El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. La votación final fue de 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente de las bancadas del PAN y del PRI, quienes advirtieron que, pese a ajustes, la norma mantiene elementos que permitirán la vigilancia sin control judicial y limitaciones a la libertad de expresión.Entre los cambios realizados al proyecto original destaca la eliminación del polémico artículo 109, que facultaba al Gobierno para bloquear plataformas digitales. Sin embargo, especialistas advierten que persisten riesgos serios a los derechos fundamentales.Los puntos más polémicos de la reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados son que se permitirá la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos celulares de los ciudadanos sin una orden judicial; y la posibilidad de suspender las trasmisiones de radio y televisión bajo el argumentar de violar los derechos de las audiencias.Sandro Arreola, politólogo, subraya que la aprobación de la geolocalización en tiempo real sin orden judicial, así como el registro de telefonía móvil, formaliza prácticas discrecionales que ya ejercen algunas autoridades. “Es especialmente grave porque se institucionaliza un sistema de vigilancia permanente. El problema no es sólo la existencia de estas herramientas, sino el uso que se les pueda dar sin contrapesos judiciales”, dijo.Arreola también cuestionó la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por su falta de autonomía. Por su parte, Jersain Llamas, consultor en ciberseguridad, advirtió que la ley promueve una “vigilancia masiva” con consecuencias indirectas en la libertad de expresión. “Si los ciudadanos sienten que están siendo monitoreados constantemente, podrían dejar de expresarse libremente por miedo a represalias. Eso es censura indirecta”, explicó.Llamas también alertó que la reforma complementa cambios recientes al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, lo cual fortalece el enfoque de seguridad nacional para justificar acciones de control sin garantías judiciales. Uno de los puntos que se mantiene es el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, con excepción de contenidos culturales, turísticos o deportivos. Este mecanismo es visto por la oposición como una vía para restringir contenidos críticos.También se prevé la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con supuesta independencia técnica, pero cuyos lineamientos dependerán de una estructura de designación alineada al Ejecutivo federal.El senador del PRI, Alejandro Moreno, calificó la ley como una “guía para fortalecer un régimen dictatorial”. Mientras que Ricardo Anaya, del PAN, acusó que se trata de una norma con rasgos autoritarios: “Geolocalización en tiempo real, poder para suspender transmisiones, eso es censura”, dijo.El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. Mientras tanto, expertos coinciden: las modificaciones no eliminan el riesgo de censura ni garantizan la protección de la privacidad ciudadana.Por otra parte, se aprobó en comisiones la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que propone un modelo basado en prevención y profesionalización policial. La norma busca fortalecer la colaboración entre Federación, Estados y municipios, aunque genera preocupación por posibles afectaciones a la privacidad ciudadana.
