Una jueza ordenó ayer la “suspensión definitiva” de la reforma que aprobó el mes pasado el Senado, con la que eliminó 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los recursos se emplean para financiar derechos laborales, tales como complementos de pensiones y gastos médicos, de unos 55 mil empleados del PJF.El Presidente Andrés Manuel López Obrador había promovido la extinción de los fideicomisos alegando que eran foco de corrupción y se utilizaban para pagar privilegios y onerosos sueldos de los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces.La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial presentó un juicio de amparo ante la eliminación de los fondos. Las tres mujeres abogadas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado para dar a conocer sus perfiles y exponer lo idóneo de su candidatura.Luego de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a comienzos de noviembre, López Obrador propuso hace dos semanas a Bertha María Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; a Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres y María Estela Ríos, actual consejera jurídica de la Presidencia de México.Tras la presentación de las tres, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la idoneidad de las aspirantes con 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención, y el asunto pasó al Pleno para discutirse mañana.Las tres “cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó el Senado en un comunicado y agregó que “las tres candidatas son elegibles para cubrir la vacante que dejó Zaldívar”.La polémica cae sobre las tres ya que, según la oposición, las tres son afines al Presidente.“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”, dijo Alcalde Luján y enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, “con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho”.Reconoció que tiene coincidencias en los principios y valores con el actual Gobierno. Sin embargo, afirmó que “su independencia y autonomía están garantizadas”.Por su parte, Batres apuntó que actualmente el poder que mayor amenaza representa para la independencia, imparcialidad y objetividad de los poderes judiciales, no es el Gobierno, ni las y los legisladores, sino el poder del mercado, “que ha llegado a subordinar a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades”.Dijo que firmó que “de aprobarse su nombramiento, su actuar se guiaría por principios democráticos y de derechos humanos” asentados en la Constitución mexicana, de origen popular y republicano, porque “las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad”.Mientras que Ríos dijo que se comprometió “a dejar de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera nublar mi razón. Servir a mi país desde la Corte será para mí, como mexicana, mujer y abogada, la oportunidad de contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial que haga efectivo, para todos los habitantes de este país, sin distinción alguna, el derecho humano a vivir dignamente y con justicia”.Además, entiende que el Poder Judicial de la Federación y los poderes Legislativos y Ejecutivo “deben mantener una relación equilibrada entre sí. Ese es el sentido de la división de poderes, establecer una serie de contrapesos para que ningún poder se imponga sobre el otro”.EFE Con esta propuesta, López Obrador habrá nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte, aunque dos de ellos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, han mostrado su independencia, mientras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votan de forma consistente a favor de los proyectos del mandatario. La ministra Loretta Ortiz y el ex ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar se enfrascaron en una discusión a través de redes sociales sobre el número de pendientes que cada uno dejó en la Corte, luego de que Zaldívar renunciara y la ministra ocupara la vacante que dejó en la Primera Sala.La discusión inició luego de que la ministra Loretta Ortiz revelara en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara que Arturo Zaldívar dejó 169 asuntos pendientes tras su renuncia.Por lo anterior, el ex presidente de la Corte fundamentó su respuesta en los registros de la SCJN y destacó que fue el ministro de la Primera Sala al que más asuntos le fueron turnados, puntualizando que fueron más de una cuarta parte; es decir, 411 asuntos -102 más que al ministro que le sigue en número de casos turnados-.Señaló que, a la fecha de su renuncia, sus compañeros de la Primera Sala -ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena-, contaban con un número similar de asuntos pendientes sin resolver.Apuntó que dejó 29 asuntos con proyecto de sentencia, de los cuales, siete estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre “y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra Ortiz”.“Por último, la ministra Ortiz dejó a la fecha de su cambio de Sala, 14 expedientes más que los que quedaron pendientes en mi ponencia después de mi renuncia”, escribió.Por su parte, la ministra Loretta Ortiz reviró y señaló que dejó 32 asuntos sin proyecto y no como el caso de Arturo Zaldívar que dejó 169 asuntos.En redes sociales indicó que al 10 de noviembre de 2023, último corte estadístico previo al cambio de adscripción, se encontraban pendientes de resolución 89 asuntos a su cargo en la Segunda Sala.De estos, 28 estaban listados y 29 con proyecto de resolución enviado a la Secretaría de Acuerdos. Consecuencia, sólo 32 asuntos a mi cargo se encontraban sin proyecto al momento del cambio de adscripción.“De acuerdo con el mismo documento, elaborado por la Oficina de Estadística Judicial de la SCJN, el ministro Zaldívar tenía 169 asuntos pendientes de resolución”, refirió.La ministra indicó que de los asuntos pendientes, solo 16 se encontraban listados y 5 con proyecto. Por lo tanto, el ministro tenía 148 asuntos pendientes de proyecto.“Es así que a la fecha de mi cambio de Sala no dejé 14 expedientes más que el ministro, sino 116 menos”, resaltó.El Universal CT
