Nos cuentan que lo que pintaba para ser una buena noticia en materia de salud pública terminó convertido en una escena digna de drama político.Por un lado, la diputada Claudia Murguía asumió la presidencia del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Jalisco y anunció el fortalecimiento de programas contra las adicciones, además de nuevos proyectos de atención para mujeres. Hasta ahí, todo bien y fotografía oficial.Pero de pronto, el ambiente cambió. El evento, realizado en Palacio de Gobierno, esperaba la presencia de Pablo Lemus, acompañado de buena parte del gabinete y hasta alcaldes.Sin embargo, como si hubiera sonado una alarma silenciosa, los funcionarios estatales comenzaron a desfilar hacia la salida. ¿Qué pasó?El equipo de la diputada asegura que el gobernador no asistió por la presencia de un representante del Poder Legislativo. Y del lado de Lemus, afirman que no le hizo ninguna gracia que la diputada haya convertido el acto institucional en una pasarela de promoción personal. Y menos porque su padre lideró iniciativas a favor de este sector.Los que sí se quedaron fueron empresarios, dirigentes de asistencia social y líderes magisteriales. * * * Nos afirman que ahora sí, después de semanas de estira y afloja, mañana saldrán las leyes secundarias de Transparencia en el Congreso de Jalisco. Pero falta resolver un detalle: ¿Quién decidirá al titular de la nueva Agencia de Transparencia?La discusión tiene dos sopas. En una esquina está la propuesta de que el gobernador designe al director encargado de supervisar y sancionar a las autoridades opacas. En la otra, la alternativa de que sea el Poder Legislativo quien lo palomee. ¿Quién ganará? * * * Por cierto, ya entrados en gastos con el tema anterior, hay quienes lanzaron un reto incómodo a todas las fracciones parlamentarias: que la nueva Agencia de Transparencia no sólo vigile a unos cuantos, sino que supervise y sancione a todos, pero todos los sujetos obligados incumplidos de los tres Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y organismos autónomos (como IEPC o UdeG).La propuesta es sencilla, pero va en contra de una mala tradición: que cada institución se investigue a sí misma mediante sus órganos internos de control; es decir, el modelo donde el árbitro, el jugador y el encargado del marcador suelen compartir oficina.Los promotores aseguran que así se acabaría el conflicto de interés. ¿Quién le entrará?
