Los terremotos que sacudieron el estado venezolano de La Guaira transformaron en segundos la vida de miles de familias. En Caraballeda, una localidad costera donde convivían complejos residenciales de lujo y viviendas públicas, el desastre dejó una escena de destrucción que afectó por igual a habitantes de distintos estratos sociales.Con más de 4 mil 118 fallecidos, según cifras oficiales, y alrededor de casi 18 mil personas sin hogar, la emergencia también puso bajo la lupa la política de vivienda en Venezuela y la capacidad del gobierno para responder a una de las mayores tragedias recientes del país.Antes del terremoto, Caraballeda era considerada un ejemplo de convivencia entre sectores de distintos niveles económicos. En una misma avenida coexistían edificios de apartamentos con acceso a la marina y torres de vivienda pública con vista al mar Caribe.El movimiento telúrico redujo numerosos inmuebles a escombros en cuestión de segundos, dejando a residentes de todas las condiciones sociales enfrentando la misma realidad: la pérdida de sus hogares y, en muchos casos, de sus familiares.Los sobrevivientes dependen ahora de la asistencia gubernamental mientras permanecen en refugios temporales, campamentos improvisados y albergues.La incertidumbre crece porque las autoridades aún no han establecido un calendario para la reconstrucción ni para la entrega de nuevas viviendas, en medio de críticas por la respuesta oficial durante las labores de rescate y atención a las víctimas.Desde la segunda mitad del siglo XX, la vivienda propia ha sido uno de los principales objetivos de las familias venezolanas. Durante el auge petrolero se impulsó la construcción de urbanizaciones, mientras que posteriormente diversos programas estatales facilitaron el acceso a casas para miles de personas.Incluso durante la crisis económica iniciada en 2013, muchos venezolanos conservaron un techo gracias a programas públicos, la compra de inmuebles a precios reducidos, la autoconstrucción o la ocupación de viviendas abandonadas.Una de las principales críticas a los programas habitacionales impulsados por el chavismo ha sido la ausencia de títulos de propiedad para los beneficiarios.Especialistas sostienen que esta situación mantiene a miles de familias en una condición de dependencia del Estado, ya que los inmuebles fueron entregados sin otorgar la propiedad legal a sus ocupantes.Según analistas, esta política deja a los damnificados en una posición especialmente vulnerable ahora que necesitan una solución definitiva tras perder sus viviendas.Entre los afectados está Carlos Ortega, cuya familia había recibido varios apartamentos en Caraballeda después de superar otro desastre natural años atrás.El colapso de las torres donde vivían provocó la muerte de varios de sus familiares y la desaparición de uno de sus sobrinos, quien se encontraba trabajando cuando ocurrió el terremoto.En Catia La Mar, otra de las ciudades más afectadas, Benito Mantilla ahora vive en una tienda de campaña tras quedar inhabitable su vivienda. Mientras intenta reconstruir su vida, busca trabajo en Caracas después de que también resultaran dañados su taller mecánico y el de su hermano.El alcance total de la destrucción aún continúa siendo evaluado. Imágenes satelitales analizadas por AI for Good Lab de Microsoft indican que al menos 10 mil estructuras resultaron dañadas en Catia La Mar, equivalente a cerca de un tercio de las edificaciones de la ciudad.Expertos señalan que la antigüedad de muchos edificios, las deficiencias en la construcción y las características geográficas de la región incrementaron la vulnerabilidad frente a un terremoto de gran magnitud.Mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación, miles de venezolanos permanecen a la espera de respuestas sobre el futuro de sus hogares.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO
