En 2018, un juez de Control y Oralidad del Distrito Judicial I, con sede en Puente Grande, Tonalá, determinó sentenciar a una persona por el delito de robo calificado a un año de trabajo comunitario.“El juez determina la dependencia en la cual realizará el trabajo comunitario. La dependencia decide la actividad a realizar”, señaló el Consejo de la Judicatura como respuesta a una solicitud de información.Desde la pasada administración estatal y en los meses que suma la actual, solamente se han dictado dos sentencias similares, pese a los beneficios que hay en optar por esta medida.Entre las ventajas están aportar a la despresurización del sistema penitenciario; que el Estado ya no erogue por la manutención de más reclusos (que asciende a más de 50 mil pesos anuales por cada uno), y que los responsables paguen con diversas acciones el daño cometido a la sociedad.El segundo caso, por un ilícito contra la salud (narcomenudeo en su variante de posesión simple de narcótico o estupefaciente), tuvo lugar en el Distrito Judicial XI, con sede en Colotlán, donde se impuso una pena de 100 horas de trabajo, que concluyen en septiembre próximo.El trabajo comunitario está contemplado en el Artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica las condiciones a cumplir si se concede un periodo de suspensión condicional del proceso.El Ministerio Público, la víctima o el ofendido pueden proponer al juez de Control las condiciones a las que se debe someter al imputado.El juzgador pregunta si está dispuesto a cumplir y lo previene sobre las consecuencias de no hacerlo.La Dirección de Reinserción Social informó que se eligieron a 16 personas preliberadas para un contrato de trabajo comunitario. Sin embargo, en este caso ellas ya cumplieron la mayor parte de su condena en prisión y se les pagan tres mil 200 pesos mensuales por labores de embellecimiento de infraestructura urbana.Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, destacó que, a través de convenios con gobiernos municipales y el estatal, las autoridades y la sociedad pueden aprovechar más la alternativa del trabajo comunitario como pena para los delincuentes sentenciados, en lugar de mandarlos a prisión.“El Consejo de la Judicatura aprueba un acuerdo y les informa a todos los jueces a dónde, si hay trabajos a favor de la comunidad, pueden mandarlos: a Zapopan, Guadalajara, Tonalá o a la institución del Estado con la que tengan convenio”.Espinoza Licón explicó que el esquema para determinar el tiempo de trabajo comunitario no es un problema para los juzgadores. “Dependiendo la sanción, si yo le pongo dos meses en prisión serían entonces dos meses de trabajo comunitario”.Sin embargo, los casos elegibles son sólo aquellos cuya pena no exceda los dos años.En sentencias mayores, los presos deben pasar la mayor parte de su condena en la cárcel y posteriormente la Dirección de Reinserción Social puede acordar conmutarles el resto por trabajo comunitario, como actualmente ocurre.Programa remuneradoLa Dirección de Reinserción Social cuenta con un programa de trabajo comunitario, pero éste es remunerado a través de un convenio con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo. Además, no es alternativa a la sentencia, sino que se otorga a presos preliberados, es decir, que ya estuvieron recluidos. Suponen trabajos de 20 horas, dos y medio días por semana, con sueldos de tres mil 200 pesos mensuales.TELÓN DE FONDOEl 13 julio de 2017, este medio de comunicación publicó que seis de cada 10 participantes de un sondeo en línea realizado por la pasada administración estatal sobre el programa de fotoinfracciones, acentuaron que estaban a favor de que los correlones fueran sancionados con trabajo comunitario.La Ley de Movilidad y Transporte ya contempla esa opción en su Artículo 201 y señala que, cuando el infractor acredite que no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ésta, la autoridad podrá sustituirla total o parcialmente por la prestación de jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada, que no será mayor de tres horas, saldará un día de multa. Al respecto, la Dirección Jurídica de la entonces Secretaría de Movilidad resaltó en esa fecha que ningún infractor optó por realizar trabajo comunitario para no pagar la sanción.Dolores del Carmen Chinas Salazar, profesora investigadora del proyecto Prevención Social de la Violencia y Delincuencia a través de Proyectos de Arte de la Universidad de Guadalajara (UdeG), apuntó que se requieren más esfuerzos para aprovechar esta alternativa.“Me parece que el marco regulatorio de aplicación específica aún no está del todo claro, por eso no se implementa. Porque, entonces, ¿quién va a vigilar que realmente sí se cumplan esas horas por el tiempo de la sentencia? ¿Quién lo va a regular? Esa parte aún no queda tan clara entre las autoridades”, señaló la académica.En su opinión, para que sea posible tendría que estar regulado en las legislaciones y códigos penales de los estados, incluirlo como posibilidad de sustitución de la pena y después reglamentar un mecanismo práctico para su aplicación concreta.Por su parte, el diputado Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, admitió que actualmente no existen iniciativas en ese sentido y que recién se analiza el tema pese a las muchas ventajas que implica.“Si ya lo agarraste, que pague, ¿y cómo va a pagar? Trabajando con servicios a la comunidad. Aquí hace falta mucho trabajo. Por ejemplo, ahora en tiempo de lluvias muchas de las alcantarillas se podrían desazolvar si alguien lo trabajara y ese es uno de los temas que se puede hacer”.
