Aunque el Congreso de Jalisco la nombró magistrada del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y hasta tomó protesta, Rosa María del Carmen López Ortiz cumplió un año “en la banca”, a la espera de que se resuelva un amparo que permite al magistrado saliente, Celso Rodríguez González, prolongarse en el cargo a pesar de que cumplió 18 años en el puesto, un año más del tope que fija la Constitución local.La aún jueza del Juzgado Octavo de lo Civil denunció que detrás hay un abuso de prácticas dilatorias y presunto tráfico de influencias para entrampar el caso por parte de Rodríguez González y sus abogados. Una prueba son el medio centenar de artilugios legales para frenar la audiencia incidental que permitiría avanzar el juicio de amparo.“¿Yo qué puedo presumir? Que hay un tráfico de influencias; que la justicia federal no está siendo en el mismo plano para el señor magistrado y para mí. Le han dado una oportunidad inmensa de seguir en el cargo constituyéndole un derecho, el cual no tiene”, acusó.La magistrada electa advirtió que no es habitual que una audiencia de esta naturaleza tarde tanto –demora máximo tres meses–. También recordó que el año pasado, a la par de su designación, se nombró magistrado a Gonzalo Julián Rosa Hernández, quien también enfrentó un amparo, pero en su caso el proceso se ha desahogado y está en funciones.Cuestionado sobre los señalamientos en su contra, el magistrado Celso Rodríguez González prefirió no responder pues dijo que el juicio sigue abierto. “Yo no voy a contestar porque es engancharme con ella, hay un juicio, ella que le dé seguimiento al juicio y no creo que todas las autoridades estén coludidas en esto”, comentó.López Ortiz insistió en que las irregularidades en su caso vienen de origen. Acusó al ex presidente del Poder Judicial del Estado de ocultar que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y luego el Séptimo Tribunal Colegiado le negaron una primera suspensión. En una segunda solicitud de amparo, pero ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, se le concedió la suspensión provisional –omitiendo informar que antes se le había negado– y ésta luego fue ampliada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que hoy lo mantiene en el cargo. El argumento legal de Rodríguez González es insostenible, aseguró la magistrada electa. Él cuestiona su ratificación tácita para un segundo periodo porque el Congreso del Estado no le tomó protesta, pero la argucia es inválida pues se ostentó públicamente como magistrado por una década. Incluso en 2011 presentó ante autoridades federales un oficio sobre su ratificación como magistrado en una disputa jurídica por una Fiat notarial.“Con el señor magistrado Celso no hay una igualdad. Quiero creer que por haber sido presidente del Supremo Tribunal por siete años consecutivos, algunas ventajas están obteniendo y haciendo uso de ellas”, concluyó la juez.Ante el abuso de recursos jurídicos promovidos por el magistrado Celso Rodríguez González y sus abogados para demorar la resolución del amparo que lo mantiene en el cargo, la magistrada electa, Rosa María del Carmen López Ortiz presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.La también jueza comentó que notificó al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sobre la batería de recursos usados “maliciosamente” para prolongar el caso y que pese a la evidencia de al menos 50 artilugios legales dilatorios, respondieron que no advierten abusos. Por ello, solicitó que también se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación.“Presenté una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal porque son bastantes irregularidades que se han estado registrando. Yo observo una complacencia de los tribunales colegiados de este circuito hacia el señor, aún magistrado, y le permiten perennizarse en el cargo y le constituyen derechos”, señaló.Agregó que no descarta recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la última instancia y solicitar que atraiga su caso para que los ministros lo analicen. Los principales argumentos son que, a más de un año, no se ha celebrado la audiencia incidental, se tiene paralizado el procedimiento y no han aplicado una medida de apremio por no resolver.Subrayó que la SCJN publicó una contradicción de tesis en la que refiere que no es procedente que se conceda la suspensión provisional o definitiva en los casos de ratificación o reelección en el cargo de un magistrado.La magistrada electa refirió que no tiene nada que reprochar al Congreso del Estado, pues no le toca al Poder Legislativo defenderla. También subrayó que si Celso Rodríguez y sus abogados recurren a mecanismos dilatorios que ya surtieron efecto un año, es porque a todas luces la resolución del amparo con los argumentos que esgrimen no les favorecerá.GUÍA¿Qué dice la Constitución Política de Jalisco?En su Artículo 61, refiere que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en el ejercicio de su encargo siete años, al término de los cuales podrán ser ratificados por 10 más. Son causas de retiro forzoso haber concluido los 10 años del segundo periodo o cumplir 70 años.¿Cómo es el proceso de ratificación de magistrados?Tres meses antes de concluir su primer periodo, el pleno del Supremo Tribunal debe elaborar un dictamen técnico en el que se analice y emita opinión sobre la actuación y desempeño del magistrado. El dictamen y el expediente del magistrado serán enviados al Congreso del Estado para su estudio. El Legislativo decide la ratificación, o no, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.¿El nombramiento puede prolongarse?Los magistrados ratificados para concluir el periodo de 17 años no podrán, en ningún caso, volver a ocupar el cargo. Y los juzgadores que, habiendo concluido el periodo de siete años, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado, tampoco podrán buscar el cargo por segunda ocasión.El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), Celso Rodríguez González, aseguró que en su ratificación para un segundo periodo de 10 años como juzgador “se violaron sus derechos” porque el Congreso estatal no le informó sobre su situación, ni le definió si venció su nombramiento. A pesar de ello, ostentó el cargo por una década.El también expresidente del Poder Judicial estatal señaló que el amparo que interpuso busca que se le defina su situación y negó que por, permanecer en el cargo durante 18 años consecutivos, viole la ley.Esto a pesar de que el Artículo 61 de la Constitución estatal mandata que los magistrados del STJ durarán en el ejercicio de su encargo máximo 17 años, con un primer periodo de siete y la posibilidad de ratificación por 10 años más.“No (se viola la Constitución), se violaron mis derechos. Llegaron mis siete años y a mí nunca me ratificaron. Yo le pido al Congreso y le digo: oye, ¿en qué situación estoy? Y nunca me contesta, al contrario, saca la convocatoria. Lógicamente nomás estoy peleando mi derecho, que el Congreso me diga en qué situación estoy; si ya se venció que me lo diga y si tengo un término determinado que me lo diga. Es todo”, argumentó.Rodríguez González también comentó que no hay plazos para que se resuelva el amparo que interpuso para no ser removido, y que el tema lo están resolviendo magistrados y jueces federales. El año pasado, tras obtener la suspensión, el magistrado negó que con ese amparo busque ser inamovible en el cargo y permanecer hasta cumplir 70 años; actualmente tiene 67.Penas aplicablesEl Artículo 261 de la Ley de Amparo especifica que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión, y una multa de 30 a 300 días al quejoso si, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda “afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado”.CLAVESEntender el conflictoOrigen. El Congreso del Estado nombró e incluso tomó protesta a Rosa María del Carmen López Ortiz como magistrada, pero un amparo promovido por el expresidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, le impide a la jueza ejercer como tal.Denuncia. La jueza se extrañó porque un procedimiento que regularmente demora tres meses se ha postergado un año. Por esa razón, señala que hay “tráfico de influencias”. El magistrado prefirió no responder para “no engancharse”.Sin abusos. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revisó los recursos usados por Celso Rodríguez para mantenerse en el cargo, pero resolvió que no hubo abusos. Ante esa situación, la jueza pidió que también intervenga el agente del Ministerio Público federal, e incluso afirmó que buscará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.TELÓN DE FONDONo más de 17 añosLa Constitución Política del Estado de Jalisco refiere que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán de sus cargos de manera forzosa al haber concluido los 10 años de su segundo periodo. Deja en claro, además, que los juzgadores ratificados para concluir el periodo de 17 años no podrán, en ningún caso, volver a ocupar el cargo.La sesión extraordinaria del Congreso del Estado convocada en septiembre de 2007 para ratificar a tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), entre ellos su presidente, Celso Rodríguez González, se suspendió por falta de quórum. Numerosos diputados se ausentaron por conflictos de acuerdos.Ante esa situación, automáticamente los tres quedaron en el cargo por un periodo de 10 años, pues esa fecha vencía el plazo para decidir su permanencia.Ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Tercer CircuitoQuejas: 263/2017, 265/2017, 266/2017, 267/2017, 272/2017, 278/2017, 290/2017, 299/2017. Reclamación: 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 37/2017, 38/2017, 2/2018, 16/2018, 18/2018. Impedimentos: 12/2107, 13/2017, 14/2017, 15/2018 y 19/2108Ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer CircuitoQuejas: 297/2017, 337/2017 Reclamación 5/2018 y 8/2018 Revisión 36/2018Ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer CircuitoImpedimento 6/2018 Reclamación 10/2018Ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer CircuitoImpedimento 15/2018 Reclamación 11/2018Recusación 35125 (18 de octubre de 2017)Contra el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, por una estrecha enemistad contra Juan Carlos Soto Rodríguez, uno de los abogados autorizados del quejoso. Recusación 35271 (19 de octubre de 2017)Contra el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, pues el secretario Luis Arturo Hernández Becerra, encargado por ausencia del titular del juzgado, ha expresado públicamente hostilidad contra el despacho que lo defiende Recurso de reclamación 10/2018Contra magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Se advierte que los magistrados Hugo Gómez Ávila y José Manuel Mojica Hernández han expresado enemistad y animadversión contra el quejoso.
