En espera de que los festejos patrios de anoche se hayan dado con tranquilidad en el municipio de Mezquitic, enclavado en la Región Norte de Jalisco, habrá que decir que, pese a la mayor presencia policial y militar desde la semana pasada en aquella zona, sigue la tensión entre la población de las comunidades wixárikas luego de que realizaron una protesta pública a las afueras de Palacio de Gobierno por la violencia generada por grupos del crimen organizado entre sus habitantes. La situación hizo crisis en la localidad de Tateikie y San Andrés Cohamiata fue el secuestro de su Comisariado de Bienes Comunales, Efrén Moreno, y a su padre, a quienes liberaron después con visibles huellas de haber sido golpeados. En lo que fue otro de los múltiples episodios violentos que ha generado la disputa del territorio que por años han mantenido cárteles rivales.Para exigir seguridad y protección los miembros de esta comunidad indígena suspendieron clases y actividades comunitarias antes de la manifestación que hicieron en el centro de Guadalajara la semana pasada.Como si fuera tierra de nadie, los wixárikas denuncian que los sicarios de los grupos delincuenciales invaden sus tierras sagradas y senderos de rutas místicas, además de que los asaltan, les aplican el cobro de piso e incluso los quieren obligar a trabajar para ellos en actividades delictivas.Pese a que hubo una ruptura inicial en las negociaciones con el Gobierno estatal la semana pasada, luego de la visita que hizo a su comunidad el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, se pudo instalar una mesa de negociaciones.El incidente que pudo degenerar en consecuencias mayores, se dio cuando manifestantes intentaron impedir el despegue del helicóptero en el que llegó el funcionario estatal y un policía estatal disparó al aire. La tensión se pudo disipar luego de negociar acuerdos como la instalación de una mesa de seguridad permanente.Se pactó además el incremento de vigilancia en su ruta sagrada, que tiene una extensión de 500 kilómetros y mayor presencia de elementos policiales y militares para garantizar la paz en sus tierras y el respeto a sus autoridades tradicionales. Autoridades estatales han informado que se enviaron a 200 elementos a aquella región de Jalisco, sumando a policías estatales y miembros del Ejército Mexicano, cuyos patrullajes se complican por la geografía serrana y las colindancias con Zacatecas, Nayarit y Durango.Ojalá que efectivamente la vigilancia sea permanente y pongan fin a la violencia y la crisis humanitaria que han generado ahí los cárteles de la droga, que agravaron la precariedad de esas comunidades indígenas que ya padecían problemas agrarios históricos y el acoso y la violencia de ganaderos y comuneros de los Estados vecinos, especialmente de Nayarit.
