Establecer en la Constitución estatal como requisito que magistrados y jueces acrediten pruebas de control y confianza implicaría una reforma para crear un centro de evaluación en el Poder Judicial y no incumplir una resolución de la Suprema Corte al respecto, señaló Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado. El legislador aseguró que aún no conoce los detalles de la iniciativa que sobre el tema presentará el gobernador, pero dijo que apoya que los juzgadores deban ser evaluados.El diputado emecista señaló que en caso de que los actuales magistrados recurrieran al amparo para que no les aplique la evaluación, podrían enfrentar procesos para ser removidos del cargo.“En 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados. Estamos hablando de la necesidad de que el propio Poder Judicial, con reglas que le permitan mantenerse certificado dentro del contexto del Sistema Nacional de Evaluación, pueda evaluar a secretarios, jueces y magistrados”, explicó. Caro Cabrera añadió que respaldará que se suprima el pago del bono de retiro que reciben los magistrados al dejar el cargo, aunque la Suprema Corte también resolvió una controversia en la que avaló la legalidad de la prestación. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Macías Zambrano, adelantó que están de acuerdo en el planteamiento de aplicar las pruebas de confianza, pero reiteró que no apoyarán que el gobernador intervenga en el proceso de nombramiento de magistrados y presente una terna.“Que no haya filtro del Poder Ejecutivo, que la evaluación venga directamente del comité que nos llegue al Congreso y de ahí saquemos las propuestas a designar. No tiene que intervenir el Ejecutivo en las propuestas, deben venir del propio Poder Judicial o de la sociedad civil, no debe haber padrinos que avalen a las propuestas”, comentó.El panista apuntó que su grupo parlamentario también presentará iniciativa sobre el tema. Ambos coordinadores coincidieron en que los cuatro procesos pendientes para nombrar magistrados no iniciarán hasta que se concrete la reforma sobre el asunto. NM
