La cancillería de Perú le envió una aclaración a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalando que el ex presidente Pedro Castillo, procesado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, “no es un perseguido político”, al expresar el “rechazo absoluto” a sus recientes declaraciones que violan, remarcó, los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú agregó que las palabras de Sheinbaum reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico.Recordó que, el 7 de diciembre de 2022, Castillo cometió “el flagrante quiebre del orden constitucional” al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.La polémica inició luego de que la mandataria mexicana publicó un mensaje en la red social X en el que expresó “en nombre de México”, su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia, y señaló que “su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, zanjó la gobernante mexicana tras reunirse con el abogado de Castillo, Guido Croxatto. La cancillería peruana afirmó que los actos del ex mandatario (2021-2022) constituyeron “un golpe de Estado fallido” y el “quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas.Debido a los actos ilícitos perpetrados en flagrancia y de conformidad a la ley, la situación jurídica de Castillo obedece a decisiones adoptadas en el marco del Estado de derecho, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política del Perú.“Presentar su caso como una persecución política constituye una afirmación falsa e inaceptable”, subrayó la cancillería.En ese sentido, el ministerio de Exteriores repudió esta “posición ideologizada” que contradice los principios básicos del derecho internacional, y añadió que “causa extrañeza” que Sheinbaum pretenda desconocer que el secretario general de las Naciones Unidas, mediante comunicado del 8 de diciembre de 2022, condenó todo intento de subvertir el orden democrático en el Perú y llamó a respetar el Estado de derecho.AP Tras el fallido intento de golpe de Estado, Castillo y su familia abandonaron el Palacio de Gobierno para dirigirse a la embajada de México en Lima, pero fue detenido por su propia escolta, mientras que su esposa e hijos obtuvieron el asilo de las autoridades mexicanas y residen en ese país.El Congreso peruano destituyó a Castillo y, ese mismo día, asumió la presidencia del país su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, que concluirá su periodo el próximo año. El ex mandatario está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, y está sometido a un juicio por el delito de rebelión por el cual enfrenta un pedido de cárcel de 34 años. A inicios de año, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa matutina que considera una “injusticia” la detención de Castillo. Perú respondió entonces indicando que el respaldo de la Mandataria muestra “un marcado irrespeto por el estado de derecho y el principio de no intervención”.El 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Castillo intentó disolver el Parlamento peruano, pero el legislativo lo destituyó y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder.Hubo tres meses de protestas en la nación que exigían la renuncia de Boluarte y del Parlamento, pero las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia las manifestaciones las cuales dejaron 50 civiles asesinados.Boluarte, quien prometió renunciar en caso Castillo sea destituido, gobierna con el respaldo de grupos legislativos claves que han impedido varios pedidos de destitución impulsados por una minoritaria oposición. Es la presidenta menos popular en Perú en 40 años, según todas las encuestas.Castillo -cuya gestión empezó en 2021 y estuvo marcada por varios escándalos de corrupción- fue detenido y condenado a tres años de prisión preventiva mientras asiste a un juicio por el presunto delito de rebelión. También es investigado por varios casos de corrupción.Las relaciones diplomáticas con México se deterioraron al punto que en febrero de 2023 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó “presidenta espuria” a Dina Boluarte. Perú y México rebajaron sus relaciones al nivel de encargado de negocios. CT
