En el año 2018 se nombró a San Pedro Tlaquepaque como “Pueblo Mágico”, lo que fue del agrado de un sector importante de la sociedad jalisciense. Nadie puede negar que es un municipio de grandes atractivos turísticos, que se distingue a nivel nacional por sus artesanías, gastronomía y comercio en general. Todo lamentablemente ha sido manchado por la violencia y delincuencia reiterada, provocada en algunos casos por la delincuencia organizada y en otros por la delincuencia común, prueba de ello es la reciente masacre de siete personas, entre ellos cinco menores de edad, ocurrido en la Colonia Buenos Aires, hecho indignante que cimbró a la sociedad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sumado a este acontecimiento se han venido dando diversos actos violentos de la misma naturaleza desde ya hace algunos años, por lo que es lógico que los habitantes de esta gran ciudad que viven constantemente sometidos a estas situaciones tengan una mala percepción de la seguridad, ya que el 70% de su población de 18 años o más que se sienten inseguros en su municipio, como se desprende de las últimas encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública e Impartición de Justicia realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); lo anterior nos lleva a pensar que la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ha fracasado rotundamente en este municipio, pues las políticas públicas, programas y acciones que están obligados a implementar, no han logrado detener la violencia y la delincuencia, dado que esta sigue en aumento; los factores generadores de violencia están presentes, la violencia de género no cesa, las adicciones, deserción escolar, embarazo adolescente, familias disfuncionales o desintegradas, pobreza, falta de empleos, utilización de menores en hechos delictivos, entre otras cosas, son cosas de todos los días.En relación a la pobreza como factor de riesgo, es de resaltar lo que se plasma en el Informe Anual Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, emitido por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, de donde se desprende que el 27.4% de la población de San Pedro Tlaquepaque se encuentra en pobreza, el 24.7% en pobreza moderada y el 2.6% en pobreza extrema, estos grados de vulnerabilidad ponen en riesgo a este sector de la población de ser víctimas de violencia y delincuencia; lo anterior tomando en cuenta la poca promoción de actividades efectivas tendientes a eliminar la marginación y la exclusión, lo que nos lleva a pensar que las autoridades no contribuyen con sus estrategias a la solución pacífica de los conflictos a través del diálogo y la tolerancia, dejándolos en condiciones de alta vulnerabilidad al carecer de programas enfocados a protegerlos de los abusos que sufren constantemente.Por otro lado, se debería permitir a la ciudadanía en general asumir un rol protagónico en las acciones de prevenir la violencia y la delincuencia, partiendo del hecho de que se debe convertir en un ente evaluador de políticas e instituciones, por lo que debe participar en la vigilancia del desempeño de su Gobierno, así como el servicio que presta y el impacto de las políticas públicas de prevención del delito que como Gobierno municipal están obligados a implementar; es de resaltar que de acuerdo a lo que se establece en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es necesario incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.El primer paso que se debe dar es identificar los factores generales de riesgo que están vinculados a la violencia y la delincuencia, al detenernos a reflexionar sobre éstos, nos damos cuenta que son multifactoriales y que resolverlos no sólo atañe a las instituciones de seguridad pública, sino que se debe dar un abordaje interinstitucional, empezando por mejorar el sistema educativo, de salud, económico, ambiental, seguridad, entre otros, sólo así se podrá tener resultados efectivos en el combate a la violencia y delincuencia, en ocasiones escuchamos los discursos de los políticos en donde integran estas premisas de abordaje, lo que resulta alentador pensar que ya comprenden que el fenómeno de la violencia y delincuencia no se va a resolver solamente con la intervención de policías, ministerios públicos y jueces, que se requiere que se satisfagan otras necesidades de la ciudadanía que se salen de la esfera de la seguridad pública, pero con el tiempo al igual que tantas otras promesas de campaña se olvidan y se pierden en el devenir del tiempo.Aunado a todo lo anterior, la institución encargada de la seguridad pública enfrenta la problemática de falta de personal e insuficientes recursos económicos, lo que tiene como consecuencia la dificultad para lograr el mandato constitucional de conducirse con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; por otra parte, es de resaltar que de acuerdo a la proyección del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año 2023 el municipio de San Pedro Tlaquepaque debería tener una población de 726 mil 670 habitantes, lo que obligatoria a contar con mil 308 policías, toda vez, que el estándar mínimo en México es de 1.8 policías por cada mil habitantes, cifra que está lejos de alcanzar, pues sólo cuenta con 886 policías, por lo que existe un déficit aproximado de cuatrocientos elementos del orden, lo que afecta la operatividad y provoca patrullajes aleatorios y reactivos y poca o nula función de proximidad.Por lo que se refiere a las autoridades federales como lo son la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que se han distinguido por el entusiasmo y dedicación con la que hacen su labor solidaria con el Gobierno municipal, desgraciadamente están posicionadas como grupos de reacción que no son suficientes para contener la andanada de violencia que genera sobre todo la delincuencia organizada presente en ese municipio; considero que no obstante que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 la obligación de coordinación de los tres niveles de Gobierno, dicha articulación no se ha logrado, por la desconfianza existente entre las propias instituciones de seguridad pública, celo profesional y la corrupción imperante, han derivado en la poca efectividad en el combate a la violencia y delincuencia.En correlación con lo anterior, cabe destacar, que el combate a la delincuencia organizada en México se ha distinguido por su poca efectividad, día con día la delincuencia organizada controla más territorio en nuestro país, las estrategias implementadas por el gobierno federal no han logrado cimbrar esas estructuras delincuenciales, la corrupción y poder económico han sido factores que han sabido aprovechar a su favor estos grupos criminales que se posicionan sin duda en zonas de la metrópoli de Guadalajara, volviéndose complicado combatirlas, aunado a gobiernos que pretenden excusarse con el famoso dicho “eso no me corresponde, es materia federal”, lo que necesariamente nos lleva a pensar en la necesidad de reestructurar la estrategia de combate al crimen organizado con el fin de involucrar directamente a las tres instancias de gobierno en la estrategia de combate a estos grupos delincuenciales que tanto hacen sufrir a la sociedad civil, sirve como ejemplo de la afectación que generan, el viacrucis que tienen que vivir día a día las madres buscadoras, que arriesgando su vida y en muchas ocasiones sin el apoyo institucional hacen una labor de búsqueda sobresaliente, ilusionadas con encontrar a sus seres queridos.Con todo lo anterior, se puede detectar que nos encontramos ante un panorama nada alentador que conlleva a la violación de derechos humanos, distinguiendo el derecho humano a gozar de seguridad pública, tomando en cuenta que en una sociedad democrática el Estado debe asumir la responsabilidad de proteger los bienes jurídicos más importantes de los ciudadanos, como lo son la vida, integridad física, las libertades y el patrimonio, lo que se está incumpliendo por parte de los gobiernos, tomando en cuenta los hechos violentos que se han referido.Finalmente, nos encontramos ante una gran encrucijada. La pregunta obligada es: ¿cuál es el camino efectivo que debemos seguir para resolver el problema de violencia y delincuencia en San Pedro Tlaquepaque o en cualquier otro lugar? Lo cierto es que si se sigue haciendo lo mismo, se seguirán teniendo los mismos resultados, es por ello que se debe pensar en cambiar el modelo de combate a la violencia y la delincuencia, lo triste de todo, es que casi han pasado treinta años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y éste no ha logrado su consolidación, no obstante eso, ya se requiere transitar hacía un nuevo modelo que privilegie la seguridad humana, misma que se integra por diversos componentes como son la seguridad alimentaria, ambiental, jurídica, económica, de salud, personal, comunitaria y política, en pocas palabras buscar el bien común de los gobernados, esta responsabilidad recae ampliamente en nuestros gobernantes, que deben asumir un papel en forma desinteresada, ayudando a la sociedad en general, esperemos que esa famosa frase que dice: “Cada pueblo tiene los gobernantes que merecen” no aplique para la población de San Pedro Tlaquepaque que vive día con día los embates de la delincuencia, considero que merecen mejores gobiernos que les resuelvan la problemática que los aquejan y cumplir con el anhelo de todos nosotros de vivir en paz, armonía y seguridad. Alfonso Gutiérrez Santillán*Académico de la UdeG.
