Reavivar el episodio ocurrido en la Sierra Tarahumara hace casi seis meses, donde murieron en un accidente dos agentes de la CIA tras un operativo para desmantelar un laboratorio del Cártel de Sinaloa, le da sentido a la declaración del presidente Donald Trump del 15 de octubre en la Casa Blanca: las operaciones terrestres contra los cárteles de las drogas y, eventualmente, contra los políticos que los protegen ya comenzaron. No llegaron tropas marchando por la frontera, sino agentes de la CIA provenientes de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, con experiencia en las guerras contra Al Qaeda y el Estado Islámico en Afganistán, Irak, Siria o Libia.En este espacio publiqué el 21 de abril, dos días después del accidente, que la operación en la que habían participado se había realizado sin el conocimiento del Gobierno federal. Esto significaba que una parte importante del operativo había sido ejecutada de manera encubierta. El domingo 19 de abril solo había trascendido que habían muerto dos estadounidenses y, al día siguiente, Katarina Szulc, una periodista canadiense especializada en la cobertura de los cárteles mexicanos, reveló que los estadounidenses eran agentes de la CIA estacionados en Monterrey. Había una imprecisión relevante: no formaban parte de la oficina en la capital de Nuevo León, sino que habían ingresado a México de manera encubierta para reforzar esa operación.Aquel episodio volvió al centro de la atención pública el sábado pasado, cuando el ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido por la Fiscalía General, acusado de traición a la patria por no haber informado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como exige la Ley de Seguridad Nacional, sobre la cooperación en campo de agentes extranjeros. En medio del debate público sobre la dureza de la acusación, el martes se filtraron los nombres de los dos agentes fallecidos y sus antecedentes de servicio: Richard Leiter Johnson III, ex integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como boinas verdes, y John Dudley Black, capitán del Cuerpo de Marines. Ambos tenían experiencia en Afganistán.La revelación de los nombres tiene un significado importante, aunque no se pueden plantear posibles motivaciones porque se desconoce si la filtración provino de Washington, Chihuahua o la Ciudad de México. Las identidades solo trascendieron en México, lo que añade incertidumbre sobre el origen de la información y llama la atención. Hasta ahora, la CIA no ha fijado una postura oficial ni ha reconocido que Johnson y Black fueran sus agentes. La agencia ha reconocido públicamente, aunque con discreción, a 140 integrantes fallecidos durante su servicio, de los cuales 32 permanecen sin identificar.Los nombres de su personal están representados por estrellas en el Memorial Wall, un muro de mármol ubicado en la recepción del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, a unos 15 kilómetros de Washington. Solo en casos excepcionales “la compañía” ha informado rápidamente de la muerte de uno de sus agentes. Uno de esos casos ocurrió el 28 de noviembre de 2001, cuando el entonces director de la CIA, George Tenet, informó de la muerte de un agente ocurrida tres días antes, durante un levantamiento de prisioneros talibanes en Afganistán. Otro caso paradigmático fue el asesinato de Richard Welch, jefe de estación de la CIA en Grecia.El nombre de Welch y su cargo como jefe de la CIA en Grecia habían sido publicados en varios medios estadounidenses y europeos. Sin embargo, en noviembre de 1975, el periódico “Athens News”, que se editaba en la capital griega y ya no existe, y “Eleftherotypia”, un diario griego de izquierda que cerró en 2014, publicaron su dirección en Atenas. El 23 de diciembre de 1975, al regresar de una cena en la residencia del embajador, fue asesinado frente a su casa por la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, un grupo terrorista de extrema izquierda.Su muerte aceleró la aprobación de la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia de 1982, que tipificó como delito la revelación deliberada de determinadas identidades de agentes encubiertos, con el propósito de contener la difusión de sus nombres. Sin embargo, estas revelaciones no pudieron frenarse por completo. Tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley Patriota para combatir el terrorismo y los delitos financieros, que amplió las herramientas legales de las autoridades estadounidenses.La revelación de las identidades de los agentes que murieron en la Sierra Tarahumara tiene relevancia político-diplomática, sobre todo si la filtración provino de autoridades mexicanas, porque habría abierto un nuevo frente de tensión diplomática y, especialmente, de desconfianza por la ligereza con la que se abordan asuntos delicados que deberían mantenerse bajo estricta confidencialidad. De haber sido así, no se entendería el proceder de las autoridades mexicanas, pese a que, según han reconocido, fueron mantenidas al margen de la información sobre la participación de agentes de la CIA en territorio nacional.La Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento de los agentes ni había tramitado su acreditación o la delimitación territorial en la que trabajarían. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene registro de alguna autorización para que Johnson y Black pudieran ingresar a territorio mexicano con fines de intercambio de información. El Instituto Nacional de Migración reportó que no tenía información ni registros de entrada de los agentes fallecidos ni de los otros dos que participaron en la operación, cuyas identidades no se han revelado. El Centro Nacional de Inteligencia nunca se enteró de su presencia.El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, de acuerdo con fuentes de primera mano, tampoco fue informado de la participación de los agentes en los operativos de Chihuahua. Se trataría de un procedimiento para mantenerlo al margen de cualquier acusación de haber violado las leyes mexicanas. El diplomático se enteró de lo sucedido a raíz de la muerte de los agentes. No se sabe si, de no haber fallecido, la CIA le habría informado en algún momento de sus operaciones encubiertas en Chihuahua. Probablemente, el Gobierno mexicano tampoco se habría enterado de no haberse producido el accidente.Cualquiera que haya sido la fuente de la filtración, el mensaje que queda es claro: el Gobierno de Trump, como lo ha venido advirtiendo ante la inacción contra los cárteles y el entramado de protección e impunidad que, según los señalamientos del autor, crearon para ellos gobernadores de Morena y otros políticos, inició operaciones terrestres en México que no terminaron con el episodio de Chihuahua, sino que evidenciaron que lo que comenzó no se frenará.rrivapalacio2024@gmail.comX: @rivapa_oficial
