestina Godoy informó que durante una primera etapa de la investigación fueron identificados 162 carros tanque y cuatro mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía, la evasión de IEPS e IVA superó los 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados, mientras que el daño total estimado a la hacienda pública superaría los cuatro mil millones de pesos.La FGR también reportó movimientos financieros por miles de millones de pesos mediante cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias en dólares, transacciones que forman parte de las líneas de investigación del caso.Con la modificación de la medida cautelar, Ernesto N. continuará su proceso en prisión domiciliaria, mientras la Fiscalía y la defensa presentan nuevos elementos durante los seis meses establecidos para la investigación complementaria. 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