México se encuentra en medio de un proceso electoral sin precedentes a nivel nacional, en el que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de seleccionar directamente a quienes ocuparán cargos clave en el sistema judicial, incluidos jueces, magistrados y ministros. Aunque esta modalidad resulta novedosa para el país, no es la única experiencia internacional: Bolivia, Estados Unidos, Suiza, Guatemala, entre otros, han implementado mecanismos similares, cada uno con sus particularidades.La transformación del método de designación en el Poder Judicial mexicano busca dejar atrás el modelo tradicional, en el cual el Presidente de la República proponía una terna de candidatos que era evaluada por el Senado. Dicho sistema ha sido señalado por favorecer intereses del Ejecutivo federal. La nueva propuesta, en cambio, pretende trasladar esta facultad directamente a la ciudadanía mediante el sufragio.Quienes defienden esta reforma sostienen que la elección directa podría reforzar la soberanía popular, permitir el control público de los funcionarios judiciales y facilitar el retiro de aquellos que no cumplan adecuadamente su labor. Según esta visión, los nuevos representantes del Poder Judicial podrían ser más sensibles a las necesidades sociales y convertirse en verdaderos agentes de cambio con capacidad de incidir en las decisiones fundamentales del país.Sin embargo, la independencia judicial es una condición indispensable para asegurar el equilibrio democrático, el desarrollo económico y el acceso efectivo a la justicia. Diversos expertos han advertido que esta independencia no depende únicamente del mecanismo de selección, sino también del modelo institucional de cada país y de cómo se protege a los jueces frente a presiones externas o intereses políticos.En su informe “Elección de autoridades jurisdiccionales: países seleccionados”, la Dirección General de Investigación Estratégica del Senado mexicano destaca que, aunque varias naciones recurren a procesos similares, los resultados han sido mixtos. Por ejemplo, en Bolivia, una de las principales críticas ha sido que solo un poder del Estado interviene en la preselección de candidatos, lo cual ha despertado inquietudes sobre su imparcialidad. Este procedimiento guarda ciertas similitudes con el sistema de insaculación utilizado recientemente en México para definir postulaciones.En el caso de Estados Unidos, la preocupación principal recae en el origen del financiamiento para las campañas de jueces, lo que abre la posibilidad de influencia de intereses privados en las decisiones judiciales. A pesar de estas diferencias, cada país ha adaptado este tipo de elecciones a sus propias condiciones: en Bolivia se eligen jueces nacionales; en EE.UU. y Suiza, jueces a nivel estatal o local; Japón organiza comicios de retención para los integrantes de su Suprema Corte; y en países como Perú, Colombia, Venezuela y algunas regiones de Francia, se eligen jueces de paz o cargos similares.Mientras tanto, organismos internacionales han fijado postura sobre estos esquemas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que la garantía de independencia en el Poder Judicial debe incluir procesos de nombramiento adecuados, estabilidad en el cargo y protección frente a presiones externas. A su vez, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado reservas frente a este tipo de mecanismos, alertando sobre posibles riesgos para los derechos humanos y la autonomía de los jueces.A diferencia de otros países que eligen solo a ciertos integrantes o niveles del sistema judicial, México ha optado por llevar el voto ciudadano a todas las esferas de dicho poder, con el objetivo de realizar un cambio estructural. A pesar de que aún falta ver cómo se desarrollará este modelo en la práctica, expertos sugieren observar con atención los resultados obtenidos en otras latitudes para evaluar si este cambio conducirá al fortalecimiento institucional o, por el contrario, traerá nuevos desafíos.BB
