Es muy probable que no esté enterado, pero el 1 de enero de 2027 arranca el Servicio Universal de Salud: con una credencial única, cualquier persona podrá atenderse en el IMSS o el ISSSTE sin importar a cuál esté afiliada, ni si cotiza en alguna. La primera etapa es para adultos mayores y personas con discapacidad. Al 25 de agosto el gobierno ya habla de casi 4 millones, de un universo que incluye a los 13.8 millones de adultos mayores que reciben la pensión del Bienestar. La meta final, gradual hasta 2030, es credencializar a 134 millones de personas. Es decir, a toda la población del país.Eso significaría que, a finales del gobierno de Claudia Sheinbaum, la totalidad de la población del país tendría acceso al sistema de salud. Sin importar si paga o no cuotas. Nadie se opondría a que más mexicanos reciban atención médica. La pregunta es con qué capacidad instalada y con qué dinero se financiará ese monumental gasto.Las personas sin seguridad social, unos 48 millones podrán acudir también a la red del IMSS y del ISSSTE, una red que se encuentra mucho mejor financiada gracias a las cuotas de los trabajadores y de las empresas: en el presupuesto 2027, el gasto público por persona es de 11,519 pesos en el IMSS y 13,857 en el ISSSTE, frente a los 5,523 en el IMSS-Bienestar.El primer problema es que la red IMSS-ISSSTE ya está en un punto crítico. El propio Programa Institucional del IMSS 2025-2030 documentó 156 unidades de medicina familiar saturadas, con más de 4,800 derechohabientes por consultorio, y 319,715 quejas por demoras o negativas de atención entre 2009 y 2024. En octubre, médicos del IMSS denunciaron consultas de especialidad que no podían durar más de 15 minutos, resonancias con esperas de hasta cuatro meses y múltiples renuncias de especialistas.El 27 de octubre, el propio instituto admitió fallas en cirugías, medicamentos y hospitales, y anunció un plan emergente de 120 días con 11,745 millones de pesos.El segundo problema es el dinero. El proyecto de presupuesto 2027 propone 1.14 billones de pesos para salud, 2.9% del PIB y 10.6% más en términos reales, con aumentos en el gasto por persona de 10.8% en el IMSS y 17.9% en el ISSSTE. Pero ese dinero está calculado para la población que ya atienden.El CIEP estima que 78% de los recursos adicionales se concentraría en quienes ya tienen seguridad social, y un análisis del presupuesto publicado en El Universal indica que el IMSS dejaría prácticamente sin cambio su gasto en medicamentos (-3.1% real) y recortaría 9.5% el de insumos.Del dinero para los nuevos millones de pacientes, nada está claro. Analistas advierten que el IMSS acabaría subsidiando con las cuotas obrero-patronales la atención a estos nuevos usuarios.Sumar millones de pacientes sin agregar más capacidad de atención no es “universalizar la salud”: es mover al sistema hacia el colapso. Lo más probable es que el sistema se siga degradando poco a poco: citas aún más lejanas, medicamentos que no llegan, personal agotado y quirófanos saturados.El 1ro de enero entraría en vigor un derecho que solo existe en el papel.En septiembre había 22 millones de trabajadores registrados en el IMSS, más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad. Los trabajadores formales y sus patrones pagan cuotas quincena a quincena. Si quien paga recibe el mismo servicio, de la misma calidad, que quien no paga nada, la pregunta es: ¿qué incentivo queda para mantenerse en la formalidad?Dirigentes sindicales ya advirtieron que las empresas podrían cuestionar el sentido de seguir pagando cuotas patronales sin garantía de un servicio oportuno, y analistas alertan que una “universalización” mal financiada terminará subsidiando a la informalidad.Es cierto que estar en la formalidad no solo otorga servicios médicos, también pensión, incapacidades, guarderías y crédito de vivienda. Pero no quita el hecho de que más y más trabajadores y empresas se estén cuestionando si tiene sentido continuar financiando un sistema de salud tan deficiente y que en lugar de mejorar, empeora.La salud universal es un gran objetivo que deberíamos perseguir como país. Pero se construye con mucho más dinero, camas, médicos, hospitales y reglas claras, no solo con repartir credenciales. Antes del 1 de enero, el gobierno debería aclarar públicamente cuántas personas se atenderán exactamente, de dónde saldrá el dinero para cubrir sus gastos y qué es lo que se le garantiza al trabajador que cotiza y que mantiene al Instituto.Mientras eso no se aclare, lo único que se universaliza el 1ro de enero no es la salud, sino la incertidumbre.
