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Lunes, 19 de Noviembre 2018

Estado capturado

¿Es posible separar el poder político y el económico? ¿Quién mantiene al Gobierno sometido a intereses particulares?

Por: Enrique Toussaint

Estado capturado

Estado capturado

En México, cuatro hombres de negocios concentran el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Las riquezas más grandes del México contemporáneo se forjaron en las privatizaciones de los noventa. El neoliberalismo a la mexicana, supuestamente cimentado en la meritocracia y la competencia, se cimentó en el desmantelamiento de lo público. Las grandes fortunas no nacieron de la innovación o la creatividad, sino del capitalismo de cuates y el secuestro del Estado para fines particulares. Andrés Manuel López Obrador tiene razón: en México, el poder político y el poder económico están imbricados. Una Hidra de Lerna, con un cuerpo, pero múltiples cabezas.

La transición a la democracia dejó un Estado débil, cooptado y vulnerado. No sólo es el poder económico o los mercados los que chantajean al Estado, sino también los sindicatos, los intereses partidistas y las distintas corporaciones que reclaman intereses particulares. Organizaciones rentistas que secuestran el gasto público, la estructura fiscal y el estado de derecho. El mexicano es un Estado débil por su incapacidad para defender y garantizar el interés público. Sea el combate a la violencia, a la corrupción, a la pobreza o a la desigualdad. Es un Estado capturado por aquellos que defienden agendas particulares y no el interés general.

La captura más palpable es aquella que ejercen los grupos del crimen organizado. En México, la penetración de los criminales en las estructuras de gobiernos locales es profundísima. Como lo sostienen Guillermo Trejo y Sandra Ley (2015), el municipio -como instancia de Gobierno- ha sido secuestrado por los narcos: “en las nuevas guerras del narco el municipio se volvió un jugoso botín que da acceso a fuentes alternativas de ingreso para financiar las batallas por el control del narcotráfico. Los grupos criminales extraen recursos del erario municipal y a través de las instituciones locales ejercen la extorsión y el secuestro, y ejecutan o desaparecen a quienes se oponen a su dominio”. Ya sea por razones económicas o por anemia institucional, pero la mayoría de los municipios en México están secuestrados.

La política fiscal también refleja los intereses de una minoría. Oxfam, en su estudio Desigualdad Extrema en México, muestra como los impuestos en nuestro país se sostienen exprimiendo a las clases medias, cautivas, y cobrando muy poco a las grandes fortunas. En comparación con el resto de América Latina y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la presión fiscal a los privilegiados es mínima. También, el 10% más rico del país, tiene acceso a toda clase de deducciones y exenciones que serían impensables en otras latitudes. Es decir, existe una captura del Estado, en materia fiscal, para favorecer a los que más tienen en detrimento de las necesidades de las mayorías.

En el gasto ocurre más o menos lo mismo. El gasto público en México no está sirviendo para construir una sociedad con mayores niveles de igualdad. En México, la desigualdad, antes de cobrar impuestos y después de las transferencias, se mantiene en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? El gasto público no corrige desigualdades, sea por corrupción, ineficiencia o insuficiencia. Por ejemplo, Polonia y Portugal son casi tan desiguales como nosotros antes de la intervención del Estado, pero luego de las transferencias, reducen las inequidades económicas a la mitad. El gasto público en México está secuestrado por intereses corporativos que diluyen su función niveladora. El secuestro hace que se invierta en lo que estos grupos organizados quieren, sean obras de infraestructura o programas sociales, pero no en interés de las mayorías.

Los salarios, también. Desde los ochenta, la competitividad de la economía mexicana no se basa en su capacidad para innovar o en la calidad de la mano o mente de obra. Ha existido en México una política institucionalizada para competir globalmente con la depreciación constante de los salarios. Dice el sector empresarial que es porque hay que atar la mejora salarial a la productividad. De acuerdo al Financiero, de 2007 a 2014, las remuneraciones en el sector manufacturero crecieron 1.1%, mientras que el incremento en la productividad en ese sector rozó el 10 por ciento. Es cierto que el trabajador mexicano no es tan productivo como el chino o el coreano, pero tampoco es cierto que la productividad no haya crecido. Los salarios crecen muy por detrás de la productividad, porque hay un Estado que renunció a sus capacidades institucionales para garantizar sueldos dignos a los trabajadores: desde el salario mínimo hasta la supervisión.

Los países que admiramos por sus incomparables condiciones de vida, en el Norte de Europa -por ejemplo-, son estados de bienestar que lograron crear una red de servicios para beneficiar a las mayorías. Que exigen mayores compromisos a los privilegiados y apuesten por lo público como piso para la igualdad de oportunidades.

Desarticular a ese establishment o la unión entre poder político y económico requiere mucho más que manotazos en la mesa. Es mucho más que consultas o cancelaciones de proyectos aeroportuarios. Esta colusión entre poderes, que simboliza la cúspide máxima de corrupción posible, supone el secuestro del poder judicial por parte de intereses políticos; la cooptación del Congreso como contrapeso; la gestión de empresas estatales con claros objetivos partidistas; la red de financiamiento paralelo de elecciones que luego se pagan en contratos con dinero público. El diagnóstico que hace López Obrador apunta en la vía correcta, pero la medicina repite las viejas formas de la política.

La autonomía de lo político, y del Estado, significa democratizar la relación con los intereses económicos y no ser la mano que mece el ascenso de una nueva élite empresarial que se gana su lugar en el palacio. No es que se vayan los HIGA, OHL, o quien fuere, y lleguen los Riobóo. Es entender que el Estado debe su existencia al interés general y no a ninguno de los intereses particulares que lo acechan. El capitalismo a la mexicana se finca en el influyentismo y la cercanía con el palacio. López Obrador tiene un mandato claro, luego de un sexenio en donde pudimos comprobar a gran escala la colusión entre élites: recuperar el estado para todos. Y eso no se logra con mensajes o bravuconadas, sino tocando los impuestos, el gasto, dando autonomía a los poderes, reafirmando el estado de derecho y combatiendo la corrupción.

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