Sí, la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en el planteamiento que hizo ayer respecto al tema de las extradiciones entre México y Estados Unidos. Así como el Gobierno estadounidense supuestamente ha rechazado -desde 2018- detener y regresar a nuestro país a 269 personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, debido a que no se han acreditado los ilícitos, de la misma manera se está respondiendo a la petición de extradición del ex gobernador Rocha Moya de Sinaloa y otros funcionarios de su gobierno, ya que no se han aportado las “pruebas” correspondientes.Pero lo que sorprende es que ese criterio -de exigir pruebas- no se ha aplicado en la entrega de 92 criminales de alto impacto trasladados a EU en el periodo entre febrero de 2025 y enero de este año, que se realizó a través de tres entregas masivas bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. Desde el momento en que se recibió la reciente petición de extradición, Sheinbaum dijo que no existen “pruebas convincentes”, por lo que “resulta evidente que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. ¿Por qué ese cambio de postura? Es evidente que hoy Estados Unidos le está pidiendo la entrega de parte de su “feligresía”, lo que representa un golpe muy duro de amortiguar y vendría a demostrar los argumentos de Washington de que algunas regiones de México están controladas por grupos ligados al narcotráfico.Y en ese proceso de exigir “pruebas” cuando existe una denuncia, porque desde Palacio Nacional no se aplica el mismo criterio, como en el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien de acuerdo con una investigación del periódico “Reforma” supuestamente realizó triangulaciones de recursos públicos desde proveedores del Gobierno del estado hacia la Firma Jurídica y Fiscal de Abogados -que es un despacho ligado al gobernador y a su padre- que han servido para pagar servicios de promoción de imagen en las redes sociales, entre otras cosas. La presidenta ayer sobre este asunto dijo, “vi lo que sale en los medios, sí se tiene que investigar, que se investigue”.Qué interesante. Cuando se trata de una denuncia contra los suyos -como en el caso de Rocha Moya y el resto de implicados-, y por parte del Departamento de Justicia de EU, exige “pruebas” -sin hablar de investigar- y se ampara en la bandera de la “soberanía nacional”, y cuando la denuncia es en contra de un “enemigo” político y se hace a través de un medio de comunicación, la respuesta es “que se investigue”.Usted, ¿qué opina?
