La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, hicieron un llamado a votar en la elección del 1 de junio, confiando en que la ciudadanía sabrá analizar los perfiles para emitir un sufragio informado, ante los llamados a no acudir a las urnas y la distribución masiva de acordeones.Durante el Foro informativo para personas visitantes extranjeras, la presidenta Guadalupe Taddei aclaró que la ciudadanía puede llevar sus anotaciones, como lo hará ella también, para recordar por quién votar debido al gran número de candidaturas que implica esta elección.“Todos los mexicanos sabemos cómo ir a votar. Yo estoy segura que este primero de junio irán muchos a sufragar y seguramente cada uno de nosotros llevará su propio escrito por tantos números que tenemos que marcar”, apuntó.Recordó que los tiempos de la organización del proceso electoral fueron diferentes, desde la aprobación de la reforma electoral, hasta las suspensiones judiciales que frenaron los trabajos del órgano electoral por dos meses.“El instituto sufrió un recorte drástico en su presupuesto y, efectivamente, es complicado este proceso porque el INE en su haber, no tenía el conocimiento de todo el sistema judicial de nuestro país. Lo primero que tuvimos que hacer es tirarnos un clavado para saber qué y cómo estaba constituido el Poder Judicial y poder entenderlo, comprender su dinámica, la armonía que debían que tener todos los documentos que nosotros generáramos para que esto sea lo más terso y lo más parecido a lo que ya conocíamos”, apuntó.Destacó que en este proceso electoral están acreditados más de 316 mil observadores electorales, la cifra más alta desde la elección de 1994. Y señaló que contrario a los cuestionamientos sobre el origen de los observadores, ya que varios intentaron entrar siendo militantes, está satisfecha con este proceso.“Ya lo está a través de nuestros funcionarios de mesas directivas de casilla y lo estará en el seguimiento puntual, si así deciden los observadores, bajo su estricta responsabilidad y recursos, acompañar los mecanismos de traslado de los paquetes. Esto que le hemos denominado cadena de custodia y que tiene un valor jurídico fundamental en nuestro sistema”, aseguró.Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto, señaló que negarse a votar es un derecho que puede ejercerse o no, pero no es igual a una campaña destinada a desincentivar el voto de la ciudadanía.“Cualquier esfuerzo por bloquear este libre ejercicio del voto es contrario a los estándares internacionales y a la vocación de nuestras democracias. Un verdadero demócrata es el que promueve el voto como un derecho ciudadano”, subrayó.Apuntó que hubo intentos por frenar el proceso electoral y también invadir competencias del propio Tribunal Electoral, que derivaron en críticas hacia el órgano jurisdiccional.“El Tribunal Electoral tuvo que asumir, con mayor firmeza que en procesos anteriores, la defensa de su autonomía e independencia. Hubo jueces incompetentes que con amparos intentaron detener el trabajo del Tribunal”, sostuvo.Además, el INE recibió solicitudes de 375 visitantes extranjeros provenientes de 40 países, así como organizaciones que observarán el desarrollo de la elección judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió al Gobierno federal suspender las elecciones judiciales ante las medidas dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.“La admisión del caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU confirma que existen indicios de graves violaciones a los derechos humanos de los juzgadores mexicanos, así como una profunda afectación a la independencia judicial, piedra angular del Estado democrático de derecho”, aseguró la Jufed.Explicó que el Comité ha solicitado al Estado la adopción de medidas de protección a favor de los juzgadores, a fin de evitar cualquier forma de intimidación o represalia por su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.En conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IRESODH), la Jufed exigió al Estado la suspensión inmediata de las elecciones judiciales derivadas de la denominada “Comité de Derechos Humanos” en tanto se sustancia el caso ante el Comité de ese organismo mundial.Exigió cumplir con las medidas provisionales solicitadas por el Comité, garantizando la protección efectiva de los juzgadores. “Continuar con este proceso, ignorando las recomendaciones de los órganos internacionales, constituiría una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”, aseveró la Jufed.La protesta de los magistrados va acompañada de los datos proporcionados por la organización civil Data Cívica, que informó que durante las campañas para las elecciones judiciales no se registraron ataques contra candidaturas, pero sí contra personas juzgadoras en funciones y parte de sus equipos de trabajo, lo que evidencia que están en la mira del crimen organizado.El informe “Violencia político-criminal contra personas juzgadoras en México: un análisis antes y durante el periodo electoral (2018–2025)” precisó que de los 25 ataques de violencia político-criminal contra personas juzgadoras que se han documentado desde 2018: 13 fueron contra personas juzgadoras, nueve trabajadores del poder judicial y tres familiares.Durante este año, la organización reportó seis de estos ataques: tres amenazas a magistrados, un atentado contra una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; un ataque a un chofer de un magistrado y el asesinato de un juez cívico en Oaxaca. Según una encuesta de la Fundación Konrad Adenauer y Parametría, el 77% de los mexicanos no conoce a ninguno de los candidatos que aparecen en las boletas, y el 68 % no sabe distinguir entre un juez, un magistrado y un ministro. A unas horas de la inédita elección judicial del 1 de junio, los mexicanos se perfilan a votar por sus jueces y magistrados sin contar con mucha información o conocimiento sobre el proceso y sus candidatos, en una jornada en la que las encuestas estiman del 15% de participación del electorado.En el Centro de la Ciudad de México, frente a uno de los juzgados donde trabaja desde hace 20 años, Héctor Fernando Ramírez limpia los zapatos de quienes están llamados a las urnas mañana para renovar 881 cargos federales de entre casi 3 mil 500 candidatos.El bolero de 64 años, en cambio, ya tomó la decisión de no votar porque no tiene “por quién” hacerlo, y aunque sabe que es su obligación ciudadana, considera que esta elección es una “pérdida de tiempo”.“Yo digo que en vez de estar tirando tanto dinero en esas votaciones, mejor se deberían preocupar más por el pueblo, y yo creo que el pueblo lo agradecería más que fueras a una dependencia pública, los que no tienen seguro, y les dieran el medicamento bien, pero bueno, así nos tocó y ni modo”, comentó el oriundo de Nezahualcóyotl (Estado de México).Las encuestas más recientes anticipan una participación de entre el 8% y el 23% del electorado compuesto por casi 100 millones de mexicanos, quienes están llamados a participar en la elección cuyo presupuesto asignado al INE supera los 2 mil 400 millones de pesos.Para Víctor Hugo Buendía, abogado de 25 años, el mayor reto de estos comicios es la complejidad de las boletas y la escasa información disponible para la ciudadanía, sobre todo en zonas rurales, donde el acceso a los perfiles de los aspirantes es aún más limitado.“Uno se puede poner a investigar y todo, pero para el ciudadano de a pie no hay suficiente información para que pueda emitir un sufragio”, expuso Buendía.No obstante, se mostró optimista con la renovación del Poder Judicial para poder exigir “cuentas” a los nuevos jueces y afirmó tener claro su voto en las seis boletas federales, pero reconoció que aún no se ha informado sobre los candidatos locales a renovar en su distrito.Flor, maestra de 34 años, compartió que ha decidido no votar como una “demostración de inconformidad” ante la reforma judicial que consideró fue realizada con prisas, sin tomar en cuenta varios factores. CT
