Con más de cuatro meses y medio de retraso, el jueves pasado por fin las y los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron la reforma constitucional y las adecuaciones legales para alinear las normas al modelo nacional donde las autoridades vuelven a ser juez y parte a la hora de resolver las peticiones de información pública, luego de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que garantizaron este derecho ciudadano los últimos 25 años.Como se sabe, a nivel nacional desaparecieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y a nivel local tuvo que correr la misma suerte el ITEI.Aunado a este retroceso, en Jalisco también se incurrió en retrasos en los tiempos legislativos, como claro síntoma a la resistencia que siempre mostró nuestra clase política y gubernamental al tema de la transparencia. Nada más cómodo para el poder que manejar en la opacidad las decisiones de políticas públicas y, sobre todo, el uso de los recursos públicos.El plazo legal venció el 15 de enero pasado por lo que se retrasó todo ese tiempo la transición a las nuevas oficinas y modelos de operación tras la extinción en Jalisco del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITEI), que finalmente quedó como la nueva Agencia de Transparencia. Serán tres las o los integrantes de esta nueva oficina que será parte de la Contraloría del Gobierno de Jalisco, a propuesta del Poder Ejecutivo pero que tendrá que ser ratificados por las y los diputados locales, una vez que esta reforma constitucional sea aprobada por la mitad de los Ayuntamientos y se publique en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la nueva Ley de Transparencia y sus leyes secundarias. A reserva de observar en qué grado responden a las solicitudes de información, la nueva Ley mutila avances ya conquistados y que costaron años de lucha para lograrlo.Un ejemplo de ello, a nivel nacional y local, es la fiscalización de los recursos públicos que manejan los partidos políticos y las universidades nacionales y estatales, así como las cuotas que los asalariados aportan a sus sindicatos. Con la extinción del INAI y del ITEI, esos entes dejaron de ser en la nueva Ley sujetos obligados, y volverán a casi nulo escrutinio del que gozaron hasta antes de las reglas de transparencia desaparecidas.Las universidades a sus contralorías internas casi siempre a modo; los partidos políticos a un órgano interno de control y comisión de transparencia del INE que nunca ha cumplido cabalmente su función; y los sindicatos al burocrático Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que nunca se ha caracterizado por su rendición de cuentas.Así la transparencia mutilada que viene.
