La Presidenta Claudia Sheinbaum prolongó ayer su actitud reactiva y a la zaga desde que a fines de abril estalló la bomba que le envió el Gobierno de Donald Trump, al pedir la detención de 10 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa, encabezados por el gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, por considerarlos narcopolíticos cómplices del Cártel de Sinaloa.No hubo una respuesta que demostrara querer tomar el control, al menos discursivo, en esta crisis que sigue tensando cada día más la relación bilateral México-Estados Unidos, con reclamos y advertencias constantes de funcionarios estadounidenses desde que el Departamento de Justicia pidió estas detenciones, que vinieron luego de las condenas del Gobierno de Sheinbaum al Gobierno de Chihuahua y la exigencia de explicaciones a la Embajada de Estados Unidos por la participación de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos en aquella Entidad del Norte de México.Desde Washington se endureció notablemente ese discurso durante toda la semana pasada, cuando llegaron severas críticas de la DEA y de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, por la postura de defensa de la soberanía y exigencia de pruebas para hacer las detenciones que piden. Para los sectores más radicales del Gobierno de Trump, esa posición solo refleja la defensa de quienes allá consideran líderes de organizaciones terroristas.Esa consideración no hará más que consolidarse en esos grupos, con las vagas respuestas que dio ayer por la entrega de dos ex secretarios del Gobierno de Sinaloa, y la defensa que por enésima vez hizo del gobernador con licencia Rocha Moya, al negar que el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) signifique que exista una investigación formal en su contra.La Presidenta comentó que se trataba de una “medida y bloqueo automático” por las relaciones que existen entre los bancos a lo que debe responder la UIF a petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto pese a todos los trascendidos que se han dado en el sentido de que hubo fuertes pugnas al interior de la UIF para evitar investigaciones y medidas contra Rocha Moya y compañía, y darles tiempo para hacer transacciones bancarias.Sobre la entrega de dos de los principales señalados, el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, que marcó un punto de inflexión en la cooperación bilateral, Sheinbaum se limitó a responder que descarta riesgos para su Gobierno o para su partido Morena, tras esas detenciones, al considerarla una decisión personal.Lo dicho, la Presidenta sigue atrapada en su laberinto, haciendo labores de equilibrista entre las presiones de Estados Unidos y de los grupos internos de Morena, que aunque no lo reconozca, sí constituyen riesgos para el país.
