En la página de Conagua aparecen estos tres nombres: Jorge Cervantes, Gabriela González y Javier Ramírez.Son los únicos tres inspectores asignados a la cuenca Lerma-Santiago y que se encargan de vigilar las descargas irregulares en el río Santiago, el más contaminado de México, que atraviesa Jalisco.Es importante saberlo para tomar con cautela el triunfalismo en las declaraciones de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, durante la mañanera.De entrada, que la Federación aborde el tema justo ahora, no es gratuito. Emergió en medio del debate sobre la crisis del agua en Guadalajara, que se ha partidizado, pues el emecismo local culpa a la Federación del problema.Sin embargo, la “réplica” del Gobierno federal sólo exhibe un eslabón más de la cadena de omisiones en todos los niveles. Desde el atril de la mañanera, Bárcena destacó acciones para sanear el río Lerma-Santiago en una primera fase que incluye 65 kilómetros (faltan alrededor de 500).Todas las acciones emprendidas están muy bien: el desazolve, las seis plantas de tratamiento residual y las tres estaciones de calidad del agua que destacó como acciones concretas, pero falta algo importante.La prensa le preguntó a Bárcena sobre los nombres de las industrias que contaminan el río Santiago y las sanciones impuestas, pues reconoció que en el cauce hay metales pesados.Incapaz de precisar los nombres de las empresas y las sanciones impuestas, sólo dijo que una “gran cantidad”. Luego matizó al señalar que no las han sancionado sino inspeccionado. Y dio una cifra global (y fatal).Han realizado, dijo, 60 inspecciones a industrias en los tres ríos más contaminados de México, según el diagnóstico presentado en la mañanera: el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula.Si bien la secretaria no desagregó cuántas de esas inspecciones corresponden al río Santiago, la cifra es irrisoria si consideramos los cientos de descargas irregulares de empresas agropecuarias, industriales y municipales que han denunciado activistas e investigadores.Cindy McCulligh, estudiosa de la contaminación del Santiago, ha señalado la vigilancia deficiente de Conagua pues esos tres inspectores deberían controlar, solo en Jalisco, un universo de más de 43 mil concesiones de extracción y permisos de descarga. “Es muy constatable decir que vivimos en un entorno de impunidad casi total”, me dijo McCulligh hace poco.Sin una vigilancia eficiente de las fuentes de contaminación, ni decenas de plantas de tratamiento alcanzarán para limpiar el Santiago, que abastece algunas necesidades hídricas en Jalisco, sobre todo productivas.Presumir 60 inspecciones en los tres ríos más contaminados de México —ese es el criterio para intervenirlos— debería ser motivo de vergüenza.jonathan.lomeli@informador.com.mx
