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Jueves, 16 de Agosto 2018

Empresarios apoyan al Ejército en las calles

Destacan que la Ley de Seguridad Interior da “certidumbre jurídica” a las Fuerzas Armadas; piden al Senado que la apruebe
 

Por: El Informador

México Evalúa señala que la legislación contiene elementos que dan margen al abuso. EFE/U. Basurto

México Evalúa señala que la legislación contiene elementos que dan margen al abuso. EFE/U. Basurto

Tras las críticas de agrupaciones defensoras de derechos humanos a la Ley de Seguridad Interior, aprobada el jueves en la Cámara de Diputados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su respaldo a la legislación y pidió a los senadores dar su aval sin demora.

Los empresarios consideraron que la aprobación de la Ley, que da “certidumbre jurídica” a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y a la inseguridad, es un “primer paso” para avanzar en materia de seguridad.

El CCE destacó que la participación de los militares “en tareas de seguridad ajenas a la defensa nacional no deben ser normalizadas, sino eficazmente reguladas”.

La iniciativa establece que la aplicación de la ley corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”. Su intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial.

En ese sentido, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, aseguró que la reforma es constitucional y afirmó que las Fuerzas Armadas no regresarán a sus cuarteles mientras se necesite. “Los militares son pueblo uniformado, de modo que cuando se requiera, y las condiciones lo permitan, seguramente los militares no sólo regresarán a los cuarteles, sino seguirán sirviendo con la misma eficacia cuando se trata de desastres naturales o de auxilio a la población civil”.

Los empresarios también hicieron un exhorto al Senado para que apruebe sin dilación el proyecto legislativo en el actual periodo ordinario de sesiones. De hecho, la Cámara alta ya recibió la minuta y la turnó a las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos.

El CCE destacó la necesidad de seguir fortaleciendo el Estado de derecho, ya que es “una condición indispensable para alcanzar el desarrollo” y un crecimiento económico sostenido y más acelerado.

Pero ayer también hubo voces adversas. Un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del Senado contra el nuevo marco legal, al argumentar que fomentará la militarización en el país.

Por su parte, PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano advirtieron que la Ley de Seguridad Interior contraviene la Carta Magna sobre la labor de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ante lo que buscarán presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, aseguró que la reforma es constitucional y que las Fuerzas Armadas no regresarán a sus cuarteles mientras se necesite. SUN

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Falta claridad en ley

Rodrigo Soto Morales (académico de la UP)

Rodrigo Soto Morales, profesor de Derecho a la Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana (UP), señaló que falta precisión en tres puntos importantes de la Ley de Seguridad Interior: la temporalidad, la justificación para la declaratoria y las facultades de investigación.

Soto Morales explicó que la Ley de Seguridad Interior no militariza a la seguridad pues señaló que el tema de la seguridad nacional es responsabilidad del Ejecutivo. “No militariza a la seguridad pública, estamos hablando de un tema de seguridad nacional. El concepto de seguridad interior pertenece a la seguridad nacional no a la pública. Está hablando de una situación de emergencia y de un estado de excepción donde los gobiernos locales ya no tienen la capacidad de facto de hacer frente a un riesgo o amenaza”.

“Creo que se está cometiendo un error en el reclamo. El dictamen aprobado ayer establece un procedimiento para que el ejecutivo actúe cuando está en peligro la soberanía, permanencia y la integridad del Estado mexicano en su conjunto. Esas facultades de investigación y de proceder siempre han existido en la Constitución Mexicana y de forma más clara a partir del 2004 con la Ley de Seguridad Nacional”.

Por su parte el ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez afirmó que analizará, en caso de ser aprobada, la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Expresó preocupación por algunos de sus contenidos. “Exhorto a la mayor prudencia, al mayor debate, a la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas”, señaló durante una conferencia de prensa en Washington.

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