Por conflictos laborales de burócratas, en los últimos cinco años el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) ha atendido 16 mil 490 demandas en dependencias públicas del Estado. Esto equivale a 9.3 diarias en promedio.En respuesta a una solicitud de información, el Tribunal reportó que, de 2013 a junio pasado, se emitieron cuatro mil 574 laudos donde condenó a pago o reinstalación, aunque no especificó el monto de recursos que se tendría que pagar con esas sentencias.Eso significa un promedio de 2.5 fallos en favor de los demandantes por cada uno de los mil 765 días transcurridos entre el 1 de agosto de 2013 (fecha desde la que se comenzó a sistematizar la información en el Tribunal) y el 1 de junio de 2018.El director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José de Jesús Becerra Ramírez, recordó que con los relevos de administraciones municipales y la estatal es cíclico que se incrementen las denuncias por conflictos laborales en dependencias públicas.Refirió que la única forma de romper la dinámica es que quienes lleguen como titulares respeten la carrera en la función pública y analicen detalladamente la vía jurídica adecuada para poder separar al personal sin generar más conflictos.Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso estatal, Jorge Arana, informó que el Poder Legislativo tiene en revisión alrededor de 600 solicitudes de sanción a funcionarios por no cumplir con laudos laborales. Apuntó que el tema debe tratarse en los procesos de transición para que las administraciones que concluyen y las que inician busquen acuerdos y su personal de confianza no demande.Según un informe de la comisión, 80 de los 125 municipios del Estado arrastran demandas por pago de laudos. El monto total que tendrían que pagar supera los mil millones de pesos.Son nueve cada día16 mil 490 demandas presentadas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 12 mil 33 expedientes que actualmente están activos. 4 mil 457 expedientes han sido archivados. 4 mil 574 laudos con condena. 3 mil 398 laudos en los que se absuelve.Cada vez que los diputados sesionan, al Congreso del Estado llegan decenas de solicitudes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para aplicar suspensiones contra autoridades que han incumplido sentencias de pago de laudos por conflictos laborales.De las 600 peticiones que han recibido en la actual Legislatura, los diputados sólo han aprobado una sanción. El castigado fue el síndico del municipio de Tomatlán, Jacinto Ramírez López, por un pago pendiente de 600 mil pesos de un juicio laboral que se arrastra desde 2010.El diputado Jorge Arana, presidente de la Mesa Directiva, refirió que han recomendado a las autoridades municipales que dialoguen con los quejosos y busquen acuerdos para evitar sanciones.El legislador informó que, en los casi tres años de gestión, dieron trámite a unos 100 asuntos y antes de dejar el puesto esperan desahogar algunos de los pendientes para que los próximos legisladores reciban alrededor de 400 solicitudes.“Hemos hablado con los funcionarios municipales. Han estado, algunos, a punto de ser suspendidos; a minutos. Casos como Chapala, Tala o Unión de San Antonio. Ellos saben que la única vía es negociar porque si se les suspende de todos modos el procedimiento y la deuda siguen”, precisó.El legislador añadió que se requieren reformas para que se castigue a los responsables del despido, no obstante que ya no estén en el cargo, y evitar que las sanciones por no pagar laudos se apliquen a quienes estén en esa posición una vez que se emite la sentencia si no fue su responsabilidad directa.¿Para qué sirve el Tribunal?El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es la instancia encargada de solucionar los conflictos laborales de la administración del Estado de Jalisco y sus municipios. Aunque los procesos que siguen tardan años en desahogarse, entre los objetivos del Tribunal se presume la intención de impartir justicia “pronta y expedita”; además de buscar la conciliación.CLAVESLos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) son los que más juicios laborales y sentencias de pago de laudos sin cumplir enfrentan.De 2012 a la fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara ha enfrentado mil 703 demandas. La recién terminada administración de Enrique Alfaro recibió 657 denuncias y pagó 29 laudos, en tanto que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha emitido 60 peticiones para suspender al alcalde o algún otro funcionario municipal por no pagar los laudos.Tonalá combate 560 demandas. La administración de Sergio Chávez pagó 203 laudos y recibió 104 notificaciones de amagos de suspensión contra el presidente municipal por el incumplimiento de sentencias.En el caso de Tlaquepaque, arrastra 556 procesos y sólo han concluido 17 juicios. La presidenta municipal, María Elena Limón, ha enfrentado seis amagos de sanción por no pagar laudos.Tlajomulco recibió 278 demandas de juicio laboral, pagó 273 laudos (en 209 casos también se reinstaló al trabajador). Además, fueron notificadas 34 peticiones de suspensión contra el alcalde.El Ayuntamiento de Zapopan no proporcionó información. En su respuesta a una solicitud de transparencia se notificó que “las bases de datos no están organizadas de tal manera para extraer los datos solicitados”. Sólo remitió información de la Comisaría de Seguridad, que atiende 80 demandas laborales presentadas en los últimos seis años, y pagó nueve laudos.El Salto, Chapala y Puerto Vallarta negaron la información solicitada, a pesar de que son de las administraciones municipales que más demandas enfrentan.Aunque los municipios arrastran deudas millonarias y cientos de demandas por conflictos laborales, no hay condiciones para crear un fondo con recursos extraordinarios para apoyarlos, sostuvo Miguel Turriza Cuevas, director de egresos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf).El funcionario refirió que dentro del presupuesto que se ejerce este año no existe margen de maniobra para analizar una partida especial.“En el Poder Ejecutivo no existen más que las participaciones municipales ya reglamentadas y contempladas en el presupuesto, y en el presupuesto no existe ninguna para eso. Se tendría que hacer una modificación y ahorita no hay margen para esos temas”.Turriza Cuevas subrayó que se requieren mecanismos de control para que el pago de laudos no siga afectando el patrimonio de los municipios. Recordó que la Línea de Crédito Global Municipal (LCGM), que permitió restructurar sus deudas a 31 ayuntamientos, no incluyó los pagos de laudos.Según cálculos realizados por la Comisión de Gobernación del Congreso, suman más de mil millones de pesos los que se reclaman en los laudos que los ayuntamientos tienen pendientes de liquidar.Aunque se reformó la ley para poner un tope máximo al pago de salarios caídos y que fue tipificado como delito mentir en juicios laborales, los abogados que recurren a prácticas para alargar los procesos y demandar pagos millonarios siguen operando, reconoció David Wong Avilés, director general del Trabajo.El funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado argumentó que, aunque tengan ubicados a los abogados que actúan de esa forma, no pueden impedir que se acerquen a las personas que acuden a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.Sostuvo que con la instalación de módulos de asesoría gratuita se busca evitar que los trabajadores caigan en manos de los “coyotes” que los llevan a esos bufetes.“Hemos tratado de disminuir el coyotaje, pero la verdad no ha sido un tema fácil, es todo un modus vivendi. Con el Departamento de Procuración de Justicia instalamos módulos en las inmediaciones de la Junta y estamos tratando de captar a los trabajadores que van por informes y que generalmente son captados por este tipo de coyotes”, explicó.Wong Avilés admitió que, con el cambio de ubicación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los gestores o coyotes también cambiaron su zona de operación y ahora lo hacen en la zona del parque Agua Azul.
