Los megaproyectos y programas emblemáticos impulsados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúan representando una pesada carga para las finanzas públicas, debido a los recursos destinados a su construcción, los subsidios que aún reciben y las pérdidas generadas durante su operación.El Tren Maya concentra la mayor inversión. Su construcción y operación han requerido alrededor de 541 mil millones de pesos; sin embargo, los ingresos por la venta de boletos y la comercialización de bienes y servicios no han sido suficientes. Tan solo en 2025 reportó pérdidas por cuatro mil 810 millones de pesos, un déficit que fue cubierto con recursos públicos.La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, también ha estado marcada por sobrecostos. El presupuesto original pasó de ocho mil millones de dólares a más de 16 mil millones. A ello se suma una producción por debajo de las expectativas: en junio refinó 141 mil barriles diarios de combustible, apenas 41% de su capacidad instalada. Además, en los últimos meses ha registrado diversos incidentes, incluido un incendio que dejó cinco personas fallecidas.El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya construcción requirió más de 91 mil millones de pesos, ha incrementado gradualmente su número de pasajeros, pero su operación continúa respaldada por subsidios federales. Para fortalecer su conectividad, el Gobierno trasladó las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construyó el Tren Felipe Ángeles. Pero siguen los problemas de interconexión con pasajeros.Leonardo Núñez, director de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, calificó estos proyectos como un “uso irresponsable del dinero público” y advirtió que algunos, como el AIFA, continuarán requiriendo recursos federales durante varios años. En el sector aéreo, Mexicana de Aviación tampoco ha alcanzado las metas de pasajeros proyectadas. Requiere de la inversión privada, según expertos.Antonio Ruiz Porras, académico de la UdeG, consideró que varios de estos proyectos ya no pueden revertirse, por lo que el reto consiste en reestructurarlos para reducir las pérdidas que generan al erario. Advirtió que este escenario incrementa la presión sobre las finanzas públicas, particularmente mientras Petróleos Mexicanos continúa representando otra carga para el Gobierno federal.Otros proyectos estratégicos enfrentan cuestionamientos. El Tren Interoceánico, cuyo costo de construcción se triplicó, sufrió un descarrilamiento en diciembre pasado que dejó 14 personas fallecidas.La Megafarmacia del Bienestar, por su parte, recibió una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, pero no logró consolidarse como el gran centro nacional de distribución de medicamentos.Gas Bienestar tampoco alcanzó las metas planteadas. Aunque redujo temporalmente el precio del combustible, su operación quedó limitada a la Ciudad de México y no consiguió generar un impacto sostenido en el mercado. Sembrando Vida, en tanto, ha enfrentado críticas por la deforestación y la falta de planeación, mientras que Litio MX sigue sin concretar proyectos de extracción. La refinería de Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, representa un contraste para las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex): aunque se mantiene como la planta más productiva de la empresa, acumula dos años consecutivos con pérdidas operativas.Durante el primer trimestre de 2026, Deer Park produjo un promedio de 287 mil barriles diarios de gasolinas, diésel y turbosina, volumen que la colocó como la refinería con mayor producción entre las instalaciones operadas por Pemex. Con este nivel superó a complejos nacionales como Tula y Dos Bocas.Sin embargo, su elevada productividad no se ha traducido en resultados financieros positivos. Después de un inicio favorable bajo el control total de Pemex, con utilidades de 954 millones de dólares en 2022 y 581 millones en 2023, la refinería registró su primer resultado negativo en 2024, cuando reportó una pérdida de 118 millones de dólares.De acuerdo con los informes financieros de la petrolera, la tendencia continuó en 2025, cuando Deer Park cerró con un saldo negativo de 80 millones de dólares. El resultado estuvo relacionado, principalmente, con fuertes inversiones en infraestructura, trabajos de mantenimiento y condiciones menos favorables en el mercado internacional de combustibles.Durante el año pasado, la refinería realizó un programa de mantenimiento profundo que requirió una inversión de al menos 500 millones de dólares. Aunque los trabajos concluyeron al cierre de 2025, la suspensión parcial de operaciones necesaria para llevar a cabo las reparaciones tuvo un impacto directo en los ingresos obtenidos durante el ejercicio.A estos factores se sumó una reducción en el procesamiento de crudo. En 2025, Deer Park procesó un promedio de 261 mil barriles diarios, una disminución de 3.9% respecto al año anterior. La menor carga de crudo también se reflejó en la producción de combustibles, que cayó 6.3%, hasta ubicarse en 240 mil barriles diarios de gasolinas, diésel y turbosina.Otro elemento que afectó sus resultados fueron los márgenes de refinación. Los beneficios obtenidos por transformar el crudo en combustibles en la costa del golfo de México disminuyeron respecto de los niveles registrados previamente, lo que redujo el margen de rentabilidad de la planta.Deer Park es un activo estratégico para Pemex debido a su capacidad de procesamiento y a su ubicación en uno de los principales corredores energéticos de Estados Unidos. La refinería cuenta con infraestructura para procesar crudos y producir diversos combustibles destinados al mercado estadounidense.La adquisición de la planta también representó una inversión importante para la petrolera mexicana. En 2022, Pemex desembolsó 594 millones de dólares para adquirir el 50% restante de las acciones de Deer Park, con lo que pasó a tener el control total de la instalación.Así, pese a que destaca por su capacidad productiva frente al resto de las refinerías de Pemex, sus resultados financieros muestran que una mayor producción no necesariamente se traduce en rentabilidad. Los costos de mantenimiento, las interrupciones operativas, el nivel de procesamiento y las condiciones del mercado internacional continúan siendo factores determinantes para sus finanzas. A pesar de que una de sus principales promesas de campaña fue no endeudar más a México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó al país con un incremento de más de seis billones de pesos en la deuda pública. El endeudamiento continuó al alza durante los Gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T).Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la administración de Enrique Peña Nieto concluyó con una deuda de 10 billones 829 mil millones de pesos, mientras que la de López Obrador cerró en 17 billones 426 mil millones. Esta inercia continuó: para el segundo trimestre de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) superó los 19 billones de pesos.Entre los factores que han presionado las finanzas nacionales destacan el impacto de la pandemia de Covid-19, la situación financiera de Pemex, la cancelación del aeropuerto en Texcoco -que generó importantes compromisos financieros-, el gasto en programas sociales y pensiones, y el costo de los megaproyectos de infraestructura.La combinación de estas obligaciones con el pago de intereses reduce el margen del Gobierno para financiar nuevas inversiones; frente a ello, se ha recurrido cada vez más a esquemas de participación privada, los cuales alivian el costo inicial pero pueden generar compromisos financieros a largo plazo.En suma, el aumento de la deuda, el sostenimiento de los megaproyectos y la carga del gasto social imponen severas presiones fiscales. El desafío central para la 4T será contener el endeudamiento sin comprometer la operación de sus programas ni heredar una carga financiera mayor a las siguientes administraciones. Voz del experto Leonardo Núñez, director de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de GuadalajaraLos gastos asociados con los megaproyectos y programas estratégicos impulsados durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúan presionando las finanzas públicas, mientras algunos reciben recursos o mantienen su operación durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.Leonardo Núñez, director de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, calificó estos proyectos como un “uso irresponsable del dinero público” y cuestionó la falta de planeación con que fueron ejecutados.“La falta de planificación hace que no tengan la austeridad necesaria porque se incentivó que se terminaran de manera inmediata para poderlas presumir, en lugar de reparar fallas”.El especialista señaló que existe un descontrol en la supervisión de los recursos, debido a una insuficiente fiscalización del Congreso de la Unión y otras instancias auditoras. Advirtió que algunas obras seguirán demandando recursos durante años, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya rentabilidad podría tardar décadas.“La TUA se sigue utilizando para pagar las fibras y los contratos de la cancelación del Aeropuerto (de Texcoco), lo seguimos pagando los mexicanos. No solamente se está perdiendo dinero por la construcción y subutilización del AIFA, sino que, además, seguimos pagando la cancelación del otro aeropuerto”.Por su parte, Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, consideró que los costos de las obras y estrategias del sexenio anterior limitan recursos para otros sectores.“Le están poniendo problemas bastante fuertes a este Gobierno porque realmente son deudas heredadas y son deudas que están teniendo un costo que no fue esperado en la administración porque les estallaron”.A esta carga se suman los recursos destinados anualmente a Petróleos Mexicanos, que continúa enfrentando problemas financieros. Ante este escenario, Ruiz Porras consideró necesario que el Gobierno federal implemente medidas para contener el impacto de estos proyectos sobre las finanzas públicas; advirtió que sus costos no desaparecerán con el cambio de administración y podrían trasladarse durante años a los siguientes Gobiernos. CT
