El 5 de junio del 2020, decenas de jóvenes fueron hechos rehenes por miembros de la Fiscalía del Estado de Jalisco, hombres y mujeres cuyos rostros estaban cubiertos por lentes, pasamontañas y cubrebocas, y llevaban consigo, además de palos, armas de fuego.Entablaron un operativo meticuloso, de guerrilla, en el que transitaban como zopilotes en automóviles sin placa, y "levantaban" a todos los jóvenes que circulaban a los alrededores de la Zona Industrial, a donde se dirigían para protestar por la muerte de Giovanni López, y para exigir la liberación de los que habían sido retenidos un día atrás durante la manifestación del 4 de junio, frente a Palacio de Gobierno. Aquel 5 de junio, que se quedaría para siempre en la historia de la infamia de Jalisco, decenas de jóvenes no regresaron a casa. Los miembros de la Fiscalía los llevaron a las afueras de la ciudad. Algunos fueron encerrados, golpeados y torturados. Los oficiales dijeron que los desaparecerían, que los entregarían al Cártel. Les pidieron acceso completo a sus celulares, para saber de sus contactos y los nombres de sus familiares. Les vendaron los ojos y, en medio de la nada, les dieron unos cuantos segundos para correr, y los jóvenes lo hicieron, con el horror de escuchar en cualquier momento el fogonazo del disparo a sus espaldas. La presión de las redes sociales hizo posible que aquel modus operandi no pasara desapercibido.Diversos colectivos ciudadanos no se detuvieron hasta que la última persona "levantada" apareció. El gobernador declaró, en medio de la polémica, que nuestra Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, y que ninguno de los actos represivos llevados a cabo aquel día habían sido concebidos por nadie en su gabinete. Se aplicaron sanciones apresuradas, sin ningún resultado efectivo a largo plazo, y se idearon escuelas para policías y así humanizarlos en su trato contra los manifestantes: universidades tentativas que nunca se construyeron.La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) calificó aquellos actos de "desapariciones forzadas", y se abrieron carpetas de investigación que se quedaron archivadas en las estanterías del olvido. Han transcurrido tres años y la Fiscalía de Jalisco sigue recurriendo a las mismas maniobras de terror. Nunca llegó la justicia. En un acto de protesta, ayer, 5 de junio del 2023, diversos colectivos colocaron sobre la plaza Imelda Virgen un "antimonumento" cuyo propósito era clavar en la memoria de Guadalajara lo que pasó hace tres años: que las autoridades de Jalisco son represivas, que la lucha se calla con el miedo, y que disponen de los recursos y de toda la lógica autoritaria de aquellos a los que dicen enfrentar. “Responsabilizamos al gobierno de Jalisco por los hechos, apuntando que las desapariciones y la impunidad en el estado continúan. ¡Exigimos la verdad, justicia y reparación integral! Este antimonumento fue colocado por #5deJunioMemoria y colectivos de Jalisco a 5 de junio de 2023”, rezaba el memorial colocado frente a Palacio de Gobierno.Durante la noche, las luces de la Plaza Imelda Virgen fueron apagadas. Una camioneta se internó desde la calle Juárez hasta donde se erigía el antimonumento, y un grupo de hombres se dispuso a retirarlo. Con sopletes y otras herramientas, arrancaron del suelo el memorial. Al amanecer, no quedaban nada más que los escombros. Algunos medios apuntan a que se trató de un robo; en todo caso, se trataría de un robo que contó con toda la complicidad de la noche y de la luminaria cortada en el momento preciso, y además frente al Palacio de Gobierno. "Mientras el @GobiernoJalisco y el Ayuntamiento trabajan de noche para retirar, nosotrxs resistimos a plena luz del día y acompañadxs. #5deJunio3Años NO se olvida, aunque el gobierno apueste por la desmemoria, hoy demostramos que podemos organizarnos", denunció el Colectivo 5 de Junio Memoria en sus redes sociales. FS
