La credibilidad es como la virginidad: se pierde una vez y no la recuperas. Y más en estos tiempos, en donde la información fluye vertiginosamente, los debates se traslapan y la “posverdad” goza de cabal salud. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el político con mayor credibilidad en México. No lo afirmo yo, sino todos los estudios demoscópicos que se publican. Una mayoría de la sociedad lo ve como el indicado para regenerar las instituciones, para construir un país más equitativo, para combatir la corrupción, para tomar decisiones pensando en los más desfavorecidos y para encabezar una especie de renovación moral de la sociedad mexicana. Decía López Obrador que un político honesto es indestructible, y es tal vez su mayor activo. Su honestidad, y el no haber estado envuelto en casos de corrupción durante décadas en el ejercicio de la política, lo hace un gobernante creíble.Sin embargo, la credibilidad de un líder político no se agota en su persona. No es unipersonal. No puede ser un: yo soy honesto, aunque a mi lado surjan políticos bajo sospecha. La responsabilidad política es dar la cara por tus acciones, pero también entender que eres cabeza de un movimiento político que pregona la regeneración de la vida pública en México. Por ello, el caso de Carlos Lomelí, delegado de programas sociales en Jalisco y ex candidato a la gubernatura de Jalisco, golpea tan duro la credibilidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Es apuntar en el centro de gravedad de la narrativa lopezobradorista.Recapitulemos. Carlos Lomelí se encuentra señalado por estar detrás -y también al frente- de una red de empresas farmacéuticas que han ganado y ganan contratos públicos. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), son nueve empresas de venta de medicamentos que participan o participaron en licitaciones para obtener contratos con distintas administraciones públicas. Y en el centro de la polémica, se encuentra la empresa Abisalud que ya obtuvo contratos con el Gobierno de López Obrador y la administración de Morena en Veracruz, encabezada por el morenista Cuitláhuac García. Abisalud tiene un dueño con una participación de 99% de la empresa -Juan Carlos Tadeo- quien también es representante legal de cuatro empresas en las que Carlos Lomelí admite tener participación. En este entramado de empresas se pueden identificar a familiares, amigos y compañeros políticos del actual “superdelegado”. Las sospechas son más que justificadas.Carlos Lomelí emitió un comunicado el miércoles pasado acusando difamación y prácticas que buscar ilegitimar el proyecto de la Cuarta Transformación. Más que dar argumentos específicos sobre el reportaje y la investigación de MCCI, el delegado -y el Presidente- han dicho que es “grilla” lo que está detrás de los señalamientos. Lomelí dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que lo que buscan PAN, MC y el PRD con estas acusaciones es influir en la elección poblana del próximo 2 de junio. Sin embargo, hoy es el reportaje de MCCI, pero las acusaciones vienen de lejos. Están documentados como Lomelí, a través de múltiples empresas, se ha beneficiado de licitaciones en múltiples sexenios. El sexenio de Peña Nieto fue especialmente próspero para dichas empresas: de acuerdo con El Universal, de 2013 a 2017, las empresas de Lomelí facturaron más de 500 millones de pesos en ventas al Gobierno Federal. De la misma forma, con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la capital, Lomelí acepta haber obtenido un contrato por 700 millones de pesos. Y en alguna entrevista me dijo el propio Lomelí, cuando yo le refería las cifras: “y si no me dedicara a la política hubiera hecho más dinero que eso”. PRI, PRD, Morena, MC, todos han callado en su momento sobre los contratos, incluso siendo diputado, lo que supone un conflicto de interés de libro de texto. Estar en las instituciones públicas y al mismo tiempo participar en licitaciones para venderle al Estado.El problema es que esta forma de operar choca frontalmente con aquello que pregona el Presidente de la República. Desde campaña, López Obrador denunció que en México, muchísimos políticos se enriquecían a costa de la salud de los ciudadanos. Y no sólo eso, el mandatario ha señalado que uno de los objetivos de su administración es “separar el poder político del económico”. El Presidente sostiene -y yo coincido- que hay una colusión entre élites y que, en muchas ocasiones, el Gobierno defiende los intereses de una pequeña élite de empoderados frente a los intereses de las mayorías. No hay mayor simbiosis de lo que supone la colusión entre estos poderes, y la escenificación del capitalismo de cuates, que el caso Carlos Lomelí. No olvidemos, una de las grandes tragedias nacionales es que las grandes riquezas del país se han construido a través de privatizaciones del sector público. Ricos que hace el Gobierno con nuestros impuestos.¿Cómo creer en la “revolución moral” que propone el Presidente si es capaz de sostener en el cargo a un delegado con tantos señalamientos que no pueden ser solventados? Hay dos tipos de responsabilidades que deben asumir los políticos, y más aquellos que encabezan la cúspide de las instituciones. Las responsabilidades penales y administrativas. El caso de Carlos Lomelí está en la cancha de la Secretaría de la Función Pública y en la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto. Ellos determinarán si Lomelí está actuando fuera del marco de la ley. Sin embargo, hay otro tipo de responsabilidad: la política. Escribió Michael Ignatieff: la política es, cada vez más, una lucha de prestigios. El prestigio es credibilidad. Y la credibilidad es el oxígeno que le permite al gobernante tener margen de maniobra para impulsar los cambios para los que fue electo -por más dolorosos que sean-. Si el Presidente permite que se apilen los casos de sospecha de corrupción en su administración, eso irá erosionando su credibilidad y la vigencia del discurso de cambio. López Obrador aterrizó en la Presidencia impulsando un alto listón ético para el Gobierno: austeridad, eliminar lujos, separar el poder político del económico, transparentar bienes. El caso Lomelí supone un duro golpe para dicho compromiso.
